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El presunto cabecilla del grupo criminal investigado en el caso Coraza, identificado con los apellidos Araya Villalobos, quedó en libertad este jueves tras una resolución de un juez del Juzgado Penal de Liberia. El supuesto líder criminal descontaba prisión preventiva desde julio de 2024.
Ese despacho ordenó que Araya debe mantener domicilio fijo, firmar una vez a la semana en el Juzgado Penal de San Ramón e impedimento de salida del país.
Esta decisión se suma a otras del mismo despacho, ya que, en marzo de este año, el mismo juzgador, de apellidos Mora Guevara, ya había dictado cambios de medida cautelar para otros tres imputados: Sáenz Álvarez, Brenes Gómez y Mairena Alvarado, quienes obtuvieron arresto domiciliario a cambio de ofrecer garantías inmobiliarias.
La Nación consultó al Juzgado Penal de Liberia sobre los fundamentos de esta decisión y respondieron que “se consideró que resguardan los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que le son inherentes a la naturaleza procesal de las medidas cautelares”.
También se le preguntó a la Fiscalía si había apelado la resolución, pero al cierre de esta nota respondieron que consulta estaba en trámite.
Vínculos con grupos mexicanos y M1
La investigación de este caso que se tramita bajo el expediente 22-000251-396-PE, señala que Araya Villalobos era el presunto cabecilla de la organización y le atribuye vínculos con grupos criminales mexicanos, así como con la agrupación denominada M1, desarticulada años atrás por la Unidad del Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El caso Coraza salió a la luz en julio del 2024, cuando el OIJ ejecutó 29 allanamientos en Guanacaste y Alajuela que culminaron con la detención de 14 personas, entre ellas dos oficiales de la Fuerza Pública y el gerente de seguridad del Hotel Punta Islita. A todos se les investigó por tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, facilitación de pistas clandestinas, asociación ilícita y portación ilícita de armas.
La organización, presuntamente, operaba desde el 2020 y se encargaba de movilizar cargamentos de cocaína provenientes de Colombia. La droga se almacenaba temporalmente para luego trasladarla a Bagaces, la península de Nicoya y Upala, desde donde la enviaban vía aérea hacia Estados Unidos y México, utilizando pistas clandestinas e incluso el aeródromo del Hotel Punta Islita.
