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“Pídale mucho a Dios que esto se haga”, habría dicho un pastor evangélico en una llamada telefónica, cuando caía la tarde del 1.° de marzo del 2022, poco antes de ingresar a un predio remoto de la zona sur del país, con el objetivo de recibir, en apariencia, un alijo de droga proveniente de Colombia.
“Ya voy para adentro”, anunció.
Ese episodio es uno de los cuatro supuestos movimientos de droga que, según la acusación del Caso Altamar, permitirían reconstruir el papel que el pastor Luis David Cortés Franco, de 44 años, habría desempeñado dentro de una estructura criminal afincada en Golfito y que, en apariencia, operaba bajo su comando.
Por este caso, junto al pastor, 14 imputados más están en juicio desde abril de este año por presunto narcotráfico internacional y legitimación de capitales en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), mientras que otros supuestos implicados figuran como imputados en causas aparte.
El Ministerio Público atribuye al líder religioso, detenido desde el 31 de enero del 2023, un papel central en la coordinación logística del trasiego de cocaína y marihuana. Las pesquisas señalan que habría mantenido contacto con narcotraficantes en el extranjero, planificado movimientos de embarcaciones y girado instrucciones a otros integrantes de la estructura para concretar la recepción de la droga.
Ese supuesto control también habría alcanzado las labores de vigilancia, pues el legajo señala que Cortés tenía acceso a información sobre los movimientos de un avión del Servicio Nacional de Guardacostas y de una aeronave de inteligencia de Estados Unidos. Con esos datos, según la investigación, habría coordinado vigilancias sobre embarcaciones de las autoridades para proteger los alijos.
A esa logística se suma la preparación de una pista clandestina ubicada cerca de la laguna de Sierpe, que habría acondicionado para facilitar las operaciones de la organización y enviar la droga hacia un destino que no se logró determinar.
Se presume que el pastor también coordinó otros aspectos de la operación, como el hospedaje de allegados de la organización y el supuesto ingreso irregular de personas al país.
El sujeto, a quien los miembros de la congregación religiosa veían vestido de traje entero, habría recurrido a un círculo de personas de confianza. Entre ellas estaba su esposa, una exdirigente comunal de apellidos Beita Chacón, alias la Tía, a quien la Fiscalía ubica como una de sus manos derechas.
El expediente menciona, además, a varios sujetos que, en apariencia, estarían vinculados con la estructura criminal, entre ellos un oficial de Guardacostas, así como al menos tres parejas sentimentales más de Cortés, de apellidos Méndez Dinarte, Villegas Álvarez y Porras Villeda.
Según las pesquisas, algunas de estas mujeres habrían tenido distintos grados de participación, desde labores de comunicación y vigilancia hasta legitimar dinero o alertar al pastor sobre posibles operaciones policiales.
Por ejemplo, una de ellas, de apellido Porras, trabajaba en una sede regional del Banco Nacional y, de acuerdo con la acusación, habría utilizado dinero estatal para financiar supuestas operaciones ilícitas de Cortés. Villegas, por otro lado, se habría encargado, por orden del cabecilla, de la logística de comunicación dentro del grupo.
‘Todos dependen de lo que yo les informe’
El expediente del Caso Altamar no tiene detalles de cómo llegó el pastor colombiano a Costa Rica, ni por qué vueltas del destino decidió afincarse en Golfito, en el Pacífico sur costarricense.
Solo se sabe que ingresó con un carné provisional de refugiado hace ya varios lustros, pues en octubre del 2011, cuando tenía 29 años, se casó con una tica que era 20 años mayor que él: Beita Chacón.
La mujer, oriunda de Golfito, había quedado viuda de su primer esposo cuatro meses antes.
Desde Golfito, según el expediente, el pastor vigilaba “con el dedo en el reglón”, como él mismo decía, el movimiento de las embarcaciones que en apariencia transportaban droga desde Valle del Cauca y del puerto de Buenaventura, en Colombia. La mayor parte de esos traslados se habrían concretado por Sierpe y bahía Drake, en el cantón de Osa, según la Fiscalía.
El legajo documenta cuatro episodios frustrados por las autoridades que, mediante labores de vigilancia e intervenciones telefónicas, habrían permitido determinar la supuesta participación del pastor y hasta los momentos de tensión que vivió a la espera de los cargamentos.
El primero ocurrió el 21 de enero del 2022, cuando el Servicio Nacional de Guardacostas detuvo una embarcación cerca de punta Llorona con 1.624 kilos de marihuana y 40 kilos de cocaína.
“Tengo compromisos de alta gama, a la gallada le cayó el pájaro anoche”, manifestó entonces Cortés en una llamada a una de sus mujeres.
Semanas después, el 1.° de marzo, otra de sus parejas, Porras Villeda, lo habría alertado de que, mientras el sujeto ingresaba a una zona remota para recibir la droga, alguien los había “campaneado”. Al día siguiente, el pastor se enteró de que el Servicio Aeronaval de Panamá había interceptado el navío.
Meses después, el 4 de agosto, esa misma autoridad panameña decomisó 609 paquetes de cocaína vinculados con el grupo. Según las pesquisas, entre otras cosas, Cortés se habría encargado de preparar la embarcación y de negociar la compra de los motores.
El cuarto episodio ocurrió el 19 de diciembre de ese mismo año, cuando cayó un cargamento de 1.625 kilos de marihuana y cinco kilos de cocaína.
Ese día, Cortés habría recibido información de que el navío se había quedado sin combustible en altamar, y habría dado instrucciones para vigilar los movimientos de Guardacostas, mientras intentaba resolver el asunto.
“Van para afuera, sí, estaban aquí, pero van saliendo ya (las embarcaciones de Guardacostas)”, le habría informado un imputado de apellidos Rivera Villegas, a quien Cortés le habría encomendado esas labores de vigilancia.
“Se queda ahí y toma el video, para yo moverme de aquí, pero para ayer”, habría ordenado Cortés ese mismo día.
Más tarde, mientras esperaba noticias sobre la embarcación, el pastor presuntamente conversó por teléfono con una de sus parejas, de apellidos Méndez Dinarte: “Los men están botados ahí afuera y todos dependen de lo que yo les informe, de lo que yo les diga. (...) No sabemos qué ha pasado con ellos porque el pájaro ya se metió, pero diay, estamos viendo a ver”.
Durante una conversación con Villegas, otra de sus mujeres, el líder religioso se enteró de que el navío fue interceptado a 124 kilómetros de cabo Matapalo. “Pucha, tanta logística y tanta vaina para que esos payasos se quedaran sin agua (gasolina). (...) Sí, esa era, esa era. Esos hijueputas se quedaron botados por idiotas”, aseveró en apariencia el pastor a esa misma mujer.
Reunión con ‘aviador’
Aunque el legajo no documenta explícitamente el uso de las supuestas pistas clandestinas, sí señala que el pastor habría coordinado la preparación de al menos una situada cerca de la laguna Sierpe con maquinaria pesada, en alianza con dos supuestos integrantes de apellidos Badilla Herrera y González Córdoba.
Su esposa, Beita Chacón, también habría recorrido ferreterías en busca de hasta un kilómetro de cable para, según las autoridades, iluminar el sitio. Cortés también se habría reunido con un “aviador” que, según las pesquisas, estaba relacionado con las operaciones aéreas del grupo. En una llamada, el pastor habría mencionado incluso estar en “la vuelta aérea”, expresión que la Fiscalía vincula con un supuesto trasiego de droga por esa vía.
Entre sus andanzas y supuestas coordinaciones, las pesquisas captaron a Cortés Franco afirmando vivir “al borde de la navaja”, e incluso relatando que había tenido que enfrentarse con las autoridades. Estas manifestaciones son parte de los elementos en los que la Fiscalía sustenta el perfil “peligroso” que le atribuye a este sujeto.
Presuntamente, Cortés dijo estar preparado para ofrecer una mordida o actuar en caso de que la Policía interfiriera con sus operaciones.
“No hay de otra”, le habría manifestado a una de sus mujeres.
“A la cárcel, Dios me libre volver”, expresó seis meses antes de su detención.
Y justo en la cárcel, el 28 de octubre del 2024, se divorció. Sin embargo, Beita y el pastor han vuelto a verse, esta vez en la misma fila de los acusados, en el tribunal penal de San José.
