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Una serie de arraigos y una posible legítima defensa serían los factores determinantes para que un joven de apellidos Mora Cubero, señalado por haberle disparado a Francisco Javier Granados López durante una disputa en carretera en Cartago, quedara libre la noche del martes y con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
El Tribunal de Flagrancia ordenó que el sospechoso debe presentarse a firmar una vez por semana, no portar armas de fuego y mantener domicilio fijo.
La Fiscalía Adjunta de Cartago informó que el caso se investiga bajo la causa 26-002021-0058-PE por el aparente delito de homicidio simple y que la audiencia de continuación quedó fijada para el 1.° de junio.
Granados López, de 33 años, murió desangrado a un lado de la carretera a las 7:05 a. m. del martes, tras recibir un disparo en el muslo izquierdo. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad: los conductores discutieron luego de una colisión a 300 metros del Cementerio General de Cartago.
En determinado momento, el ahora fallecido descendió de su vehículo con lo que aparentaba ser el mango de madera de una pala y avanzó hacia el otro conductor, quien sacó un pistola, retrocedió algunos pasos y luego disparó.
Aunque no lo apuntó al pecho o la cabeza, la bala tocó la arteria femoral, en una extremidad inferior, y le provocó un sangrado masivo y letal.
Arraigos claves
La Nación consultó a expertos en derecho penal sobre las razones que pesaron para que el sospechoso no fuera enviado a prisión preventiva. Todos coincidieron en dos factores: los arraigos del investigado y la posible figura de legítima defensa.
“No me cabe la menor duda que el juez valoró las circunstancias que mediaron en el hecho y la fundada presunción de que operó un hecho justificado por legítima defensa”, estimó el litigante Federico Campos, quien agregó que “no iba a aplicarse jamás una prisión preventiva”.
El experimentado penalista puntualizó que el perfil del sospechoso, quien es estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y dueño de una empresa de computación, desvaneció los peligros procesales que justificarían la detención. “Más bien debían aplicarse medidas cautelares sustitutivas de menor intensidad”, dijo.
Para el penalista Alfonso Ruíz, el primer elemento que se analiza para definir las medidas cautelares es precisamente el arraigo. “Una persona que tenga familia, trabajo, bienes, casa, que sea estudiante, que esté matriculada en un centro universitario, que esté en planilla, que reporte ingresos, es una persona que no va a cambiar su vida y dejar el país por un tema de esta naturaleza”, dijo.
Ruíz también destacó la actitud del sospechoso tras los hechos. “Se esperó a que llegaran las autoridades judiciales, entregó el arma y colaboró con la línea de investigación”.
Esas características, a criterio de Ruíz, hacen que sea “una persona candidata para que le apliquen una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.”
Ruíz aclaró que el contexto del hecho también influyó. “Si es un homicidio notoriamente a mansalva, doloso, el tribunal lo puede valorar diferente aunque tenga arraigos, pero en este caso valora que la circunstancia personal de la comisión del delito probablemente tiene una connotación, de alguna manera, justificada en la actitud”, explicó. Todo eso, agregó, está contemplado en el artículo 239 del Código Procesal Penal.
Crisis de salud mental en las carreteras
El penalista y psicólogo forense Julio Córdoba ve este caso como un claro ejemplo de la crisis de salud mental que se vive en el país, el cual “está sufriendo un deterioro del tejido sistémico social, caracterizado por la exposición a escenas de violencia que se han vuelto cotidianas”, dijo.
Según Córdoba, un choque leve y cotidiano genera una tragedia que ahora afecta a dos familias: La del sospechoso y la del ofendido. “La respuesta irrespetuosa o de insulto se ha normalizado, incluso en las personas que ostentan altas posiciones”, reflexionó.
Para el experto, existe un aprendizaje histórico en las vías, especialmente entre varones, de escalar conflictos derivados de accidentes de tránsito. “Estamos en una crisis nacional de salud mental caracterizada por la carencia de herramientas para lidiar con los conflictos personales”, afirmó.
Córdoba hizo un llamado al sistema educativo y a la Caja Costarricense de Seguro Social a actuar, pues a su criterio, “el aprendizaje de formas de resolución de conflictos de manera asertiva es la herramienta que cada persona debe cultivar por su bien y el de la sociedad”, concluyó.
El debate jurídico del caso, según los expertos, girará en torno a si hubo o no legítima defensa. El sospechoso portaba una pistola Glock inscrita y con permiso de portación al día.
