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Después de varias semanas de valorar si continuaría al frente del Ministerio Público, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, anunció su intención de mantenerse cuatro años más en el cargo.
En entrevista con La Nación, este martes 22 de setiembre, el fiscal contó que basó su decisión principalmente en el apoyo de su familia, a quienes describió como valientes por soportar el peso que implica su puesto.
Tiene múltiples planes en mente, entre los cuales cita continuar trabajando en proyectos para mejorar el Ministerio Público y dar continuidad a iniciativas que ya están en marcha.
A su juicio, tiene pendiente continuar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, objetivos a los que dará seguimiento en caso de un eventual segundo periodo.
Díaz incorporó entre sus prioridades la defensa de la independencia del Ministerio Público, una postura que, según dijo, ha asumido en los últimos cuatro años y lo ha convertido en blanco de ataques que, según estima, han sido personales.
Han intentado callarlo, dice, y continúa explicando que su puesto conlleva una enorme responsabilidad, pues, en caso de llegar una figura afín al oficialismo, podría utilizarse como una vía de persecución penal o, por el contrario, una vía para dejar de investigar a quienes se quiera proteger.
De cara a la elección del Fiscal General, Días celebró el golpe a estructuras criminales que, según su valoración, han culminado con la captura de cabecillas de renombre, como la de Alejandro Arias, alias Diablo.
También destacó los operativos contra la organización comandada por el extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y el Cartel del Caribe Sur, liderado por Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, y Luis Manuel Picado, alias Shock, ambos a la espera de su extradición a Estados Unidos.
Precisamente, el actual fiscal sostiene que la reforma constitucional que avaló la extradición de nacionales se convirtió en una herramienta importante para la lucha contra el narcotráfico y, por ello, coloca entre sus prioridades en una eventual reelección mantener una estrecha cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Esa relación entra ahora en una segunda fase, con la mira en capturar a narcotraficantes que llama “invisibles”, entre ellos empresarios y funcionarios públicos con poder de decisión.
– ¿Cuáles fueron las valoraciones que usted hizo para decidir que quiere permanecer en el cargo?
– En primer término, lo familiar, lo conversé con mi familia y ellos me apoyaban. La familia también tiene un peso importante porque ellos sufren todo lo que uno sufre.
“Posteriormente, ya en lo profesional, nosotros tenemos proyectos estratégicos que estamos desarrollando. Igualmente, continuar con la lucha contra el crimen organizado y la corrupción y atacar el narcotráfico. El Ministerio Público ha venido, al igual que el OIJ, con una política de atacar las principales organizaciones delictivas de ese país y creo que eso ha sido bastante visible.
“Incluso, hemos logrado la captura, por ejemplo, de alias Diablo, que, aunque es una captura, representa un icono para nuestra justicia de lo que estamos haciendo, sobre todo porque la marca Diablo, entre comillas, representaba en nuestro país una actividad criminal bastante fuerte. Incluso algunos otros grupos que no tenían relación con él utilizaban esa marca para posicionarse en algunos lugares.
“(...) Y, por supuesto, creo que una de las principales motivaciones mías es continuar el trabajo con la DEA. A mí me satisfacen mucho los resultados que hemos obtenido en muy poco tiempo.
“Esto viene prácticamente desde setiembre del 2024, cuando tuve la primera reunión con la administradora de la DEA. Ahí se pusieron prácticamente tres objetivos de persecución y los tres objetivos se cumplieron en menos de dos años.
“La primera fase está prácticamente concluida, que era atacar a ciertos líderes, a ciertos narcotraficantes que tienen influencia en nuestro país e influencia internacional. Y ahora viene lo que llamamos la segunda fase.
“Esta fase va a involucrar a lo que llamamos narcotraficantes invisibles, que son personas que en nuestro país aparentemente mantienen sus negocios lícitos, pero que en realidad el origen de todos esos negocios y todo ese capital es el narcotráfico. Y son personas de alguna manera de renombre y de influencia y que también tienen muchos contactos en las instituciones”.
– ¿Usted considera que los ataques o críticas que provienen del Ejecutivo son personales, hacia la figura de Carlos Díaz y no a la figura del fiscal general?
– Sí. No por lo que yo represento, sino por la lucha que yo he dado. ¿Y cuál es esa lucha o con qué estoy luchando? Por la independencia del Ministerio Público inicialmente y, posteriormente, la independencia del Poder Judicial. Y creo que esto se ha ido ampliando. Ahora ya no es solo la independencia del Ministerio Público, el Poder Judicial, sino el respeto a la división de poderes y al sistema democrático.
Recientemente, ustedes ven que hasta me pretenden callar, mandan oficios para que me investiguen por las manifestaciones, entre comillas, políticas que yo he dado, y no son manifestaciones políticas, son manifestaciones más bien democráticas, propias de un sistema democrático, en defensa de la democracia. Entonces, de alguna manera, ellos han tratado de personalizar esto.
– ¿Por qué?
– Porque si tienen el control de la persona que está en el puesto de fiscal general, prácticamente lo tienen todo. (...) Porque con el fiscal ya dejarían de investigar a quienes ellos quieren que no se investigue o también utilizan la vía de la persecución penal para quien ellos también quieren perseguir, que ya lo han hecho en las dos vías.
“Entonces, por supuesto que (quieren) una persona afín a ellos que yo no represento”.
– Don Carlo, si usted lo reeligen, su gestión concluiría casi al mismo tiempo que la Administración de Laura Fernández. ¿Sentiría como un desgaste suyo saber que las causas penales contra los miembros de supremos poderes prácticamente no avanzarían?, porque no tendrían respaldo en el Congreso, cuando se pida el levantamiento del fuero?
– Vea, suena a veces hasta conformista; estamos acostumbrados a eso. El proceso penal en algunos momentos y, pese a lo que nosotros hacemos, en algunas ocasiones no avanza; pero llegará, llegará el momento en que esto podamos juzgarlo como lo estamos solicitando.
– Una revisión de expedientes judiciales evidencia la participación de funcionarios públicos en casos de corrupción como Azteca y Cochinilla e innumerables expedientes de narcotráfico. Eso significa una reconfiguración a nivel de las fiscalías para poder enfrentar más lo que tiene que ver con corrupción específicamente de funcionarios públicos.
– Sí. Nosotros también venimos trabajando con los funcionarios públicos, por supuesto. En algunas de las investigaciones, ya ustedes lo han visto, salen siempre funcionarios públicos colaborando con los narcotraficantes.
Eso es lo que pretendemos también nosotros atacar. Importantísimo sería ampliar el catálogo de delitos por los cuales se pueda también extraditar a una persona (como homicidios, actos de corrupción, trata y tráfico de personas, trasiego de órganos y legitimación de capitales).
– La Fiscalía específica para atender temas que involucran a funcionarios públicos, ¿está dando abasto? ¿O ustedes tienen que hacer una reconfiguración?
– Vea, ninguna fiscalía da abasto. O sea, nosotros y, lastimosamente, aquí puede tocarme el tema del presupuesto, estamos funcionando con un déficit de personal en todos los aspectos. En el Ministerio Público, si no me equivoco, son más de 200 plazas las que hacen falta entre técnicos y fiscales.
“Una fiscalía, por ejemplo, legitimación de capitales, tiene siete personas; es una fiscalía sin músculo. Funciona prácticamente por el esfuerzo y el empeño que tienen los funcionarios, pero siete personas para la cantidad de lavado de dinero que hay ahora en nuestro país es para atacar lo más relevante, nada más.
“Anda por ahí también, siete u ocho personas en cibercrimen, que ahora nos tiene abarrotados el delito de las estafas informáticas, que es prácticamente la mitad circulante del país. (...) En la Fiscalía de Probidad, Transferencia y Anticorrupción hay más personal, pero igual no basta”.
– Si se ejecutan los recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo para el 2027 (que rondan los ¢11.000 millones en el Poder Judicial), ¿ya tiene la Fiscalía un plan B de cómo maximizar recursos?
– No. El próximo lunes vamos a tener un consejo fiscal de emergencia para exponerle a los jefes de todas las oficinas la posible situación y ni siquiera se van a plantear las posibles soluciones. Creo que eso lo vamos a dejar hasta última hora.
“Por supuesto que vamos a convocar una conferencia de prensa y le vamos a decir a la ciudadanía, estos casos ya no los vamos a tramitar. ¿Cuáles serían? Estafas informáticas, estafas, administraciones fraudulentas, contrabando, defraudaciones fiscales; todo lo económico ya no sería la prioridad en este país.
“La prioridad ahora sería, con lo que nos queda, contener la criminalidad violenta y el narcotráfico. Y tratar de sostener la lucha contra el narco, pero va a ser imposible. Nada más”.
