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Hay señales que indican que uno está en el centro de San José. El ruido de los buses, las carreras para alcanzar el semáforo, los vendedores en la Avenida Central... Y, en muchos puntos, un olor que se ha vuelto parte inevitable de una visita a la capital.
Ese problema parece convertirse en el próximo frente de batalla del gobierno local, que acaba de reservar ¢200 millones para llevar baños públicos a las calles josefinas.
El Concejo Municipal aprobó el pasado viernes una partida destinada a impulsar la instalación de servicios sanitarios en el casco central de la ciudad.
La iniciativa tiene su origen en una moción presentada por el Frente Amplio el 21 de enero de 2025, que proponía desarrollar una red de baños públicos accesibles y con sistemas de autolimpieza.
Para el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, impulsor de la propuesta, el problema no puede seguir abordándose únicamente desde la fiscalización o las quejas vecinales.
“Hay una cultura de algunos varones de creer que se puede orinar en cualquier parte. Eso ocurre mucho. Pero esa cultura hay que cambiarla primero con infraestructura”, sostiene Guadamuz.
La idea es identificar puntos de alta circulación de personas para instalar módulos sanitarios que ofrezcan condiciones adecuadas de higiene, seguridad y accesibilidad. Entre los sitios que ya se han mencionado preliminarmente aparecen puntos cercanos a la Estación del Atlántico, el Parque de La Merced y cercanías a la Iglesia La Soledad, aunque las ubicaciones definitivas dependerán de los estudios técnicos.
Precisamente esos estudios constituyen la etapa en la que se encuentra actualmente el proyecto.
Según explicó el regidor frenteamplista, poco después de que la moción fuera aprobada surgió un acercamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que manifestó interés en apoyar el proceso. Actualmente existe un compromiso de financiamiento por $164.000 por parte del organismo internacional, al que se suman $20.000 aportados por la Fundación Yamuni Tabush.
Los recursos se utilizarán para realizar estudios de prefactibilidad, análisis ambientales, evaluaciones financieras y escenarios operativos que permitan determinar cuál es el modelo más adecuado para la capital.
“Lo más importante es el estudio de escenarios”, explica Guadamuz. “Nos va a decir si los baños deben cobrar o no, cómo debería hacerse ese cobro, cuánto costaría, si es mejor que sean gratuitos o cuál es el esquema más sostenible”, agregó el regidor.
¿Cómo será?
Guadamuz asegura que actualmente se trabaja en analizar distintos modelos de administración. Una de las posibilidades es utilizar módulos autolimpiables, similares a los que existen en varias ciudades europeas.
Otra opción sería que la municipalidad asuma directamente la operación mediante personal propio o que el servicio sea administrado por terceros.
La decisión final dependerá de los resultados técnicos.
Si el cronograma avanza según lo previsto, la expectativa municipal es que los primeros baños públicos puedan entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.
Pero detrás de la discusión sanitaria existe otro debate: el de las personas en situación de calle.
El regidor considera que no toda la problemática puede explicarse por la falta de educación ciudadana.
A su juicio, existe una diferencia importante entre quienes utilizan la vía pública como baño por falta de alternativas y quienes simplemente optan por hacerlo pese a contar con otras opciones.
“Las personas en situación de calle viven una tragedia humana. Muchos locales comerciales no quieren que entren y tienen necesidades básicas que resolver”, afirma Guadamuz.
Por esa razón, la municipalidad impulsa paralelamente la ampliación de la red de atención social.
Actualmente, existe un dormitorio municipal con capacidad para unas 100 personas y se trabaja en una nueva instalación para aproximadamente 200 más.
El proyecto contempla que en la primera planta del edificio, ubicado en el distrito Merced, funcionen duchas y servicios sanitarios accesibles durante el día para esta población.
El regidor sostiene que, una vez que existan alternativas suficientes, debería abrirse una discusión sobre sanciones más severas para quienes continúen orinando en la vía pública.
“Pienso que la Asamblea Legislativa debería valorar sanciones económicas. En otros países incluso una persona puede pasar la noche en una comisaría por este tipo de conductas. De lo que no hay duda es que hay que hacer algo”, finaliza Guadamuz.
