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Parecían empresarios exitosos. Tenían un aserradero, operaban cuatro tiendas de celulares en el centro de Pérez Zeledón y además una compra y venta de vehículos.
También tuvieron una farmacia, que ya cerró, y hasta finos caballos para competencia, aparte de organizar subastas de ganado gracias a que tenían decenas y decenas de reses.
Sin embargo, detrás de la fachada de éxito comercial, se ocultaba una presunta red criminal que movía droga desde Sudamérica, lavaba dinero a través de negocios legales y contaba incluso con funcionarios públicos infiltrados.
Este martes; sin embargo, esa estructura se derrumbó gracias a un amplio operativo denominado Operación Pana dirigido por la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Más de 400 agentes participaron en la intervención simultánea de propiedades, comercios y fincas en Pérez Zeledón y otras zonas del sur del país. Fueron 22 allanamientos en sitios como Puerto Jiménez, Buenos Aires y Pérez Zeledón para aprehender a nueve personas.
El caso dio un giro adicional al confirmarse que la organización también contaba con colaboradores dentro de las propias autoridades, indicó Randall Zúñiga, director del OIJ.
Una agente del OIJ fue detenida por supuestamente realizar consultas indebidas en sistemas informáticos judiciales para alertar al grupo de actividades cercanas a la estructura.
Asimismo, un jefe policial de una delegación de Tránsito les brindaba información privilegiada sobre operativos y vigilancia a su líder.
Su líder, un hombre de doble nacionalidad costarricense y panameña conocido como Pana, amasó junto con su pareja sentimental un imperio de más de ¢1.000 millones en apenas cuatro años.
El caso se remonta a 2021, cuando las autoridades recibieron alertas sobre el crecimiento patrimonial abrupto de Pana, de apellido Sánchez González, oriundo de Chiriquí, Panamá, y su pareja, Mora Méndez, explicó el fiscal Mauricio Boraschi.
Las autoridades detectaron la opulencia económica y un estilo de vida difícil de justificar con los ingresos declarados.
La investigación reveló que detrás de los mostradores con celulares, la pintura brillante de los carros lujosos y los hermosos animales en fincas se escondía una presunta operación de lavado de dinero, derivada del narco internacional.
Emporio criminal
La estructura acumuló bienes muebles e inmuebles diversos.
Operaban dos fincas con al menos 200 reses destinadas a subastas, lo cual ofrecía una vía perfecta para movilizar grandes sumas en efectivo.
También criaban caballos finos para exhibición y competencias, una estrategia más dentro del andamiaje financiero para encubrir la legitimación de capitales.
La lista de fachadas incluía una farmacia que ya cerró, cuatro locales de venta de celulares, un aserradero, y también una compra y venta de autos, todos usados para blanquear dinero.
El uso de efectivo era constante y facilitaba los movimientos económicos sin dejar rastro en el sistema bancario formal.
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Se presume que el dinero lavado era derivado del tráfico de droga desde Sudamérica, usando rutas terrestres y marítimas a través de Costa Rica y Panamá. Una vez en suelo costarricense, almacenaban la mercancía mientras organizaban su salida hacia el norte del continente.
