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Como parte de las pesquisas para desarticular una supuesta red de explotación sexual de menores, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un abogado del Ministerio de Trabajo, por presuntamente buscar encuentros sexuales con niñas.
La información fue proporcionada por Randall Zúñiga, director del OIJ, la mañana de este lunes.
El abogado de apellidos Palma Ortiz (de 40 años) es uno de los 19 detenidos hasta ahora en el marco de una operación que incluyó 19 allanamientos en distintas zonas del país, entre ellas, Playas del Coco, Filadelfia (Guanacaste), San Ramón (Alajuela), Heredia, Cartago y San José.
La investigación se centra en una organización criminal que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía infantil, principalmente de menores de edad.
Según Zúñiga, el abogado detenido habría mantenido contacto con menores a través de redes sociales, para presuntamente concertar encuentros sexuales, aprovechando la estructura criminal ahora desarticulada.
Se cree que el grupo recibía montos entre los ¢250.000 y ¢500.000 por cada una de las víctimas, quienes, en su mayoría, son personas en estado de vulnerabilidad y riesgo social.
Entre los imputados figuran varios hombres que, al parecer, habrían mantenido encuentros sexuales con las menores o adquirido material de pornografía infantil.
Por eso, entre los delitos presuntamente cometidos también se incluiría el de violación.
Por ahora, el OIJ permanece sin detallar la identidad o las edades de los detenidos.
La detención forma parte de una serie de acciones judiciales contra los miembros de la organización, que también incluye a dos cabecillas de nacionalidad china y varias personas encargadas de captar y trasladar a las víctimas.
La OIJ confirmó que la investigación sigue abierta, mientras se recopilan pruebas que permitan sustentar los cargos contra todos los involucrados en la red.
Según Zúñiga, hasta el momento, se han identificado al menos 10 víctimas, de las cuales ocho son menores de edad.
No se descarta que existan más personas afectadas, por lo que se insta a toda persona ofendida a presentarse a la oficina del OIJ o del Ministerio Público más cercana para interponer la respectiva denuncia.
