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El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, advirtió de que la falta de inversión estatal en seguridad causó un grave deterioro de la Fuerza Pública, situación que deja a las comunidades prácticamente “amarradas de manos” frente al avance del narcotráfico y la escalada de violencia.
El jerarca municipal insistió en que la seguridad ciudadana es competencia del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras instancias, pero reprochó que no se le asignen los recursos necesarios.
“Mientras el gobierno de la República y la Asamblea Legislativa no fortalezcan los recursos de la seguridad pública, del OIJ, del Ministerio Público, en realidad aquí vamos a estar amarrados de manos frente al narcotráfico”, finalizó Redondo.
Redondo afirmó que Cartago ha asumido responsabilidades que no le corresponden, ante la debilidad económica de la policía nacional. Según detalló, la municipalidad destina cerca de ¢25 millones anuales para reparar patrullas de la Fuerza Pública, donó un inmueble valorado en unos ¢300 millones para un centro de control de drogas y ha invertido en cámaras, alarmas comunitarias y el fortalecimiento de su centro de monitoreo.
Sin embargo, subrayó que esas acciones no sustituyen el papel del Estado. “No puede ser que tengamos 13.000 policías cuando deberíamos tener 19.000. No puede ser que las patrullas de la Fuerza Pública estén varadas en su inmensa mayoría, ni que las delegaciones estén con órdenes sanitarias”, reclamó el alcalde.
Hace pocos días, se confirmó que el Ministerio de Hacienda se negó a habilitar, durante el primer trimestre del año en curso, la ejecución de ¢8.689 millones incluidos en el Presupuesto Nacional 2026 para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, pese a que dichos fondos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.
