“Hoy sesionará la Asamblea Constituyente en la tarde y en la noche”, dice La Nación a pocos días de la entrada en vigor del nuevo texto, el 8 de noviembre de 1949. Era un asunto del día a día, de interés para el ciudadano, no una discusión abstrusa de señores encorbatados y ya. En algunos círculos de trabajadores, los periódicos se leían en voz alta. La guerra ya quedaba atrás, pero el capítulo siguiente concernía a cada ciudadano.
“De dos a seis y de las siete de la noche en adelante hasta dejar terminada la revisión de forma, con el objeto de proceder a la publicación de la nueva Carta Magna”, continúa la breve nota periodística. Una sensación de urgencia, de inevitabilidad.
El año anterior, tronaron los balazos hasta en el centro de San José; algunas familias dormían bajo las camas; otras se habían peleado irremediablemente. Ahora, faltaban pocos días para comenzar de nuevo.
Así sería, como bien sabemos ahora, y como lo dijo también La Nación en su editorial del 8 de noviembre: “Vuelve el país a su régimen constitucional, que sólo abandonó a impulso nocivo del hado adverso”. En esa carta al lector recuerda que el medio había cuestionado la prolongación del régimen temporal, entre una ley general y otra, pero ahora volvían las cosas a la normalidad.
“Hoy se traza la línea divisoria entre dos épocas y hemos de sentir mayor preocupación por el futuro, no sin que cuando llegue el caso echemos una mirada retrospectiva en busca de enseñanzas”, dice la nota.
Decirlo todo así es muy fácil, pero bien sabemos, porque lo recordamos en monumentos, plazas, museos y libros, que no fue así.
Pero en estos 80 años de La Nación, queríamos recordar también el estira y encoge inevitable de una disputa democrática. Si queríamos volver al orden, debíamos ponernos de acuerdo. ¿Cómo se logró?
Un país en conflicto
No hace falta escarbar tanto en la memoria para recordar el quiebre que desembocó en la necesidad de una nueva constitución. Reclamos electorales, tensiones ideológicas y un choque de poder disparó la guerra civil, última del país, que fracturó una sociedad con el riesgo que no pudiera recuperarse fácilmente, como sucedía en las naciones vecinas y del continente.
Así, la Constitución de 1949 surgió durante el gobierno provisional de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer. La Junta asumió el poder el 8 de mayo de 1948, después de la guerra civil, y concentró temporalmente las funciones ejecutivas y legislativas. Su mandato contemplaba convocar una Asamblea Constituyente y entregar el poder a Otilio Ulate Blanco.
Ya por ahí surgieron problemas, pues hubo disenso sobre cuánto poder debía concentrar ese gobierno transitorio y cuánto tiempo debía tomar.
¿Uno de los críticos? La Nación. “Este periódico, desde el comienzo de la época de interinato, se pronunció con toda decisión por la vuelta al régimen constitucional, como la medida única de devolver al país la confianza, que no podía tenerla plena sino en un régimen institucional al que fue estrechamente apegado en todas las épocas de su historia”, decía en el editorial citado.
Pero la “prolongación de un gobierno de facto” culminó, tras amplio debate, con la Constitución. Para conocer ese proceso contamos con las actas y con numerosos estudios históricos que dan cuenta de las exclusiones y las modificaciones que se dieron entonces.
No todos los actores políticos que habían participado de la vida política antes de 1948 tuvieron la oportunidad de participar directamente en las elecciones a representación para la Asamblea Constituyente.
“Muchos de los calderonistas, principalmente, que habían tenido un papel importante durante el gobierno, no solo entre 1940 y 1948, sino desde 1932 hasta 1948, no van a tener la oportunidad de participar directamente como candidatos”, recuerda el historiador David Díaz Arias.
“Los otros que quedan excluidos más directamente son los comunistas. Estos no van a tener ningún tipo de representación ni siquiera la oportunidad de plantear candidaturas para ser diputados a la Constituyente”, explica.
Por otra parte, hay un nuevo grupo que no estaba directamente vinculado políticamente con la vida política antes de 1948, pero que ahora sí se va a integrar: el Partido Socialdemócrata, fundado en 1944, “principalmente por personas que habían pertenecido al Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales”, recuerda Díaz.
De este modo, el 8 de diciembre de 1948 se dio la elección entre siete partidos políticos. Cuando se dio el resultado final, se encontró que cuatro de ellos obtuvieron votos para 60 diputados: 45 del Partido Unión Nacional, 8 del Partido Constitucional, 6 del Partido Social Demócrata y 1 del Partido Confraternidad Nacional (15 eran suplentes, el resto, propietarios).
Según el historiador del Derecho Tomás Federico Arias Castro, la Asamblea Nacional Constituyente se instaló el sábado 15 de enero de 1949 en el antiguo Palacio Nacional y se inauguró a las 2 p. m.
La Asamblea inició formalmente sus labores el lunes 17 de enero. Uno de sus primeros debates giró en torno al texto que debía servir como punto de partida para la nueva Constitución: el proyecto elaborado por una comisión de juristas, que había sido modificado por la Junta de Gobierno, o la Constitución de 1871.
Claro está, el bando ganador buscaba imponer sus propuestas para una nueva (Segunda) República. Sin embargo, los sectores figueristas no lograron imponer su propuesta constitucional ante una Asamblea Constituyente dominada por los ulatistas. Como señala Díaz, los socialdemócratas temían que se retomara la Constitución de 1871, considerada por ellos “fuera de nuestro tiempo”.
Pero el 8 de abril de 1949, la Asamblea aprobó el dictamen favorable a restablecer esa carta constitucional como base, por 24 votos contra 21, dejando de lado el proyecto que contenía “teorías extremas” que no eran “la expresión del sentimiento nacional” ni representaban “la voluntad o el querer de la mayoría de costarricenses”, según artículo de Díaz.
No se descartó todo. En cuenta, sobrevivieron las Garantías Sociales aunque no tuvieran representación sus promotores originales. Después de todo, “cualquier constitución es el producto del compromiso de las fuerzas políticas dominantes”, nos recuerda el constitucionalista Rubén Hernández Valle.
“Es decir, en la Constitución de 49 es muy claro, aunque el Partido Unión Nacional era el partido dominante con 31 diputados de 45, al final se ahogó en muchos aspectos por las mociones que presentó la fracción social de que solo tenía tres diputados”, señala.
Paso a paso de la Constituyente
Tenemos más que decir de la familia Hernández. Para 1949, Rubén Hernández Poveda ya era un notable periodista, habiendo fungido como maestro en la escuela de Capellades de Cartago desde los 17 años. En épocas del conflicto fratricida tenía sus posturas claras y las defendía en la prensa; el acontecer legislativo lo comentaba en su columna de La Prensa Libre.
En 1953 publicó esas crónicas en Desde la barra: cómo se discutió y emitió la Constitución política de 1949 (Ed. Borrasé), precisamente como recordatorio de lo difícil que fue llegar a ese punto. A ocho décadas, su hijo lo tiene claro, pues Hernández Valle es el reconocido abogado constitucionalista nacido pocos meses antes de este periódico en una casa de barrio Los Ángeles, en calle 10, entre avenida 12 y 14.
“Cuando se publicó la Constitución yo tenía tres años. Lo que sí recuerdo con firmeza fue el año 1953, cuando ya tenía siete años y papá publicó el libro. En esa época se trabajaba con galeradas, en las que se levantaba el texto en tipografía. Él llegaba por las noches a revisarlas, pues, lógicamente, tenían errores”, cuenta el abogado.
Por aquel entonces, había un intenso debate en la opinión pública. Lo vemos en los periódicos, en los fragmentos de cartas de opinión donde todos tienen algo que decir. Don Alex Curling alza la voz por los afrocostarricenses y unas páginas después, otro grupo reclama por los valores cristianos. Se cuestionan decisiones sobre el Poder Judicial y se medita sobre el futuro de la educación.
“En esa época, las personas educadas se interesaban mucho por los asuntos públicos y existía una gran efervescencia y discusión en los distintos círculos sobre los principales temas políticos. Entre ellos estaba, desde luego, la divulgación de la nueva Constitución”, dice don Rubén. Hubo tiempo, pues la Constituyente llegaría a sesionar 183 veces.
“La gente participaba activamente: enviaba artículos a los periódicos, intervenía en los programas de radio y acudía a las barras del antiguo Congreso, hoy el edificio del Banco Central, para escuchar los debates parlamentarios”, recuerda Hernández Valle. Su padre asistía: de mañana trabajaba como jefe de redacción de La Prensa Libre, por la tarde en el Congreso como secretario (lo que hoy sería director ejecutivo) y por la noche volvía a casa a redactar la columna Desde la barra.
Se encendían algunos problemas de vez en cuando. Digamos, dos constituyentes molestos por una visita de don Otilio Ulate a recordar por qué se había firmado el pacto que finalizó la guerra, que ellos sintieron como presión. “Los insto para que depongan su enojo y dirijan todo su pensamiento al bienestar de nuestra querida Patria”, les recordó Fernando Volio Sancho, leemos en las actas.
En otra ocasión, Ramón Arroyo Blanco debe recordarles a sus colegas que “él no era un detractor sistemático contra la Junta, como algunos lo han calificado, ni su actitud contraria a ésta se puede tildar de un obcecado, ya que se ha limitado a censurar lo malo, los errores, y a aprobar lo bueno”.
De acuerdo con David Díaz, “el primer gran problema fue que algunos de los integrantes creían que haber ganado la guerra por las armas también les otorgaba el poder de decidir cómo debía organizarse políticamente el Estado después de la guerra civil”.
Cuando la Asamblea rechazó el proyecto constitucional de la Junta Fundadora de la Segunda República, se produjo una ruptura política: todos los miembros de la Junta renunciaron a sus cargos y le comunicaron a Otilio Ulate que debía asumir el gobierno a partir del día siguiente. No pasó. Algunas figuras como Rodrigo Facio lograron calmar las aguas y reencauzar el debate.
“Este episodio es importante para comprender las dificultades de la negociación política”, dice Díaz. “Los miembros de la Junta consideraban que el Estado podía organizarse constitucionalmente de manera similar a como ellos gobernaban: mediante decretos-ley, sin necesidad de someter sus decisiones a la discusión de un Congreso”.
De hecho, en una de las actas, Fernando Volio Sancho lo reconoce. Dice que “en comentarios callejeros y publicaciones de prensa se se sugiere que la asamblea tiene una intención de convertirse en Poder Legislativo”, pero él recalca: “No creo que la asamblea deba ni pueda convertirse en congreso ordinario.” Esa ha sido y es mi opinión que sostengo y habré de mantener todo el tiempo". El poder era transitorio: el futuro estaba en juego.
“Hasta entonces, sus integrantes habían sido los vencedores de la guerra civil y no habían tenido que gobernar mediante la negociación, el diálogo con la oposición y la búsqueda de acuerdos”, explica el académico.
Por supuesto, toda Constitución del mundo —las democráticas y las que funcionan— está atravesada por esos disensos y puntos en común. Lo crucial es que nuestro texto incluye contrapesos y una prospectiva de lo que podía suceder, no fuera a ocurrir otro quiebre democrático como el recién vivido.
En una de las actas, se nos recuerda que Mario Leiva Quirós subrayó que “la aprobación del Proyecto no implicaba que no se le pudieran hacer las reformas pertinentes”. “Se ha dicho que el problema no es de leyes sino de hombres. Pero, de aceptar este razonamiento, tenemos que partir del principio que los gobernantes del futuro sean perfectos, pues de otro modo hay que proceder a fijar los diques para que los hombres no salten sobre la Constitución”, dice.
Así las cosas, el texto debía ser firme pero flexible, claro, pero capaz de cambiar. Asimismo, se estableció el sistema de contrapesos que ha permitido, desde entonces, que pese a las desavenencias comunes de la vida política, se mantenga un sistema equilibrado donde cada fuerza encuentra su resistencia, en procura de atender a los llamados mayores de la Constitución.
“El constituyente continuo tuvo la virtud de establecer un Poder Ejecutivo racionalizado y dio al presidente las funciones propias de un régimen presidencialista, a la vez que se le dotaron de una serie de controles”, explica Rubén Hernández.
“Se le eliminó todo lo que era materia electoral, se le se le otorgó autonomía política a la municipalidades que no las tenían entonces y dependían del poder ejecutivo, se creó la Procuraduría General de la República para el control de la Hacienda pública, se creó la la posibilidad de las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios”, continúa.
Es decir, un cambio fundamental en el esquema del gobierno: se pasó de un gobierno unipersonal a un gobierno compartido con controles.
En la portada de La Nación del primer día de nuestra nueva vida democrática, aparece don Fernando Baudrit, luego líder judicial, firmando el texto de la Constitución, hoy conservado en el Archivo Nacional.
“Seamos optimistas, pero pongamos nuestro esfuerzo en contribución para que ese optimismo no resulte a la postre defraudado”, recuerda el editorial del diario.
Podía pasar de todo, al fin y al cabo; las heridas estaban frescas. En los ejemplares de la época encontramos que un día la junta directiva del diario publicó una advertencia a los accionistas: figuras del Partido Socialdemócrata buscaban acaparar acciones. Para que no se convierta en órgano del partido, dicen, mejor estar atentos. Luego, el director de La Nación, Sergio Carballo, relata que una figura llegó a reclamarle directamente en persona a la redacción, pero que lo conminó a retirarse. El diario seguiría siendo independiente.
Luego de entrar en vigencia la Constitución de 1949 comenzaba el trabajo más arduo todavía de poner a caminar una nueva República. El 16 de noviembre titula La Nación: “De imperativa necesidad la inmediata redacción de más de treinta leyes que reglamenten la Carta Política”.
“Los profesionales del derecho, tienen que crear una nueva mentalidad jurídica y llevarla a sus clientes, de acuerdo con la nueva orientación que se da a la legislación positiva del país”, escribe el anónimo redactor. “Es imprescindible un rápido estudio de la legislación positiva vigente, que en muchos aspectos ha entrado en pugna con el sentido de la Carta Política creando una situación antijurídica que, de conservarse, puede provocar el caos en materia legal”.
Aquí estamos todavía, haciendo calzar una pieza con la otra, procurando mantener una paz social con base en un texto que, tras el fragor de la batalla, quiso imaginar una convivencia pacífica que durara muchas décadas más.
Nos falta preguntarle a don Rubén Hernández Valle, tras medio siglo de especialización en lo constitucional, si siente que estudiamos lo suficiente la Constitución en Costa Rica en los diferentes niveles educativos.
“No, ni siquiera quienes deberían estar obligados a hacerlo”, afirma. “Lo que más me llama la atención es que la mayoría de los políticos opina sin haber leído la ley o la Constitución y, muchas veces, sin entenderlas. Incluso quienes se autodenominan constitucionalistas dicen cada barbaridad que basta con escucharlos un rato para darse cuenta”, reclama.
Basta con volver los ojos al pasado para recordarnos que, si bien fue difícil, se pudo. Habiendo pasado lo peor para un pueblo, surgió un texto, pero que no estaba solo, sino empapado del contexto geopolítico, de la crisis económica del país y de las necesidades de una sociedad en plena transformación. Las páginas de un diario no son, pues, letra muerta, sino materia de estudio para el futuro, este que compartimos hoy.
Línea de tiempo: ocho fechas clave
8 de febrero, 1948
Elecciones presidenciales y crisis política. Otilio Ulate Blanco fue declarado ganador de las elecciones presidenciales. La anulación posterior de los comicios legislativos y la crisis en torno al resultado electoral desembocaron en la guerra civil.
8 de mayo, 1948
Se instala la Junta Fundadora. José Figueres Ferrer asume la presidencia de la Junta Fundadora de la Segunda República, que concentra temporalmente las funciones ejecutivas y legislativas y emprende la reorganización del Estado.
25 de mayo, 1948
Se nombra la comisión redactora
La Junta designa a nueve personas para preparar el proyecto constitucional que se someterá a la futura Asamblea Constituyente.
Tribunal Supremo de Elecciones
3 de setiembre, 1948
Convocatoria a elecciones constituyentes. El decreto n.º 151 convoca a los ciudadanos a elegir 45 diputados propietarios y 15 suplentes para redactar la nueva Constitución.
8 de diciembre, 1948
Se elige la Asamblea Constituyente. Cuatro agrupaciones obtienen representación. El Partido Unión Nacional consigue la mayoría de los 45 puestos propietarios.
15 de enero, 1949
Comienza la Asamblea Constituyenye. La Constituyente se instala en el Palacio Nacional. Arranca el debate sobre el proyecto preparado por la comisión de juristas y las alternativas para redactar la nueva Carta Magna.
8 de abril, 1949
La Asamblea elige como base la Constitución de 1871. Los constituyentes descartan el proyecto de la Junta como texto base y deciden trabajar sobre la Constitución anterior, introduciendo reformas durante las sesiones.
7 de noviembre, 1949
Se aprueba la Constitución vigente en su versión final. La Asamblea emite el texto constitucional, que reorganiza el Estado y establece el marco institucional de la Segunda República. Al día siguiente, Otilio Ulate asume la Presidencia y la Constitución de 1949 entra en vigencia.