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Cuando publicamos en Revista Dominical el reportaje sobre los más de 2.000 costarricenses que han solicitado refugio en el extranjero en los últimos años, publicado el 4 de julio, utilizamos la expresión “fantasmas estadísticos” para referirnos a esas personas que aparecían con claridad en las cifras, pero cuyas historias permanecían prácticamente invisibles.
Pese a los esfuerzos por contactar a instituciones, organizaciones y distintas fuentes vinculadas con el fenómeno migratorio, en aquel momento fue imposible confirmar cuáles eran las razones que llevaban a tantos costarricenses a solicitar protección internacional. Las estadísticas permitían dimensionar el fenómeno, pero no explicaban qué había detrás de cada solicitud.
Esta semana, buscamos despejar esos “fantasmas estadísticos” gracias a que la antropóloga costarricense Leila Rodríguez aporta otra pieza para intentar entender el fenómeno.
Rodríguez, catedrática asociada del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, trabaja desde Estados Unidos en investigaciones relacionadas con migración y, desde hace más de una década, también participa como perito cultural en procesos de asilo.
Durante años, Leila Rodríguez trabajó con historias de migrantes que, desde Costa Rica, podían parecer lejanas: guatemaltecos, mexicanos, nigerianos, rusos y ciudadanos de antiguas repúblicas soviéticas que habían dejado sus países para establecerse en otros lugares. Pero el nombre de Costa Rica comenzó a aparecer en estos expedientes.
La alerta
Desde hace más de una década, Rodríguez realiza lo que en el ámbito migratorio se conoce como un peritaje cultural: informes elaborados por especialistas que pueden ser utilizados por abogados para explicar ante las autoridades estadounidenses las condiciones sociales, culturales y políticas que rodean la historia de un solicitante de asilo. Ella, como latina, podía brindarles esa perspectiva.
Durante mucho tiempo, sus casos estuvieron relacionados principalmente con población guatemalteca, hasta que le llegó un caso costarricense.
“Yo dije: ‘Bueno, aquí está pasando algo’. Porque eso nunca pasaba, ¿no? Y de repente me topo con dos, lo que ya es un patrón, ya no es una anomalía”, cuenta.
Desde entonces ha recibido tres casos de costarricenses. Por supuesto, no son casos que permitan representar estadísticamente a los cerca de 2.000 costarricenses que, según datos de Acnur citados en nuestro reportaje, solicitaron protección internacional en el extranjero durante el 2025 (3 de cada 4 solicita refugio en Estados Unidos).
Rodríguez es enfática en que sus expedientes no constituyen una muestra de todos los costarricenses que buscan refugio. Pero sí ofrecen algo que las estadísticas no pueden mostrar: el lado cualitativo de algunas de esas solicitudes y las circunstancias que llevan a un costarricense a pedir protección en otro país.
Una antropóloga en los tribunales
La llegada de Rodríguez a este campo comenzó casi por accidente.
En 2013, mientras trabajaba como profesora e investigadora de antropología en la Universidad de Cincinnati, en Ohio, una defensora pública buscaba una antropóloga mexicana que pudiera ayudarle con un caso.
El director del departamento de antropología de la universidad la contactó. “Yo, bueno... Yo no soy mexicana”, recuerda Rodríguez que le dijo, entre risas. Pero le explicó había realizado trabajo de campo con población mexicana y así aceptó conocer el caso.
Rodríguez, sin embargo, descubrió algo más importante para su propia carrera: no sabía que los antropólogos podían intervenir de esa manera en procesos judiciales.
Comenzó a preguntar entre colegas y descubrió que otros antropólogos estadounidenses ya habían participado en casos similares.
La experiencia le provocó una inquietud: el trabajo de los antropólogos no estaba quedándose en el terreno de las publicaciones académicas. Sus informes podían tener consecuencias concretas sobre la vida de una persona. “Estamos teniendo una incidencia en juicios, en otros apartados que no imaginábamos antes”, explica.
Poco después comenzó a investigar cómo funcionaba esta práctica. Encontró que allí el llamado peritaje cultural tenía una trayectoria mucho más desarrollada en América Latina.
Tanto, que en 2021 Rodríguez publicó, junto con otros especialistas latinoamericanos, el libro Peritaje Antropológico y los Solicitantes de Asilo Guatemaltecos en los Estados Unidos (en idioma inglés) sobre el tema.
Tres historias costarricenses
Fue en ese contexto que comenzaron a llegarle los casos de costarricenses.
Rodríguez considera que una explicación de por qué esos expedientes terminaron en sus manos es sencilla: son pocos los científicos sociales que trabajan desde instituciones estadounidenses y que, además, tienen conocimiento especializado sobre Costa Rica. Ella sí lo tiene.
Hace años, incluso, se había inscrito en una base de datos de especialistas del Center for Gender & Refugee Studies, una organización académica vinculada a la Universidad de California que trabaja temas relacionados con género, refugio y migración.
En ese registro indicó que podía trabajar sobre casos de Costa Rica. “Me da risa porque yo lo puse hace años y dije: ‘Bueno, no sé ni por qué pongo Costa Rica porque para esto nunca me van a llamar’”, recuerda.
Hoy, Rodríguez cuenta sobre tres casos diferentes. Uno está relacionado con amenazas que, según el relato presentado, provenían de un policía vinculado con actividades del narcotráfico. La persona habría sido perseguida después de negarse a determinadas acciones.
El segundo corresponde a un caso de violencia doméstica. El tercero se trata de un funcionario público costarricense que afirma haber denunciado irregularidades relacionadas con el otorgamiento de permisos por parte del Estado y que, posteriormente, habría sido objeto de amenazas por parte de funcionarios del gobierno para que guardara silencio.
“En Costa Rica existe una imagen muy arraigada del país como una nación receptora de migrantes, un lugar al que llegan personas que buscan seguridad, trabajo o protección. Pero durante años también ha habido costarricenses que migran y ahora lo estamos comprobando”.
En la última década, se han disparado las solicitudes de refugio de costarricenses en el extranjero, con un repunte por encima de 1.000 solicitudes vigentes cada año desde 2022 y el pico en 2024, como reportamos previamente Revista Dominical.
Los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) demuestran que, en 2022, por primera vez, las solicitudes de refugio presentadas por costarricenses superaron la barrera de las 1.000, al alcanzar 1.279 casos. Desde entonces, la cifra nunca volvió a bajar de ese umbral.
El crecimiento continuó durante los años siguientes hasta alcanzar un récord de 2.381 solicitudes en 2024. Aunque en 2025 el total descendió a 1.820, el volumen creció un 127,5% al registrado apenas un lustro atrás.
Cabe subrayar que Estados Unidos absorbe de manera sostenida más del 70% de solicitudes. En el último año analizado (2025), de las 1.820 peticiones presentadas por costarricenses, 1.348 se dieron ante las autoridades estadounidenses; es decir, tres de cada cuatro solicitantes pidieron el mismo destino.
La propia Rodríguez había publicado investigaciones sobre la migración de costarricenses hacia otros países. Ya desde alrededor de 2011, explicaba, comenzaba a cuestionarse el mito de que los ticos no migran.
En términos jurídicos estadounidenses, la solicitud debe demostrar un temor bien fundamentado de persecución relacionado con determinadas categorías reconocidas por la legislación internacional y estadounidense, entre ellas la religión, la opinión política y la pertenencia a un determinado grupo social.
Entonces, ¿qué es lo que hace Rodríguez? “Mi tarea no consiste en decidir si una persona merece refugio. Tampoco en sustituir al juez. Consiste en aportar elementos que permitan comprender el contexto en el que se produjo la historia del solicitante”, explica,
Un sistema difícil de atravesar
Las historias de los solicitantes se enfrentan, además, a un sistema migratorio estadounidense que Rodríguez describe como extremadamente complejo.
La legislación migratoria se encuentra principalmente bajo jurisdicción federal. Los procesos pueden comenzar como trámites administrativos y avanzar por distintas instancias si una solicitud es rechazada.
Los llamados jueces de inmigración, explica, no forman parte del Poder Judicial estadounidense como los jueces de las cortes federales, sino que trabajan dentro del Poder Ejecutivo, una estructura que ha sido objeto de críticas por el poder que concentra la administración federal sobre los procesos migratorios.
En determinadas etapas, los casos pueden llegar a las cortes federales de apelaciones, organizadas en circuitos que abarcan distintos estados. Al cierre de 2025, las cortes de inmigración en Estados Unidos acumulaban más de 2,4 millones de solicitudes de asilo pendientes de resolución.
Para una persona que no conoce el sistema, atravesarlo puede resultar difícil. “La antropología ahora tiene la oportunidad de aportar también en este campo práctico”, afirma Rodríguez, quien, a la luz de todas estas experiencias coordina hoy la Red Latinoamericana de Investigación y Peritaje Cultural Aplicado. “El mundo está atravesando muchos cambios y la protección internacional debe asumirse con toda la responsabilidad del caso”.
