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Un niño de apenas 11 años pagó con uno de sus ojos el precio de la violencia que ejercen los principales grupos criminales de la ciudadela La Carpio, en el distrito de Uruca, San José.
Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2026 en las inmediaciones del sitio conocido como La Primera Parada, en La Carpio, cuando un hombre de apellidos Castro Cortez y un menor de edad, quienes presuntamente pertenecen a una banda de la zona, habrían iniciado una balacera. Producto del ataque indiscriminado, un menor de 11 años sufrió la pérdida de un ojo a causa de fragmentos de vidrio.
El juicio contra Castro Cortez está programado para el 1.° de setiembre en los Tribunales de San José y estará a cargo de la Fiscalía Adjunta de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (Fanna).
De acuerdo con la investigación, el imputado, quien reporta como oficio barbero y el menor, a quien se le sigue una causa aparte, habrían accionado armas de fuego contra varias casas y locales. Para ese momento, el niño afectado estaba con un familiar, quien hacía labores de limpieza en una soda.
El tiroteo estaría relacionado con disputas entre bandas de La Carpio que ya han sido mencionadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en otros casos, como Los Cucas, Los Picudos, Los Care Buey y Los Momos. Presuntamente, el barbero y el menor serían integrantes del grupo Los Cucas.
Según la pesquisa, los sujetos abrieron fuego de manera indiscriminada contra viviendas y comercios, lo que puso en riesgo la vida de varias personas que se alistaban para ir a trabajar, ya que el hecho ocurrió muy temprano en la mañana.
Una de las balas impactó una ventana y los restos de vidrio dañaron un ojo del niño, lo que le provocó la pérdida total pese a que fue atendido de manera rápida en el Hospital México.
Castro Cortez enfrentará el juicio por el delito de homicidio en grado de tentativa y actualmente permanece en prisión preventiva, mientras que el debate contra el menor se mantiene en desarrollo.
Víctimas invisibilizadas
La criminóloga Tania Molina explicó a La Nación que casos como el de este niño reflejan un fenómeno poco documentado en el país. “Las víctimas colaterales no tienen nombre público, se invisibilizan. El sistema de información sobre violencia en Costa Rica registró 85 víctimas colaterales en 2025, pero nunca construyen el relato humano detrás de ese número”, afirmó.
Según Molina, el debate público sobre seguridad se centra en tasas, operativos y capturas, pero deja de lado el impacto físico y psicológico que enfrentan niños como este, así como el costo que asumen sus familias en cirugías y rehabilitación.
La especialista sostuvo que estos hechos obligan a hacer preguntas incómodas sobre el control territorial del crimen organizado. “Si las balas que hieren a ese niño salen de una disputa de narcotráfico en su barrio, la pregunta que sigue es: ¿Cómo llegó el narcotráfico a ese barrio antes que el Estado?”, cuestionó.
Molina agregó que el costo de atención médica que asume la Caja Costarricense de Seguro Social tampoco se contabiliza dentro del debate de seguridad, lo que mantiene invisible el verdadero costo humano y económico de la violencia.
Para la criminóloga, las víctimas colaterales son “el indicador más honesto del grado de control territorial que tiene el crimen organizado en un espacio”. Consideró que la pérdida del ojo del niño no fue un hecho impredecible, sino consecuencia de un territorio desprotegido por el Estado durante años.
Molina advirtió, además, que el daño no termina con la cirugía, ya que el niño crecerá en un entorno donde el crimen organizado sigue presente y donde el reclutamiento de menores para sicariato suele iniciar antes de los 13 años.
La especialista propuso la creación de un registro público de víctimas colaterales, con nombre, historia y seguimiento del costo de atención médica y rehabilitación, como una forma de rendición de cuentas del Estado ante este tipo de hechos violentos.
Al juicio de la próxima semana acudirán como testigos el familiar que estaba con el niño el día de la balacera, así como los agentes del OIJ a cargo de las pesquisas.
