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Dos sedes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cuatro viviendas fueron allanadas este jueves como parte de una investigación por la presunta eliminación de pruebas electrónicas del caso Barrenador, relacionado con la contratación de cooperativas de salud para administrar 138 Ebáis.
Los seis allanamientos fueron ejecutados por agentes del Organismo de Investigación Judicial, en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en propiedades privadas en Goicoechea, Mata de Plátano, Barrio México y Tarbaca; así como el Centro Corporativo Internacional y en el Edificio Laureano Echandi.
Una de las casas visitadas es la de un asesor de la Gerencia Médica de apellidos Herrera Barquero, quien había colaborado “en la elaboración de un análisis que recomendó adjudicar la licitación a las cooperativas que presentaron ofertas con precios excesivos“, informó el Ministerio Público.
También se allanaron las propiedades de dos técnicos en Tecnologías de Información (TI) apellidados Villagra Obando y Céspedes López.
Las diligencias buscan recabar pruebas en dispositivos electrónicos y no estaba previsto que hubiese detenciones. Se persiguen los presuntos delitos de favorecimiento real, sabotaje informático y facilitación del delito informático bajo el expediente 24-028102-0042-PE.
En un breve comunicado, la CCSS informó que, en relación con los allanamientos, colaboraba de manera "plena y transparente con las autoridades judiciales competentes", brindando toda la información y el apoyo necesarios para el desarrollo de las diligencias.
El caso se vincula con presuntas irregularidades y sobreprecios en las adjudicaciones de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana, durante 10 años, por un monto de ¢471.000 millones.
Según la investigación del OIJ, se determinó que el 23 de setiembre de 2024, mientras se desarrollaban 28 allanamientos del caso Barrenador —donde fue detenida la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, junto a otros directivos—, se eliminaron al menos 300 correos electrónicos y cuatro archivos de One Drive pertenecientes a un imputado.
Randall Zúñiga, director del OIJ, detalló que, ese día, un juez había ordenado desactivar las cuentas institucionales de varios investigados para evitar que se manipulara la información.
Sin embargo, pese a la medida, la investigación señala que el asesor apellidado Herrera, estando de vacaciones, habría contactado a los técnicos para acceder a su correo electrónico.
El OIJ reconstruyó la secuencia de hechos:
- Lunes 23 de setiembre, 7:50 a. m.: agentes judiciales llegaron a la Dirección de Informática de la CCSS. Por orden de un juez, solicitaron que se desactivaran cuentas de correo institucionales pertenecientes a directivos detenidos ese día, con el objetivo de evitar que sus titulares tuvieran acceso a dicha información. La medida tenía como propósito salvaguardar el contenido de esas comunicaciones.
- Miércoles 25 de setiembre, 8:30 a. m.: se completó la descarga de la información de los correos institucionales. Como parte del protocolo, se contaba con registros fotográficos que detallaban la cantidad de información que debía ser extraída. Sin embargo, al comparar los datos descargados con los registros originales, se detectó la desaparición de 300 correos electrónicos y cuatro archivos de la cuenta de uno de los imputados (Herrera).
El OIJ señaló que esta eliminación de pruebas electrónicas es ahora parte de la investigación judicial en curso y podría constituir una agravante en la causa penal por presunto encubrimiento o manipulación de evidencia.
Por su parte, el fiscal adjunto II de Probidad, Miguel Ramírez, explicó que el Ministerio Público maneja una amplia cantidad de hipótesis, que buscarán aclarar con la prueba recabada este jueves.
De acuerdo con el fiscal, se analizarán los motivos por los cuales los documentos fueron eliminados, si existió una orden superior, así como la posible relación entre los archivos, la causa y los imputados. Por el momento, explicó, la investigación no se dirige específicamente contra una persona, pues eso lo definirán los elementos probatorios.
Aunque no se descarta la posibilidad de que el material haya sido eliminado por error, la coincidencia de fechas y los avances tecnológicos reducen esa hipótesis.
“Hoy la prueba digital tiene que estar en los sistemas; eso no puede ser un mundo de manipulación fácil para un funcionario público”, dijo Ramírez, quien agregó que la trazabilidad que hoy permiten los sistemas asegura que ningún funcionario público esté exento de ser individualizado.
Al final de las diligencias, a los tres imputados se les entregó una citación para que se presentaran a la Fiscalía para que rindieran declaración indagatoria.
Dichas indagatorias concluyeron pasado el mediodía y no fue necesario solicitar medidas cautelares, agregó el ente fiscal.
Rechazo de medida cautelar e inmunidad
El pasado miércoles 27 de agosto se dio a conocer que el Tribunal Contencioso Administrativo de Hacienda rechazó una solicitud de medida cautelar que buscaba anular la adjudicación otorgada a cooperativas vinculadas con el caso Barrenador.
La petición de medida cautelar, presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), alegaba que existieron irregularidades en la contratación y que los sobreprecios pagados afectarían directamente a los asegurados.
Según explicó Ramírez, fiscal adjunto, la decisión del Tribunal no afecta en lo absoluto el proceso penal, ya que son materias completamente independientes.
Asimismo, consultado sobre la posibilidad de que imputados en la causa adquieran inmunidad a través de un puesto de elección popular, el fiscal aclaró que las pesquisas no se verían comprometidas ni se paralizarían.
En caso de que un imputado adquiera inmunidad, la investigación pasaría a manos de la Fiscalía General, sin que eso comprometa las diligencias.
