
En diciembre del 2024, mientras se refería al proyecto del gobierno para aplicar areteo al ganado, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que solo tres tipos de personas se oponen a esa iniciativa: los que contrabandean ganado, los que lavan plata en las subastas, y los que roban ganado. “Aquí en las subastas agarran la misma vaca y la subastan 10 veces, ¿para qué? Para lavar dinero del narcotráfico”, aseveró Chaves.
Los recientes casos de narcotráfico atendidos por el Ministerio Público parecen respaldar las aseveraciones del mandatario. Es innegable que la inversión en ganadería es una de las preferidas por el crimen organizado. Ejemplo de esto es el caso Fénix, destapado en febrero del 2022 y considerado el caso de lavado más grande de la historia de Costa Rica.
Una presunta organización criminal utilizaba múltiples negocios, entre ellos el ganado, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. A esta agrupación se le incautaron ¢5.155 millones en efectivo, entre dólares y colones. Adicionalmente, en Pérez Zeledón, se confiscaron 1.256 cabezas de ganado que fueron subastadas y los ¢941 millones recaudados también fueron embargados. 25 acusados irán a juicio.
En esa ocasión, el entonces fiscal Olger Calvo explicó al semanario Universidad que la ganadería es un negocio lucrativo y de ágil flujo de dinero, por lo tanto, es una actividad considerada “de alto riesgo” para el lavado de capitales.

Calvo, que investigó el caso Fénix hasta agosto del 2023, explicó a Revista Dominical que en la ganadería es fácil convertir activos en dinero líquido. Por esto, funciona como una especie de “depósito de valor”.
“Yo voy, compro un lote de ganado con efectivo proveniente del narco, meto ese ganado en una finca, a los tres meses lo llevo de nuevo a la subasta, lo vendo, y ese dinero en transferencia bancaria ya viene limpio, justificado, porque puedo decir que viene de mi actividad financiera de ganadería. Ese es el efecto carrusel”, explicó el especialista.
Pese a esto, en enero del 2022 Calvo declaró que “de momento” no investigarían las subastas ganaderas. “Nosotros no investigamos actividades, solo investigamos hechos; de momento no tenemos un plan de investigar a las subastas”, agregó el fiscal.

Actualmente, el exfiscal sostiene su opinión de entonces, pero argumenta que debería haber más supervisión sobre las subastas ganaderas, ya que estos negocios no están obligados a hacer reportes de operaciones sospechosas, o a notificar sobre “nuevos ganaderos repentinos”.
“La justicia penal actúa cuando se consuma un delito, pero las subastas deberían hacer reportes de operaciones sospechosas como lo hacen las actividades financieras, los casinos, los fideicomisos, entre otros”, argumentó.
Otra investigación que ejemplifica el lavado de dinero mediante la ganadería es el caso Venus, según el cual, las subastas ganaderas habrían sido utilizadas como fachada para legitimar capitales.
Las pesquisas de este caso incluyeron 20 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, entre ellos, una subasta en Bagaces, Guanacaste. El principal sospechoso, un hombre guatemalteco con antecedentes penales, tras salir de prisión habría mostrado un abrupto crecimiento económico sin fuentes lícitas que lo justificaran.

La realidad es clara respecto a lo que ocurre en Costa Rica: el ganado se ha convertido en los últimos años en un medio utilizado por el narco para lavar dinero. Esto es un hecho incontrovertible.
Así lo reconoció en diciembre del 2024 el entonces director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez. Las facilidades para realizar transacciones en efectivo y los vacíos legales para rastrear operaciones sospechosas hacen de los bovinos una inversión seductora para los criminales.
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La caja de pandora se destapó en 2019, cuando el ICD recibió por primera vez 265 cabezas decomisadas a un grupo criminal. Desde entonces, lo que era inusual se volvió común y las reses hacen fila.
En 2022 se decomisaron 1.263 cabezas de ganado, lo que representó ingresos por más de ¢1.000 millones al ICD por la venta de estos animales. El segundo año con más decomisos es el 2024, con 1.090 animales, número que podría ser más alto pues no se incluyen los datos de diciembre.

Como es usual en el narcotráfico, las estrategias se importan de países “de avanzada”. En 2021, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), alertó sobre cómo los narcotraficantes compran inmuebles usados, lotes y fincas en zonas alejadas y con poco control estatal, con el fin de deforestar, sembrar pasto de alta calidad, incluir abonos y comprar ganado para ocupar estos terrenos.
“Esta actividad económica termina siendo de alta favorabilidad y preferencia por parte de los narcotraficantes”, señaló Ramírez a La Nación en diciembre. El entonces jefe del ICD (destituido en julio) comentó que las subastas de ganado propician el lavado de dinero debido a que estas se realizan solo con efectivo.
“Hay una puja inmediata y entonces usted llega y ofrece tanto por un toro, por ejemplo, y nada más después va y paga en efectivo en la caja y nadie le preguntó de dónde proviene ese dinero”, afirmó.

El 5 de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para obligar a que la subastas ganaderas y las compraventas de vehículos a reportar las operaciones sospechosas superiores a los $10.000. No obstante, la iniciativa fue archivada en abril tras recibir un dictamen negativo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
El Ejecutivo presentó nuevamente la propuesta el pasado 5 de agosto, aunque, según explicó Fernando Ramírez, se realizaron algunas correcciones y adiciones sugeridas por los congresistas. Se espera que la propuesta avance.
“Hay una puja inmediata y entonces usted llega y ofrece tanto por un toro, por ejemplo, y nada más después va y paga en efectivo en la caja y nadie le preguntó de dónde proviene ese dinero”
— Fernando Ramírez, exdirector del ICD
La Corporación de Fomento Ganadero (Corfoga) respalda la iniciativa; sin embargo, su director ejecutivo, Luis Diego Obando, indicó que han analizado si las subastas de verdad operan principalmente con transacciones en efectivo, y la conclusión fue que no.
“El ganadero paga por transferencia bancaria, con un cheque o alguna otra metodología, inclusive con tarjeta, con lo cual evita el efectivo. Sí se dan compras en efectivo, pero es cuando un ganadero lleva a vender tres y compra uno; lleva a vender cinco y compra algún ternero o alguna vaca que ve de oportunidad. Pero estamos hablando de transacciones de ¢1 millón, ¢800.000, transacciones pequeñas”, explicó Obando.
Además, el líder de Corfoga aseguró que el sector ganadero, en particular las subastas, presenta informes anuales al Ministerio de Hacienda, en los cuales se detalla la identificación y los nombres de las personas físicas o jurídicas que participan en la compraventa de animales.
La ganadería es un negocio centenario en Costa Rica, y las subastas ganaderas son una herramienta para que miles de productores de carne y leche conviertan sus activos en dinero líquido. Estas actividades son tan lícitas como necesarias. Sin embargo, al igual que muchas otras profesiones en el país, la ganadería está siendo infiltrada por el narcotráfico y el lavado de dinero, y esta parece una bestia demasiado difícil de domar.
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