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En Costa Rica, cada vez nacen menos bebés. Al punto que, para 2100, seremos apenas 3,4 millones de habitantes (cifra que no se veía desde finales de los 90). Esto afectará, inevitablemente, la sostenibilidad del sistema pensiones, la construcción de infraestructura, el financiamiento para hospitales y cualquier otro sector.
Encima, nuestro país figura entre los cuatro latinoamericanos con menor tasa de fecundidad (con un promedio de 1,3 hijos por mujer). Pero, dichosamente, todavía está a tiempo de inspirarse en las medidas exitosas aplicadas en otras latitudes.
De paso, también podría aprender de los programas que no han funcionado… que casi siempre restringen la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo.
Tomemos el caso de Corea del Sur, donde buena parte de la población prefiere seguir la tendencia DINK (Dual Income, No Kids), término que alude a parejas o matrimonios con ingresos estables y sin hijos. Con una tasa promedio de 0,72 hijos por mujer en 2023, restablecer la natalidad se convirtió en una prioridad nacional.
Para intentar revertir este declive demográfico, el Gobierno surcoreano ha lanzado campañas que van desde generosos aportes económicos a parejas recién casadas, como préstamos de 100 millones de wones, hasta programas estatales de citas para quienes desean formar una familia.
Aun así, la tasa de fecundidad se mantiene en niveles mínimos. El país no ha logrado reducir la desigualdad de género -posee la mayor brecha salarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, y el descontento femenino crece: cada vez más mujeres se suman al movimiento 4B, que rechaza el matrimonio, las citas, el sexo y la maternidad.
Siguiendo con las medidas contraproducentes, algunos gobiernos insisten en recortar los servicios de salud sexual y reproductiva, de manera que las mujeres queden embarazadas. Así lo hizo Rumanía en 1966, al prohibir los métodos anticonceptivos, pero nunca alcanzó su meta demográfica de 30 millones de habitantes.
En pleno siglo XXI, en varios sitios el aborto continúa penalizado y el acceso a la planificación reproductiva sigue siendo limitado, lo que ha impulsado la creación de redes clandestinas en Internet. Costa Rica no se escapa de esa realidad.
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La prohibición del aborto, incluso, puede provocar el efecto contrario, ya que las personas deciden no reproducirse voluntariamente. Cuando entraron en vigor las restricciones en Estados Unidos entre 2022 y 2023, por ejemplo, aumentó la cantidad de jóvenes que solicitaron esterilizaciones permanentes, como ligaduras de trompas o vasectomías.
El punto en común de estas políticas restrictivas es rehuirle a las verdaderas causas del porqué las personas ya no quieren hijos: las barreras económicas para sostener a la familia, el acceso desigual a los servicios de salud, las expectativas de futuro y la relación de equidad en el cuido y crianza de los hijos.
Las sociedades que han dado un giro ultraconservador a dejar de hablar de igualdad de género y se muestran preocupadas por los bajos niveles de fecundidad, están realizando un abordaje muy contraproducente. No solamente afectan los derechos, sino que hacen inversiones no costoefectivas.
— Juan Luis Bermúdez, jefe de oficina de UNFPA Costa Rica
Las medidas que sí estimulan la fecundidad
De enfocarse en el ejercicio de la libertad reproductiva, los países podrían generar incentivos para que las parejas tengan la certeza de que, si deciden formar una familia, contarán con garantías para la nutrición, estimulación y cuidado de sus hijos en un entorno seguro, sin renunciar a su desarrollo profesional.
Así ocurrió en Chile y Colombia, donde se implementaron subsidios nacionales que cubrían los costos de atención infantil y cuidadores domésticos. En otros países, como la India, se apostó por modelos cooperativos sin fines de lucro que permitieron una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral.
Claro, si Costa Rica desea atender el cambio demográfico, también debe garantizar un acceso amplio y efectivo a los servicios de salud, con una oferta diversa de métodos anticonceptivos que se ajusten a las necesidades de las mujeres y las familias. Naturalmente, esto requiere de una visión de Estado a largo plazo, como plantea el informe Estado Nación de 2023.
Esto incluye, además, la atención integral de la infertilidad. Actualmente, el protocolo de alta complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incorpora los servicios de fertilización in vitro, pero sus parámetros son estrictos y dejan por fuera a parejas que deben recurrir a costosos tratamientos privados. Y si no los pueden costear, simplemente no se embarazan.
A ello se suma que la última Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSAR) data del 2015 y desde entonces no se ha actualizado la fotografía, pese a que muchas políticas se transformaron después de la pandemia.
Allí yacen los retos para quien asuma en febrero próximo el diseño de políticas públicas: garantizar la conciliación de la vida familiar con el estudio y el trabajo de las personas jóvenes, en hogares donde no prevalezcan la violencia intrafamiliar ni las desigualdades de género.
Se podría empezar por lo básico: contar con información actualizada, encuestas, mediciones y censos que permitan comprender la realidad poblacional. Mientras no se solucione, jóvenes como Martín no se mortifican por la idea de envejecer sin hijos. “Uno no va a extrañar lo que uno nunca tuvo”, asegura.
Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba tienen las tasas de fecundidad más bajas en Latinoamérica, con un promedio de 1,5 hijos por mujer. Por lo general, se requiere de un promedio de 2,1 para mantener la estabilidad poblacional.
— UNFPA
