Revista Dominical

El asesinato de la arrocera, el primer crimen que el OIJ resolvió con pruebas técnicas

En 1974, un recién nacido Organismo de Investigación Judicial logró que se sentenciara a 20 años de cárcel a un homicida, sin la necesidad de que hubiera testigos oculares

El martes 27 de febrero, de 1973, La Nación informaba al pueblo costarricense que Miguel Rodríguez Carballo, guarda de la arrocera Los Cipreses, en Heredia, había sido asesinado.

“El hombre fue hallado sin vida cerca del edificio con dos balazos en la cara, uno en el cuello y otro en la pierna derecha”, detalló la nota. Rodríguez Carballo tenía 50 años. En apariencia, a las oficinas de la arrocera ingresaron varios hombres quienes buscaron en las gavetas del lugar algo que robar, pero al ser sorprendidos por el guarda hubo un intercambio de disparos; el enfrentamiento provocó la muerte de Rodríguez Carballo.

Los culpables huyeron en un vehículo. Una persona que vio el carro apuntó la placa porque conducían tan rápido que pensó que se matarían en un accidente.

Para ese momento, la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) era la encargada de las pesquisas del caso; sin embargo, la organización no contaba con la especialización necesaria para resolver el crimen. Es así como el asesinato de Rodríguez quedó impune hasta tres años después, cuando investigadores del recién nacido Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tomaron las riendas de la indagación.

Gracias a los resultados de los estudios hechos por los funcionarios Enrique Retana Arias y Rafael Ángel Brenes Valenciano, con la ayuda del perito Juan Antonio Rescia Chinchilla, el juicio de la arrocera fue el primero en la historia del OIJ (y del país) en resolverse solamente con prueba técnica.

Recuento de los hechos

En 1973 la DIC contaba con algunas pistas sobre el asesinato. Primero que todo sabía que la muerte había ocurrido entre las 8:16 y las 8:45 p. m. del domingo 25 de febrero. Para asegurarlo se basaron en el hecho de que el guarda hizo la marca de vigilancia a las 8:15 p. m. y la siguiente tenía que registrarla a las 8:45 p.m., pero no fue así.

El miércoles 28 de febrero, por su parte, las autoridades confirmaron que los responsables del delito fueron cuatro hombres, uno de ellos fugado de la Isla San Lucas. Cinco detectives de la DIC eran los responsables de encontrarlos y averiguar qué había pasado aquella noche de domingo.

En el lugar de los hechos, durante cuatro horas, los agentes buscaron evidencias. Se hallaron varillas de construcción con las que los asaltantes abrieron una puerta y trataron de abrir una caja fuerte, también manchas de sangre en una tapia de zinc, así como una lona con la que trataron de ocultar el cuerpo.

Un dato importantísimo en este caso es que el Organismo Médico Forense confirmó que los atacantes emplearon armas de fuego calibre 38 durante el atraco. También se comprobó que un proyectil estrellado en una pared era de un arma 22 U, que era propiedad del guarda y que desapareció de la escena del crimen, por lo que los agentes concluyeron que fue robada por los asaltantes.

En marzo la DIC detuvo a un hombre de apellido Soto como sospechoso del homicidio. “Los agentes expresaron que tenían pruebas comprometedoras contra Soto, quien se ha negado a admitir su posible culpabilidad. Tampoco quiso citar a sus posibles cómplices”, informó el diario La Nación.

El nuevo OIJ se suma a la investigación

El OIJ comenzó operaciones en julio de 1974. Inicia con la oficialía de guardia investigando delitos de homicidio, luego esta oficialía pasó a ser la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios.

El caso de la arrocera fue tratado primero por la DIC, una organización policiaca que, según especialistas, era más de corte político que otra cosa. “El que ponía más banderas lo nombraban detective, no había profesionalización, no había elecciones con pruebas psicológicas para elegir un perfil; pero había algunos buenos elementos”, recordó Gerardo Castaing, investigador retirado del OIJ, criminólogo forense y quien también fungió como jefe del organismo.

“La antigua DIC era una corrupción total y absoluta. En cuanto a seguridad había policía preventiva, pero también represiva a través de la DIC. En esa dirección había gente muy corrupta que estaban sujetos al gobierno que cambiaba cada cuatro años”, recordó por su parte Rafael Ángel Brenes Valenciano, investigador del OIJ, además de subdirector y director interino de la institución.

Precisamente Brenes Valenciano, junto a su compañero Enrique Retana Arias, fueron los investigadores responsables de esclarecer el caso del crimen de la arrocera, en 1976. ¿Cómo lo lograron? ¿Por qué el juicio se resolvió solamente con pruebas técnicas? A continuación el propio Brenes relata la historia.

“Cuando se comenzó a hablar del OIJ, la Corte Suprema de Justicia empezó a seleccionar a la gente. Me tocó a mí la suerte de ir con otros cuatro compañeros a llevar un curso a Venezuela”, recordó Brenes.

Para inicios de la década de los años 70, el magistrado Stanley Vallejo fue el precursor de la creación del OIJ. “Fue un visionario que ideó el proyecto para crear una policía judicial a imagen y semejanza de lo que aplicaba Venezuela en aquellos tiempos”, dijo Castaing.

“Stanley Vallejo Leitón atendió el caso del crimen de Colima (1951) y a partir de ahí se dio cuenta de las deficiencias de la DIC. Él impulsó la creación del OIJ, es el ideólogo de la policía judicial”, expresó Brenes.

El santo y las huellas

Tras volver de Venezuela, Brenes y Retana visitaban con frecuencia la Penitenciaría Central, esto porque según recuerda el investigador, el pabellón oeste de la ‘Peni’ era “la cosa más terrible de la historia de Costa Rica”. Los compañeros iban a la cárcel por orden de los jueces, con la intención de que realizaran investigaciones sobre los asesinatos que semana a semana ocurrían en el lugar. “A veces eran hasta dos o tres muertos por semana”, dice.

“Yo entraba en contra de mi voluntad, porque en la secretaría nos quitaban el arma y nos mandaban con dos policías penitenciarios con un garrotillo. Nos metíamos al pabellón oeste con 200 reos a investigar los asesinatos”, recordó.

Los jóvenes investigadores Enrique Retana Arias y Rafael Ángel Brenes Valenciano, fueron apoyados con la experiencia del perito Juan Antonio Rescia Chinchilla. El trabajo en conjunto determinó que Sandino fue el responsable de la muerte del guarda de la arrocera.

Brenes era un muchacho de 29 años cuando volvió de Venezuela y topó, según recuerda con cariño, con la suerte de que su compañero Retana fuera trasladado al nuevo OIJ luego de su paso por la DIC, pues ya tenía mucha experiencia en el campo.

Para esa época los funcionarios no contaban con muchos recursos para realizar su trabajo. En la oficina solamente había un carro Toyota tipo jeep que se turnaban para trasladarse a las investigaciones, así que para ir a la Peni los investigadores caminaban siempre desde los Tribunales de Justicia hasta el centro penal.

“Un día íbamos saliendo de la Peni de indagar sobre el asesinato de un hombre que le decían Güitite. De camino a la salida un reo llamó a Retana y se quedaron hablando mucho rato. Yo me quedé cerca de ellos para cuidar a mi compañero, para que no lo fueran a agredir; pero él tenía mucha amistad con los reos porque los ayudaba, les pagaba algunas multas y así es como se hizo de un nombre entre la mayoría de los delincuentes”, narró el experto.

De camino por San José hacia los Tribunales, los compañeros hablaron sobre la conversación que tuvo Retana con el reo. “Nos contó que el preso le dijo que sabían quién había matado al guarda de la arrocera”, comentó.

“El tipo le dijo a mi compañero que quien cometió el asalto y mató al guarda fue ‘El Nica Manuel’ (también conocido como Sandino), un hombre al que habían detenido en Alajuela porque se había metido a robar en Coopesa y mató al guarda. Sin embargo, esa vez si lo detuvieron en el momento del crimen”, contó.

Los compañeros decidieron hablar con el juez penal Gonzalo Castellón, le explicaron la situación y pidieron tener acceso a las huellas dactilares que había en el archivo de la DIC. Le explicaron que debían decomisarlas para compararlas con las huellas de El Nica Manuel (Sandino), porque tenían información que confirmar.

“En ese tiempo había un pleito grande porque la DIC no quería desaparecer, pero el OIJ ya había entrado a operaciones. Sin embargo, fuimos al archivo de la DIC y el jefe Rodrigo Ureña se portó muy bien y nos entregó las huellas mediante un acta de decomiso”, agregó el investigador.

Curiosamente, El Nica Manuel (Sandino) no estaba reseñado en ningún archivo judicial, así que sus huellas no se encontraban por ningún lado. Sin embargo, el juez ordenó trasladar al reo a los tribunales para confrontar las huellas a petición de Brenes y Retana.

“Yo estaba acostumbrado a hablar con los reos de la Peni, pero nunca había tenido más miedo que el día que enfrentamos a El Nica. Daba escalofríos estar frente a él, era algo bestial e impactante su personalidad. Recuerdo que tenía una gorra que le tapaba los ojos y eso hacía que se viera más intimidante”, relató Brenes.

Le tomaron las huellas al recluso, se ordenaron los estudios y varios días después los investigadores emitieron el criterio de que él era el responsable del asesinato del guarda de la arrocera, gracias al trabajo de dactilografía que realizó Juan Antonio Rescia Chinchilla, quien para Brenes es el “mejor dactilógrafo que existe”.

Otro dato que ayudó a la condena fue que cuando El Nica Manuel (Sandino) fue detenido en Alajuela se le decomisó un arma, esta era la que se había perdido de la escena del crimen en Heredia.

“La huella es la mejor evidencia que hay, porque si existen 20 coincidencias, no hay forma de que no sea una evidencia viable. En ese tiempo apenas estaba naciendo la investigación por medio de huellas dactilares, por eso teníamos miedo de que en el juicio pusieran en tela de duda las huellas”, contó.

Los investigadores, además de la prueba lofoscópica (huellas), también aprovecharon sus estudios en Venezuela para solicitar pruebas de balística y así confirmar que el arma que se usó en el atraco y asesinato en Alajuela era la misma que le pertenecía al guarda de la arrocera. La tesis de los investigadores se confirmó. Doble prueba irrefutable del delito.

Un juicio controversial

El martes 17 de agosto de 1976, a las 8 a. m., se llevaría a cabo el primer juicio oral y público en Costa Rica basado solamente en pruebas técnicas, es decir, sin testigos oculares. El lugar de tal acontecimiento fue la sección primera del Tribunal Segundo Penal, en San José.

El tipo le dijo a mi compañero que quien cometió el asalto y mató al guarda fue ‘El Nica Manuel’ (Sandino), un hombre al que habían detenido en Alajuela porque se había metido a robar en Coopesa y mató al guarda, pero esa vez si lo detuvieron en el momento del crimen”

—  Rafael Ángel Brenes, investigador del OIJ

Por el hecho fue juzgado Manuel Ramírez Ramírez, conocido en el mundo del hampa con el alias de Sandino, informó La Nación.

El primer día del juicio se llevó a cabo entre las 8:30 y las 11:30 a. m. Luego de casi tres horas el debate se suspendió debido a que el acusado insistió en que el arma que usó en el homicidio en Alajuela, la había obtenido de un hombre de apellido Barrot que, según Sandino, estaba recluido en el penal de San Lucas.

En el juicio participó el técnico en dactiloscopía Rescia Chinchilla quien levantó las huellas dactilares en la escena del crimen de la arrocera. Rescia señaló ante los jueces que las huellas obtenidas eran suficientes para asegurar que el implicado era el culpable. El especialista explicó que las huellas localizadas de Manuel Ramírez coincidían en 18 puntos característicos irrefutables.

Sin embargo, a petición del acusado, el juicio se reanudaría el 30 de agosto para realizar investigaciones complementarias y, además, llevar al estrado como testigo al hombre de apellido Barrot para que confirmara o descartara la declaración de Sandino.

Culpable y 20 años de cárcel

“Sandino condenado a 20 años de cárcel. El nicaragüense Manuel Ramírez Ramírez, alias Sandino, fue condenado ayer a 20 años de prisión como autor responsable del crimen de Miguel Ángel Rodríguez Carballo, guarda de la arrocera Los Cipreses, hecho perpetuado el 25 de febrero de 1973″, reportaba La Nación el 31 de agosto de 1976.

Los jueces José Alberto Mazariegos García, Édgar Amador y el Dr. Carlos Luis Redondo Gutiérrez, declararon que la investigación que se efectuó a Sandino por el homicidio en contra de Pablo Madrigal Rojas, más las pruebas obtenidas en el caso de la arrocera, lo señalaban como el responsable de asesinar al guarda de la arrocera.

“La sentencia dictada ayer en contra de Sandino se considera histórica, debido a que por primera vez se resolvió un proceso mediante el aporte de pruebas técnicas sin la presencia de testigos. Las únicas pruebas existentes fueron balísticas y las huellas digitales”, explicó La Nación.

Así concluyó uno de los hitos históricos del OIJ, desde que se comenzó a funcionar en 1974. En próximas ediciones de la Revista Dominical ampliaremos sobre otros casos curiosos que han forjado la identidad de la institución a lo largo de estos años. En la siguiente entrega ahondaremos en los hechos que ocurrieron alrededor del secuestro de la niña Yorleny Castro Sequeira, de nueve años, que sucedió en 1975.

Recuadro

Constante crecimiento

De aquel Jeep Toyota que se turnaban los funcionarios del OIJ en sus inicios, a la actualidad, han cambiado muchas cosas. La institución se ha concentrado en mejorar tanto en el conocimiento, actualización y preparación de su capital humano, como con inversiones en temas de equipos y tecnología.

Álvaro González, jefe de la Sección de Asaltos del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, de San José, ha vivido en carne propia ese desarrollo durante sus 25 años de labor en la institución.

“Tenemos que ir de la mano con la evolución de la delincuencia. Nuestro trabajo es luchar contra la delincuencia y, de forma objetiva, brindar herramientas a la justicia para juzgar de forma científica y ordenada”, explicó González.

Desde que se fundó el OIJ las especializaciones de sus funcionarios han sido un punto importante en su agenda. González recordó que desde el principio existió la necesidad de la capacitación del personal (lo que sucedió en los años 1972-1973 con los cursos que realizaron los investigadores en Venezuela) y que con el pasar de los años la organización se ha encargado de, en la medida de su presupuesto, invertir para que sus funcionarios se capaciten y compartan sus conocimientos con sus compañeros.

Además de la inversión del OIJ, muchas de estas capacitaciones se logran por el apoyo y la coordinación con policías y entidades judiciales de otros países, que ofrecen a Costa Rica mucho trabajo en colaboración.

En términos más técnicos y de equipamiento, González nombró algunos recursos que han ayudado a que las investigaciones de la institución sean de mayor calidad.

“No podría imaginar las investigaciones si no tuviéramos, por ejemplo, el recurso de los vehículos para hacer seguimientos y vigilancias, o si no existiera una oficina de protección de víctimas y testigos (...) Siempre nos mantenemos actualizados y a los muchachos nuevos se les capacita en temas de dactiloscopia, medicina legal, balística, acondicionamiento físico y defensa personal”, dijo.

Además, González mencionó técnicas de entrevistas a testigos, levantamiento de pistas, la evolución de la unidad canina, que en un principio solo identificaba drogas e hidrocarburos, pero que actualmente sus perros detectan sangre, semen y restos humanos. Además, ahora se cuenta con investigadores capacitados en la escena del crimen, así como una unidad de supervisores que dicta los procedimientos para llevar las investigaciones.

En temas de digitalización, los programas computacionales han avanzado para facilitar y agilizar el trabajo de los funcionarios por medio de un expediente digital, en el que se registra todo el proceso de investigación. “Detrás de todo hay un personal administrativo muy valioso”, agregó González.

En cuanto a equipo, el funcionario destacó que en el año 1984 difícilmente se veían armas pesadas. La policía pasó de usar un revólver calibre 38 a portar en la actualidad una pistola 9 milímetros de última tecnología, así como equipo de protección especial como chalecos antibalas, cascos y escudos.

El OIJ cuenta con laboratorios de punta que se tratan de profesionalizar constantemente y conseguir las normas de calidad ISO. “Las pruebas de ADN son más rápidas y efectivas, también utilizamos los análisis dentales para identificar personas. Antes uno llegaba a una escena y tenía que tapar todo para hacer las pruebas de luminol, ahora tenemos en el complejo de ciencias forenses la estructura idónea para llevar, por ejemplo, un vehículo y analizarlo ahí. Todo eso era soñado, era imposible para nosotros”, recordó el funcionario.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Cubre temas de música nacional e internacional, además de informaciones de entretenimiento.