EscucharLos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan 12 horas al día, y empiezan a cobrar horas extra hasta después de esa jornada; pese a esto, algunos investigadores acumulan hasta 100 horas extra al mes debido a las grandes cargas de trabajo y a la falta de personal. Así lo aseguró el secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), Mauricio Gómez, quien trabaja en el organismo desde hace 34 años.
“Los agentes cobran horas extra hasta después de las 12 horas de trabajo, y tenemos compañeros que llegan a cobrar hasta 100 horas extra al mes. ¡Son 100 horas generadas después de las 12 horas de trabajo! Imagínese la cantidad de horas que están trabajando, y eso afecta a nivel familiar, casi que tienen que ser muchachos solteros, porque no hay familia que aguante eso”, lamentó el secretario general.
Gómez explicó a Revista Dominical que las grandes cargas de trabajo y la presión por conseguir resultados terminan por afectar la salud física y mental de los investigadores. No se trata solo de los agentes especializados en investigación e intervención policial, sino también de peritos forenses y en la morgue.
En esto coincide Jorge Eduardo Cartín, perito forense del OIJ y secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sintrajud). Desde su punto de vista, el estrés, los horarios exhaustivos y la imposibilidad de ampliar los grupos de trabajo y las precarias condiciones laborales han provocado una crisis dentro del organismo. Para él, eso implica que los resultados del Poder Judicial no sean los esperados por la sociedad.
“La Ley de Flagrancia aumentó casi en el doble la carga de trabajo en Ciencias Forenses, pero tenemos el mismo recurso humano. Así es casi imposible dar respuesta. El Poder Judicial raspa la olla para mantener el servicio, pero acá se trabaja todos los días 12 horas, porque el recurso no da, hacen falta más de mil agentes”, reclamó Cartín.
Este jueves 21 de agosto La Nación publicó que, en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes, en la que se contabilizan 559 asesinatos en lo que va del año, el gobierno de Rodrigo Chaves decidió no girar los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para crear 244 plazas adicionales en el OIJ y la Fiscalía, entidades que alertaron sobre un déficit de personal. Por tanto, estos cuerpos de seguridad se ven obligados a trabajar más, con menos herramientas.
La necesidad de crear plazas en el Poder Judicial fue expuesta por el director del OIJ, Randall Zúñiga, y el fiscal general, Carlo Díaz, el 2 de octubre del 2024 ante los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. En conjunto, los jerarcas advirtieron de que afrontaban un déficit de 1.450 funcionarios.
El secretario general del Sintrajud dio algunos ejemplos de la saturación que generan los altos índices de violencia en el sistema judicial.
En el caso de la unidad de Ciencias Forenses, el aumento en la cantidad de homicidios abarrota sus despachos; pero a esto se suma que los delitos son cada vez más complejos, y requiere mucho más tiempo analizar una escena del crimen con 40 casquillos de bala percutidos con cuatro armas diferentes, que un escenario más sencillo.
“En Ciencias Forenses tenemos como meta un tiempo máximo de respuesta máximo de tres meses, pero el promedio aumentó de un mes y medio a dos meses y medio. Cumplimos con los objetivos, pero los tiempos aumentan en todas las secciones”, declaró Cartín.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó lo dicho por el líder sindical.
“Para usar una frase costarricense: ‘hacemos de tripas, chorizo’. Estamos desgastándonos todos, nuestros muchachos, nosotros, con jornadas extenuantes, con sacrificios importantes a nivel familiar, físico y de salud. Pero sabemos que el OIJ es un pilar importante para el país y la democracia. No podemos bajar los brazos y decir que si no nos dan, no hacemos. No”, indicó Soto.
Agentes del organismo que prefirieron no revelar su nombre confirmaron a RD que el ataque hacia el trabajo del OIJ y el descrédito a su labor mella a los encargados de perseguir e investigar el crimen. Además, el “meterlos a todos en el mismo saco” y señalarlos de corruptos provoca molestia.
“Este es un trabajo complejo, delicado, desgastante física e intelectualmente, cada decisión es pensada porque sino los casos se caen. La jornada laboral se extiende a las 10, 12 horas, o más, y eso con un solo caso, pero uno maneja varios a la vez”, explicó a RD un investigador judicial que pidió mantener su nombre en anonimato.
El secretario de ANIC, Mauricio Gómez, explicó que la incursión del OIJ en estrategias de prevención del delito han llevado al límite las capacidades de los trabajadores. Según la Constitución Política, el organismo judicial tiene la responsabilidad de investigar los crímenes ya consumados, y es el Poder Ejecutivo el encargado de prevenir los delitos y proteger a la ciudadanía.
Sin embargo, el OIJ ha asumido tareas “extra” de prevención, como por ejemplo la operación Caribe 2.0, desarrollada en los primeros días de enero del 2025, durante la cual el organismo realizó un fuerte despliegue con 80 agentes de investigación en Batán de Matina, en Limón. El operativo se ejecutó un día después de que la delegación de ese cuerpo policial fuera atacada por dos sujetos que dispararon una AK-47 en ráfaga contra el edificio.
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No obstante, Gómez explicó que esto implica desplazar muchos agentes judiciales a esa zona, lo que desampara otras áreas del país y atrasa aún más el avance de los expedientes que están bajo investigación.
Michael Soto reconoció que esas operaciones tienen un sentido estratégico, ya que buscan desarrollar “acciones preventivas con algún sentido investigativo”, en especial para maximizar los esfuerzos. “Somos pocos, el recurso es limitado”, declaró a RD.
Tanto Mauricio Gómez como Jorge Eduardo Cartín coinciden en algunos otros aspectos que desmotivan y alejan a los agentes judiciales de desarrollar su carrera en el OIJ.
Por ejemplo, el congelamiento de salarios como resultado de la reforma fiscal, lo que ha provocado una desbandada de más de 900 agentes en los últimos años; cuando se logra contratar un reemplazo, la curva de aprendizaje es de muchos años hasta que adquiere los conocimientos del funcionario que renunció. Asimismo, debido a la Ley de Empleo Público, hay empleados recién contratados que ganan mejores salarios que sus colegas experimentados.
“Esto desmotiva y provoca que la gente no quiera trabajar en el Poder Judicial”, criticó Cartín.
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Mauricio Gómez recordó dos casos particulares ocurridos en el OIJ que considera injustos: en el primer caso, un oficial fue asesinado y su compañero resultó gravemente herido en la cabeza; hoy en día, el agente está incapacitado y recibe un salario mucho menor, pese a que su condición es derivada de su trabajo. “En otro país él sería un héroe, pero más bien es castigado”, lamentó Gómez.
El segundo caso corresponde a otro agente del OIJ que fue asesinado en el ejercicio de su trabajo, pero su viuda actualmente recibe menos del 10% del salario original del fallecido: menos de ¢250 mil mensuales.
Sintrajud y ANIC han defendido que los agentes del OIJ deberían tener acceso a una jubilación más temprana que un trabajador común, no solo por la cantidad de horas que laboran, sino por el alto riesgo de su trabajo y la gran presión psicológica que enfrentan.
El 6 de mayo el presidente Rodrigo Chaves vetó el proyecto de ley que busca restablecer esa jubilación anticipada. Pese a la oposición del mandatario, durante la última semana la Asamblea Legislativa retomó la discusión de la iniciativa y se valora un posible resello para pasarle por encima al veto presidencial.
