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Era el 7 de octubre de 2007 cuando Freddy González Rojas, líder cooperativista de 43 años, celebró la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Él trabajó por el “Sí” junto con el Partido Liberación Nacional (PLN) y su amigo, el presidente Óscar Arias Sánchez.
Durante la administración de Arias fue presidente de Infocoop. En enero del 2010, participó junto a Óscar y Rodrigo Arias en la inauguración de la construcción de la carretera a San Carlos que, según dijeron, estaría terminada en 2012 –aún hoy no ha finalizado–. En 2016, González organizó una marcha para pedirle a Arias que se postulara a un tercer mandato.
Todos estos detalles demuestran hasta qué punto González era una figura de la médula liberacionista, un hombre de confianza del ala arista, un ejecutor que cumplía con las misiones que se le encomendaban. Aún hoy, el líder cooperativista se considera amigo del Premio Nóbel de la Paz. Pero, ¿cómo pasó de levantar la bandera verdiblanca, a organizar y conseguir financiamiento para una marcha contra el fiscal general, apoyar de lleno a Rodrigo Chaves y, desde el 14 de junio, ser secretario general del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)? ¿En qué momento se dio ese cambio?
En la política, o al menos en la práctica de esta, las barreras ideológicas son generalmente endebles. Hasta los dos enemigos más acérrimos pueden terminar trabajando juntos si ambos se benefician de esa alianza y acuerdan una agenda común. Lo cierto es que González, como ejecutor político, ha cumplido con las tareas que le han encomendado y con las de su propia motivación.
Freddy es un mercadólogo oriundo de Carrizal de Alajuela; se crió en una familia de bajos recursos económicos en La Florida de Tibás, donde todavía vive. En los años 80, empezó a crecer como operador político dentro de un movimiento cooperativista controlado mayoritariamente por el PLN y uno de sus líderes históricos, Rodolfo Navas Alvarado. En esa época, el músculo político cooperativista era vigoroso.
Varias personas consultadas por Revista Dominical que conocieron a González en esos años reconocen en el tibaseño características que son escasas y no se enseñan en las universidades. Es sagaz, buen conversador, con habilidades sociales muy desarrolladas y un don innato para la política. Al mismo tiempo, es una persona agradecida con aquellos que lo halagan o le reconocen sus méritos.
Ocupó diversos cargos como gerente y presidente en el sector cooperativo, desde el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) y, actualmente, como gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa). Fue durante todos esos años que se gestó una figura que, más de tres décadas después, sería reclutada por Rodrigo Chaves para la campaña presidencial del 2022.
“Soy amigo de mis amigos”
Revista Dominical buscó tener la versión de González. Él accedió a una entrevista y propuso realizarla el lunes 20 de julio en las instalaciones de Conacoop, en el Edificio Cooperativo, contiguo al Mall San Pedro. Allí, el tibaseño reconoció que aún hoy es amigo del expresidente Arias, quien siempre lo ha tratado con respeto.
“Don Óscar, sabiendo de las diferencias que tiene con el presidente (Rodrigo Chaves), y el presidente con él, nunca me ha puesto a mí en ningún lugar incómodo. En algún momento que me vio, me saludó y me deseó éxitos, siempre muy respetuoso en ese tema y en su relación con el presidente, que todos sabemos que no es una buena”, explicó el cooperativista.
En 2016, cuando organizó una marcha hacia la casa de Arias para pedirle que se postulara a un tercer mandato, González gestionó la alimentación para todos los manifestantes, a quienes se les dio gallos de chorizo y salchichón, así como, palomitas y refrescos gaseosos. Asimismo, bajo la tutoría de González, el movimiento cooperativo financió el transporte de al menos unas 80 personas de la Academia de Deportes de Pavas, invitados por la Asociación de Desarrollo Integral Finca San Juan.
Eso describe uno de los grandes méritos de este mercadólogo derivado en cooperativista; se trata de un ejecutor, una persona que hace que las cosas sucedan. No son en vano sus casi cuatro décadas vinculado al cooperativismo, González es una persona con una vasta red de contactos que, con una llamada, puede solucionar lo que para otros sería un problema grave. ¿Cómo haría usted para organizar una marcha?
Fue quizás ese uno de los principales factores para que, en la campaña de 2022, tras un conversatorio en el Edificio Cooperativista, el entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves le pidiera a González sumarse a su proyecto como dirigente del sector social.
Retiro de la vida política
Previo a su llegada al chavismo, la última incursión de González en la política partidaria fue en 2017, cuando participó como coordinador nacional del sector cooperativo para la tendencia del precandidato Antonio Álvarez Desanti de cara a la convención interna. Sin embargo, ocurrió un acontecimiento que lo marcaría para siempre, como marcaría a cualquier persona salir en periódicos y noticieros con las manos esposadas.
El 28 de marzo del 2017 a las 8 de la mañana la vivienda de Freddy González fue allanada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, minutos después, a él lo sacaron esposado y con el rostro descubierto.
Artículos de La Nación de ese entonces reportaron la investigación judicial contra 17 cooperativistas por la supuesta creación de una “red criminal” que se infiltró en el Infocoop para manejar un millonario fondo de préstamos para cooperativas, provocando pérdidas por ¢9.000 millones. Según dijo el Ministerio Público, dicho grupo había manipulado nombramientos en Infocoop y Conacoop y se falsificaron actas para otorgar préstamos.
Desde luego, la situación impactó a González, quien 48 días después del arresto renunció a su cargo como secretario ejecutivo del Conacoop. Desde el principio, él aseguró que todo se trataba de un “montaje” en su contra gestado por personas cercanas al gobierno de Luis Guillermo Solís.
Al cooperativista se le retuvo el salario de ¢7,8 millones mensuales (incluyendo pluses) y se vio obligado a separarse de la campaña del entonces precandidato Antonio Álvarez, quien reconoció que González era un liberacionista “de muchos años”.
Al final, en mayo del 2023, ocho dirigentes cooperativistas fueron sobreseídos, luego de que el Juzgado concluyó que no cometieron ninguna anomalía.
Pero este no es el único fantasma del pasado que persigue a González.
González aún rebate suspensión
Sobre González pesa en la actualidad una suspensión de la Contraloría General de la República (CGR), que le prohíbe ejercer cualquier cargo público durante cinco años. Este periodo finaliza el próximo 24 de enero.
Según el ente contralor, durante su paso por Infocoop, González y otros implicados recomendaron y aprobaron una tasa de equilibrio incorrecta, y esto generó un riesgo de que los ingresos por concepto de intereses de préstamos no alcanzaran para cubrir los gastos de la entidad. Una auditoría había señalado un perjuicio por casi ¢5.000 millones entre 2009 y 2016.
Sin embargo, aún hoy González niega todas las acusaciones. De hecho, aunque la sanción se aprobó en 2018 y empezó a regir el 5 de abril del 2019, se suspendió el 18 de marzo del 2022 por una medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo a petición del investigado.
González asegura que, si bien ocurrió un error de cálculo, fue involuntario, no causó pérdidas patrimoniales al Infocoop y todo se realizó bajo la tutoría del ente contralor. En su reciente entrevista con RD (que puede leer en la pestaña de Revista Dominical), el tibaseño habló al respecto.
El secretario general del PPSO sostiene que la Contraloría fue condenada en el Tribunal Contencioso Administrativo por sus omisiones, sin embargo, el caso “llegó a la Sala Tercera” y ahí, él fue sancionado por votación dividida de tres contra dos (resolución que también desacredita).
“La Contraloría fue condenada porque participó en la elaboración con nosotros, nos asesoró; dos magistraturas dijeron que no había delito. (...) Esa contralora que está ahí es una vergüenza nacional, pero tiene los días contados, este país le va a seguir pidiendo la renuncia”, afirmó.
Para este artículo RD buscó tener también la versión de la Contraloría. Las divisiones de Fiscalización y Jurídica de la CGR explicaron algunos aspectos del proceso de sanción.
Según la entidad, aunque González fue castigado en 2019, de inmediato planteó una demanda que, en 2021, fue declarada con lugar por el Contencioso Administrativo, lo cual puso en pausa la suspensión. No obstante, la CGR impugnó esa decisión y acudió a la Sala Primera, que en 2024 les dio la razón y reinstauró el castigo. Por tanto, es este último acto el definitivo.
El ente contralor aclaró otras imprecisiones de González. Por ejemplo, no es cierto que el caso haya pasado por Sala Tercera, que atiende la materia penal, sino más bien por la Sala Primera, que atiende lo administrativo.
Tampoco es correcto que la Contraloría fue condenada. Aunque el Contencioso Administrativo le dio parcialmente la razón al cooperativista, dicha resolución fue anulada en casación por la Sala Primera, que es la instancia que tiene la última palabra. Además, la entidad no participó en la elaboración de la tasa de equilibrio, ya que la ley no se les permite coadministrar.
La CGR también recordó que, pese a lo dicho por González, una votación dividida de tres contra dos no resta validez ni firmeza a los actos jurídicos, ya que la ley costarricense permite estos disensos y las medidas se adoptan sin importar que se aprueben por mayoría o por unanimidad.
En resumen, la Contraloría nunca fue sancionada y, aunque el Contencioso Administrativo le dio parcialmente la razón a González en primera instancia, todo esto quedó sin efecto cuando la Sala Tercera respaldó lo actuado por la CGR.
Lo cierto es que, tras todas estas polémicas, Freddy González se recluyó. Seguía teniendo amigos y conexiones en la política y el cooperativismo, pero dejó de aparecer en las cámaras por un buen rato. Hasta que llegó el 18 de marzo del 2025, y se le vio nuevamente.
Revista Dominical tuvo conocimiento de que, el lunes 27 de julio del 2026, siete días después de la entrevista con Freddy González y dos días antes del cierre de la edición de este artículo, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una nueva solicitud de medida cautelar presentada por González con el objetivo de suspender –nuevamente– la aplicación de la sanción en su contra. Al rechazar la solicitud, el tribunal mantiene vigente lo dispuesto por la CGR y la inhabilitación hasta enero próximo.
Renació para sumarse al chavismo
Hasta el 17 de marzo del 2025 habían pasado nueve años desde que Freddy González marchó hasta la casa de Óscar Arias, ocho años desde que salió esposado de su propia vivienda, seis años desde que la Contraloría lo sancionó. Este líder cooperativista bajó su perfil, dejó de aparecer en noticieros y se retiró del ojo público.
Sin embargo, el 18 de marzo del 2025, Freddy González reapareció.
En medio de la marcha progobierno organizada para protestar contra el fiscal general Carlo Díaz, el tibaseño se subió a una tarima junto a la activista chavista Yendry Quirós (acusada de amenazar a un diputado), tomó el micrófono y ofreció un discurso en el que, además, anunció que 500 cooperativistas habían preparado la alimentación para los asistentes y que necesitaban votos para parar la “persecución” de funcionarios del Poder Judicial contra “compañeros”.
Esa fue la primera vez que se le vio públicamente desde las investigaciones en su contra, y de ahí no paró más. Desde entonces se le ha visto organizando varias marchas, manifestaciones y mítines, todos en favor del expresidente Rodrigo Chaves, la presidenta Laura Fernández, el PPSO o en contra de quienes considere sus enemigos.
Como se explicó en este mismo perfil, González es un ejecutor. ¿Se necesitan buses? Los consigue. ¿Regalar almuerzos? Solucionado. ¿Baños portátiles? Sin problema. ¿Tarimas? De acuerdo.
Esa capacidad para solucionar es una de las razones por las cuales los cuestionamientos de su pasado resultaron poco significativos cuando el movimiento encabezado por Rodrigo Chaves decidió nombrarlo encargado de Logística durante la campaña presidencial más reciente. Este mercadólogo ha demostrado que cumple las metas.
En 2024, diez meses después de que González retornó a la presidencia de Conacoop, el sector cooperativo le garantizó a Chaves su apoyo para hacer el referéndum sobre la “ley jaguar”, pese a las múltiples alertas de que el documento estaba lleno de inconstitucionalidades.
González negó cualquier relación entre ese apoyo y el hecho de que, al día siguiente, la Junta Directiva de la CCSS aprobó la adjudicación de contratos a cuatro cooperativas de salud para operar Ebáis durante 10 años, adjudicación investigada en el Caso Barrenador por un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones, según la Fiscalía.
En 2025, por solicitud suya, la Fecoopa pagó por todos los costos de la marcha contra el fiscal Carlo Díaz a la que asistió el propio Chaves, así como sus ministros y exjerarcas (hoy, varios de ellos, diputados oficialistas).
El líder cooperativista admitió que Fecoopa pagó 102 buses, 19 microbuses y cientos de almuerzos, incluyendo el bus que transportó a los ministros hacia el evento desde Casa Presidencial. Al día siguiente, cuando una periodista de La Nación le pidió informar de dónde obtuvo la Fecoopa los recursos, rehusó hacerlo.
González aseguró que “el 95%” de los líderes del movimiento cooperativo apoyaron al gobierno de Rodrigo Chaves y hacen lo mismo con el de Laura Fernández; por eso se sumaron a sus filas durante la reciente campaña electoral.
¿Se ha beneficiado el sector cooperativo de esta alianza? Los hechos parecen demostrar que sí, y González confirma que existe una agenda común entre el gobierno soberanista y el sector cooperativista.
Por ejemplo, antes de que se destapara el Caso Barrenador, en la Junta Directiva de la CCSS estuvo nombrada Isabel Camareno (hoy diputada oficialista por Puntarenas), a quien González describió como su “mano derecha y mano izquierda”. El tibaseño admitió que él la propuso al Poder Ejecutivo para el puesto, aunque luego ella sería investigada por dicho escándalo de presunta corrupción.
El pasado 14 de junio, este otrora liberacionista fue nombrado secretario general del PPSO una semana después de una polémica sesión en la que hubo rupturas de cuórum, gritos, retos a golpes y amenazas.
No cobrará nada por estar en ese cargo: “en política, si hay pago, no hay gloria”, repite. Él afirma que Pueblo Soberano prevalecerá como agrupación por muchos años, gracias a “toda esa inversión que hicimos en los signos externos”.
Mientras tanto, quedaron en el baúl de los recuerdos aquellas propuestas de revisar las exoneraciones fiscales de las que gozan las cooperativas, por ejemplo, la exención del impuesto de renta. Esto no es al azar, fue parte de la discusión entre Freddy González y Laura Fernández.
“Para poder sumarnos a la campaña llegamos a acuerdos, nosotros tenemos la palabra de la señora presidente de que al movimiento cooperativo no se le van a poner tasas impositivas diferentes a las que ya estamos pagando. Ese es un ejemplo”, aclaró González cuando se le cuestionó qué ocurrirá si los intereses del PPSO se enfrentan con los del cooperativismo.
Durante la entrevista se le consultó a González si, tras finalizar la sanción que pesa sobre él, buscará algún cargo público, pero lo descartó.
Por otro lado, hizo una advertencia: “Costa Rica merecía una presidenta como Laura Fernández, y está empezando, que los adversarios se preparen, no saben lo que les espera”.
