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Corrían las 5:30 de la tarde del 16 de febrero de 2009 cuando una noticia sacudió al fútbol nacional: Adrián Castro, presidente de Puntarenas FC, había sido víctima de un sicario a bordo de una motocicleta.
El dirigente, fundador del proyecto futbolístico junto a quien luego sería el máximo dirigente del fútbol nacional y condenado en el caso FIFA Gate, Eduardo Li, murió dentro del pick up Mitsubishi L-200, negro, que conducía, producto de dos impactos de bala.
17 años pasaron ya sin que hasta el momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) haya reportado la detención de algún sospechoso vinculado con el primer asesinato de un directivo del fútbol local.
Ese caso no fue el único en la historia reciente. Diez años después, en setiembre de 2019, otro alto dirigente del balompié tico corrió la misma suerte: Marcelo Torres, vicepresidente del entonces equipo de primera división La U Universitarios.
Torres fue emboscado por pistoleros en el parqueo del centro comercial Terramall, en San Diego de la Unión el 29 de aquel mes, luego de un partido entre los académicos y el Cartaginés. El hombre falleció el 27 de octubre en el Hospital Calderón Guardia, producto de una herida de bala en la cabeza.
Reportes de prensa de ese momento, con base en informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), vincularon al ofendido, de origen colombiano, con una organización que transportaba cocaína de Colombia hacia Guatemala.
Al igual que en el caso del directivo porteño, hasta el momento la Policía Judicial sigue sin resolver el asesinato, ni se ha oficializado un móvil para estos crímenes. No obstante, los informes policiales ya fueron enviados a las Fiscalías de Puntarenas y La Unión, según confirmó el OIJ.
La Nación solicitó al Ministerio Público una actualización de las causas, pero respondieron que, por estar en el cierre colectivo de Semana Santa, será hasta después del 6 de abril cuando se brinden respuestas.
El fin de semana anterior se registró un nuevo hecho que tuvo como víctima a un cabecilla de equipo de fútbol, esta vez fue Andrey Castro Bonilla, presidente del Municipal Puntarenas de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), quien fue asesinado junto a otros dos hombres en una finca en San Mateo de Alajuela.
En este último caso, la Policía Judicial estableció como principal hipótesis del triple asesinato un ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico. Castro Bonilla presidía varias sociedades dueñas de negocios como un gimnasio, un restaurante y el propio cuadro chuchequero.
Sin controles
Los cuestionamientos sobre el posible ingreso del dinero sucio o de personas con posibles vínculos dudosos no es nada nuevo en el fútbol de nuestro país.
Ya en el expediente de extradición del exmagistrado Celso Gamboa, se mencionó que el club de segunda división Limón Black Star FC supuestamente era usado para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas.
A eso se suman los casos de Guanacasteca y Santos de Guápiles, cuadros que perdieron su licencia de competición por dudas sobre el financiamiento y administración, tal y como lo revelaron sendas publicaciones del periodista Esteban Valverde, redactor de este diario.
En el caso del Municipal Puntarenas, La Nación consultó a Juan Carlos Román, máximo dirigente de Linafa, por los controles que se ejercen en esa liga para evitar el ingreso de activos, dinero o personas con actividades sospechosas.
La respuesta fue tan corta como contundente: no es posible. El motivo: por disposición del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), a ninguno de los 30 equipos de esa categoría se les exige personería jurídica.
Eso quiere decir que cualquier persona o grupo de personas puede organizarse e inscribir un equipo sin rendir cuentas sobre sus recursos o financiamiento, tal cual ocurre en los barrios en todo el territorio nacional.
Román admitió que Castro Bonilla era un desconocido para Linafa, al menos de manera oficial. “Él no está inscrito en absolutamente nada de Linafa. Nosotros nunca tuvimos comunicación con él”, dijo. Quien figura como presidente del equipo ante la liga es el entrenador, no Castro Bonilla, pese a que de manera informal era señalado como el dueño del club.
Román reconoció que Linafa sospecha de casos de financiamiento irregular en la categoría, pero admitió que no tienen herramientas para probarlo, ni para impedirlo. “Uno más o menos sabe, pero es muy jodido meterse en ese ámbito, es un poco delicado”, dijo. Indicó que llevan cerca de diez años sin poder exigir libros contables a los equipos, precisamente porque el Icoder les quitó la facultad de requerir personería jurídica.
Como salida parcial, Román anunció que a partir de este año se les pedirá a los equipos que avancen a octavos de final que tramiten voluntariamente su personería jurídica, lo que permitiría a Linafa solicitar más requisitos. Sin embargo, reconoció que el proceso ante el Icoder puede tardar más de cuatro meses, lo que dificulta su aplicación práctica.
Controles en la Fedefut
El panorama es diferente en el fútbol profesional. Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefut), explicó que desde setiembre del 2023 la institución fortaleció su Comité de Licencias con herramientas para detectar capitales sospechosos en los clubes de primera y segunda división.
Entre los requisitos que hoy deben cumplir los clubes profesionales figuran la presentación anual de estados financieros auditados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la identificación del beneficiario final de cada club hasta la última persona física, declaraciones juradas sobre el origen lícito de los fondos, un formulario de verificación “Conozca a su cliente” (KYC) y un informe de un Contador Público Autorizado que certifique la procedencia de los recursos.
Además, ninguna persona, grupo familiar o grupo de interés económico puede controlar directa o indirectamente más de un club en la misma categoría. Como muestra del funcionamiento de controles, Araya destacó que el año pasado la Fedefut canceló la licencia a cuatro clubes profesionales por información financiera insuficiente o defectuosa.
No obstante, ese marco regulatorio no aplica para el fútbol aficionado, donde operaba el Municipal Puntarenas. Araya indicó que se está desarrollando un modelo de licencias para esa categoría, del que este año se ejecuta apenas un plan piloto en el fútbol femenino.
Es decir, que mientras el fútbol profesional avanza hacia mayores exigencias de transparencia, la segunda B sigue siendo terreno fértil donde, como admitió el propio Román, cualquiera puede llegar, poner dinero y manejar un equipo sin que nadie pregunte de dónde viene.
