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Amaru Ruiz es un ambientalista nicaragüense que preside Fundación del Río, una ONG que se dedica a estudiar los impactos ambientales en los márgenes del Río San Juan de Nicaragua y Costa Rica.
El pasado 11 de marzo, Fundación del Río publicó un informe que mostró cómo algunas concesiones que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua están provocando conflictos en la frontera con Costa Rica. Uno de ellos es el incentivo a la minería ilegal en Crucitas y en Conchudita, como lo reveló un reportaje de La Nación.
En esta entrevista, Ruiz detalla cómo las concesiones a empresas chinas están provocando un incremento de la actividad minera en la frontera norte de Costa Rica y qué puede pasar si las autoridades de ambos países no toman medidas a tiempo.
“No necesariamente es cierto que con otorgar una concesión industrial se termina la actividad de minería ilegal en las zonas donde se instale”, responde el ambientalista, sobre la propuesta que impulsan algunos sectores para regularizar la minería en Costa Rica.
Le ofrecemos un extracto de la entrevista, así como la conversación completa en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes deLa entrevista del domingov isite nacion.com, el canal de Spotify o el canal deYoutube de La Nación.
Esta semana la Fundación del Río presentó un informe sobre concesiones chinas en Nicaragua. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales?
Lamentablemente en Nicaragua hay un aumento de las concesiones mineras otorgadas por el régimen Ortega-Murillo. Estamos hablando de 71 lotes de concesiones mineras y se las han entregado a al menos 15 empresas que son de reciente constitución, pero que además no se conoce toda una serie de elementos para determinar la experiencia de estas empresas chinas en el sector minero industrial.
“Como parte de los hallazgos nos hemos encontrado que hay un interés minero de estas empresas chinas más allá del oro y la plata. Es decir, estamos hablando de intereses de otros minerales que son conocidos como minerales críticos: cobre, cobalto, zinc, uranio, molibdeno, tungsteno, cromo, níquel.
“Es decir, se han posicionado estos lotes concesionados a estas empresas mineras chinas con una serie de ventajas competitivas en comparación con otros actores u otros capitales que están invirtiendo en Nicaragua”.
El dato más relevante en la investigación es que se han entregado 8,5% del territorio nacional de Nicaragua. ¿En cuánto tiempo lo han entregado y cómo lo han logrado hacer?
Desde 2021 nosotros reportamos la primera entrega de concesión minera a una empresa china en el Caribe Norte nicaragüense. Sin embargo, la agresividad del proceso de entrega de concesiones ha sido prácticamente en los últimos dos años. Eso ha implicado incluso un proceso de desplazamiento de otras mineras, de otros capitales, pero también una modificación en el marco jurídico y ambiental del país.
“Por ejemplo, Nicaragua prohibía la actividad minera dentro de la reserva biológica a nivel nacional. Era altamente prohibido. Sin embargo, en 2025 lo que miramos fue una modificación del sistema de áreas protegidas del país que permitió la actividad dentro de las reservas naturales del país, y eso incluye la reserva biológica Indio Maíz que está y forma parte del corredor biológico, y que está cercana a la zona fronteriza con Costa Rica”.
¿Cómo está afectando a Costa Rica esta entrega de concesiones de Nicaragua a empresas chinas a Costa Rica?
Sí, efectivamente la entrega de concesiones mineras chinas en Nicaragua también genera un proceso de riesgos y tensiones a los países vecinos. Nosotros hemos identificado que al menos 11 lotes de concesiones mineras chinas se encuentran en zonas fronterizas. Cuatro lotes en zona fronteriza con Costa Rica y el resto en zona fronteriza con Honduras.
“En el caso de las concesiones mineras chinas en la zona transfronteriza con Costa Rica, lo que hemos determinado es que la empresa Thomas Metal S. A. es la que tiene el lote que se conoce como La Guinea, donde se está desarrollando la actividad de minería ilegal con procesamiento de material minero que viene de los sectores de Costa Rica: Conchudita y Crucitas. Se procesa en esta en esta zona, que ha sido otorgada a esta empresa, y además sirve de comercialización, es decir, también recibe material ya procesado de oro para comercializarlo en esa zona.
“Esa dinámica ha generado un aumento del contrabando de cianuro, mercurio; ha generado un aumento de las tensiones de las relaciones vecinales, sobre todo porque el régimen de Ortega-Murillo en la zona del río San Juan lo ha permitido. Es decir, el Ejército de Nicaragua sabe muy bien de la situación de la actividad de minería ilegal y, a día de hoy, el sector de Las Cruces sigue operando, y mientras siga operando ese sector va a continuar la actividad de minería ilegal.
“Además, nosotros lo que identificamos en el estudio es que no solo estamos hablando de minería, estamos hablando de contrabando de mercurio que entra a Costa Rica vía Nicaragua y que a Nicaragua entra de los países como México y China, porque en Centroamérica no tenemos minas de mercurio.
“Toda la actividad minera ilegal se calcula más o menos que representa el 30% de las exportaciones de oro en Nicaragua.
“Recordemos que cuando les entregaron el lote a las empresas chinas, hay un contrato legal del país para entrega de ese lote, y esa empresa es responsable legalmente de todo lo que ocurra dentro de esa circunscripción adscrita a esa empresa. Entonces, no puede desconocer la ley ni su responsabilidad con respecto a la dinámica minera que se está propiciando en la zona transfronteriza”.
¿Qué actividades se desarrollan en Las Cruces?
Nosotros estamos viendo que el aumento de la entrada de material costarricense hacia esa zona está generado porque han mejorado los procesos de lixiviación de este material en Las Cruces. Es decir, han convertido ese proceso en el más eficiente y para eso están utilizando pilas cianuradas, en donde utilizan cianuro para separar el oro de la roca.
Ese sedimento pasa por filtros de carbono activado, que es otro elemento que estamos viendo que está entrando de forma de contrabando. Luego pasa por cilindros metálicos de gas para elevar la temperatura. Utilizan peróxido de hidrógeno y ácido muriático para la purificación del material que se extrae y que el oro salga líquido y con un nivel mayor de pureza.
“Estamos hablando de un oro de alta calidad, de 24 quilates, que comparado con otros sitios como en Abangares, por ejemplo, es superior el quilataje en esa zona y eso genera un mayor nivel de precio.
“Entonces, lo que nos decían los mineros artesanales que están trabajando en la zona de Las Cruces es que cada tres días hacen el llenado de esas piletas. Las llenan con alrededor de 120 sacos de broza, que es lo que traen tanto de la zona de Costa Rica como de la reserva de Indio Maíz.
“Entonces, el procesamiento pasó a ser semi-industrial y eso genera que haya un interés de los mineros artesanales que están en la zona de Costa Rica, de pasar ese material a esa zona para tener un aumento de los niveles de eficiencia alrededor del saqueo del oro en esos territorios”.
En un informe anterior, ustedes documentaron que la invasión en reser de Indio Maíz en Nicaragua ya estaba cruzando con mucha facilidad a Costa Rica. Y esto sucede con el aval del gobierno de Nicaragua. ¿Qué le parece la reciente reunión de ambos países para solucionar estos conflictos en la frontera?
En ese informe señalamos que ese territorio fronterizo del otro lado, del lado nicaragüense, toda esa margen es parte del refugio de vida silvestre Río San Juan, que es un sitio Ramsar (un humedal designado como de importancia internacional en virtud de la Convención de Ramsar, tratado ambiental establecido en 1971).
“De la parte costarricense también es un área protegida que se llama Corredor Transfronterizo Caribe Caribe Norte. Entonces, del lado nicaragüense todavía no había asentamientos. Los únicos que estaban ahí eran los puestos del Ejército y de Migración que estaban en cada una de las desembocaduras de los principales ríos que desembocan al río San Juan desde Costa Rica.
“Sin embargo, lo que hemos notado es un proceso de permisibilidad para la invasión de personas en toda la franja fronteriza del río San Juan. Eso ha permitido que muy fácilmente los coligalleros crucen para Costa Rica y sorteen las acciones que hace la Fuerza Pública y la Policía de Frontera. Y eso lo sabe el Ejército de Nicaragua.
“Entonces, hay una complicidad del régimen de Ortega-Murillo para tratar de controlar ese corredor. Ahora, a eso se le suma toda la actividad minera que han permitido en el sector de Las Cruces.
“Yo creo que fue asertiva la decisión de Costa Rica de pedirle y exigirle al régimen de Ortega-Murillo que actuara en función de detener esta problemática que afecta a ambas naciones. Sin embargo, dudo mucho que haya un nivel de actuación beligerante para detener esta actividad de minería ilegal porque el régimen es cómplice de esta actividad de minería ilegal.
“Antes de esa reunión, el problema ya estaba. Es decir, no es una cosa nueva. La exposición ante la Asamblea Legislativa del ministro de Seguridad es un problema del que estamos hablando desde hace 2 años. Y que llega en este momento y en esta coyuntura, pero es un problema que el Ejército ya sabía, que la Fuerza Pública ya sabía, es decir, que las entidades y autoridades de ambos países ya sabían lo que estaba pasando. Nosotros habíamos denunciado hace 2 años precisamente la situación y no fue atendida como corresponde en su momento.
“Entonces, yo no creo que haya una voluntad política, al menos del régimen de Ortega-Murillo, de detener esta actividad en el sector de Las Cruces. Al día de ayer nosotros tenemos información de que sigue operando el sector de Las Cruces, y la próxima reunión que citaron es el 24 de abril. Vamos a esperar y evaluar qué resultados van a obtener alrededor de los compromisos que asumió el régimen de Ortega-Murillo. Pero mientras siga la actividad de minería ilegal en este lote concesionado a esta empresa minera china, la actividad ilegal va a seguir sobre el río San Juan, sobre territorio nicaragüense y sobre territorio costarricense.
“Nosotros, desde el punto de vista técnico, tenemos una percepción, porque la hipótesis que ha planteado el ministro de Seguridad (Mario Zamora) en la Asamblea Legislativa ha sido que, con la entrega de una concesión industrial, es que se acaba la minería artesanal, y eso nunca lo hemos visto en el caso nicaragüense. Más bien, la entrega de concesiones mineras industriales fomenta la actividad de minería ilegal alrededor o en otros sitios mineros.
“Entonces, no necesariamente es cierto que con otorgar una concesión industrial, por ende ya se termina la actividad de minería ilegal en las zonas donde se instale.
“Yo creo que eso desde el punto de vista técnico y ambiental y desde la experiencia que tenemos en Nicaragua, que tenemos más de 38 municipios con minería ilegal, lo que sabemos es que más bien los mineros artesanales se convierten en proveedores de material minero a las industriales, ¿por qué? las industriales tienen e invierten en el procesamiento más eficiente y por eso necesitan de los mineros artesanales, porque les llevan mayor nivel y cantidad de material y ellos pueden procesar más".
Para que haya una actividad, por ejemplo, en Conchudita, donde no se sabía que había actividad minera, debe haber una colaboración con personas en Costa Rica. ¿De qué otra forma se explica que los coligalleros nicaragüenses puedan saber que hay oro en esa zona?
En las visitas que nosotros realizamos en Crucitas, lo que encontramos es que personas costarricenses, vinculadas al sector minero, habían filtrado información de dónde estaba el oro. Y por eso el fenómeno de Crucitas.
“Esto también tiene una corresponsabilidad con las personas que están ahí en esos territorios, que tienen finca, que saben que hay esta actividad de minería ilegal. Y porque no la pueden detener ellos mismos, entonces prefieren mirar hacia otro lado y que esa actividad se siga presentando ahí. Recordemos que algunos finqueros incluso han cerrado las vías de acceso hacia esta zona fronteriza, hasta el acceso al río, y eso dificulta el trabajo de Fuerza Pública, y eso lo hemos visto en el caso de Crucitas: prácticamente cierran como que si fuera propiedad privada el paso de los caminos que llevaban hasta la trocha fronteriza.
“Entonces, hay un nivel de complicidad alrededor de la información que hubo en el caso de Crucitas, no sabemos en el caso de Conchudita, pero también hay una nivel de colaboración o de al menos de omisión de las personas finqueras que se encuentran en el lado fronterizo para tratar de no ver y no decir nada alrededor de la actividad minera que se desarrolla en esa área”.
En este sector no solo se desarrolla actividad minera. ¿Cómo se encuentra la afectación ambiental en esta zona del río San Juan?
Del lado de Costa Rica, lamentablemente ha aumentado los procesos de deforestación, ha aumentado el tráfico de especies de esas zonas; ha aumentado igual en ese corredor transfronterizo que es parte de un humedal que tiene Costa Rica en esa zona, un área protegida.
“Hemos visto también los procesos de contaminación de fuentes hídricas, tanto del río San Juan como Crucitas, el río Infiernillo, del otro lado de Nicaragua también varios caños que abastecen el río San Juan, estamos mirando que la gente no solo mercurio y cianuro, sino también están tirando latas, botellas, es decir, desechos sólidos vinculados a la actividad humana. También lo que estamos viendo es un aumento de otras actividades ilícitas, que también el ministro de Seguridad se refirió, pero que nosotros también hemos encontrado, incluso que va desde el tráfico de droga, trata de persona, contrabando de sustancias tóxicas como mercurio, cianuro, pero también ácido muriático, peróxido de hidrógeno, carbono activado o gas.
“Es decir, hay una dinámica comercial importante que compran el producto en Costa Rica y lo meten a Nicaragua o viceversa. Entonces, ha generado toda una dinámica más allá de solo el material minero”.
En la investigación anterior documentaron cómo en estos asentamientos improvisados en territorio nicaragüense no hay escuelas ni centros de salud, entonces las personas se cruzan a a hacia Costa Rica por estos servicios. ¿Qué cargas le genera al sistema costarricense?
En esa zona fronteriza donde se está permitiendo la invasión dentro de esta área protegida de Nicaragua no hay asistencia institucional de parte de Nicaragua. Es decir, no hay escuela, no hay centros de salud, no hay agua potable, no hay pulperías, etc... Entonces, lo que hace esa gente es cruzar el río y presionar por los servicios públicos que provee Costa Rica a la población ribereña del lado costarricense que tiene obviamente derecho, y aumentan los niveles de presión de matrícula, de atenciones en el centro de salud. Hasta ahora, el Estado costarricense ha sido solidario en la atención, pero eso llega hasta un punto: no se puede permitir que otro Estado presione, por una actividad ilegal, además de invadir una reserva protegida, que avale eso y que encima los costos de los servicios de esa gente que invade ese territorio, les caiga a un país vecino. Para mí, desde el punto de vista de las relaciones vecinales, es injusto.
¿Cuál es el mayor riesgo que ustedes pueden prever si esta situación sigue igual después de la reunión entre ambos países?
Si esto no se detiene y no hay una voluntad política del régimen de Ortega-Murillo, incluso nos puede acarrear un conflicto limítrofe por los impactos que hay. Recordemos que ya venimos de eso y ya se han resuelto los principales detalles y cuestiones alrededor del tema fronterizo, incluso del tema de los impactos con el dragado que hubo y que estuvo mal manejado por el régimen de Ortega-Murillo.
“Entonces, esto puede generar otro impacto que pueda incluso llegar hasta tribunales internacionales, que no queremos eso. Y más bien lo que tenemos que decir a ambos países es que no haya minería en la cuenca del río San Juan de ningún lado. Más bien debemos proteger ese territorio.
“Para nosotros, como ambientalistas, consideramos que es un ecosistema sumamente importante de protección. Ahí está la lapa verde, ahí está el jaguar, son corredores de los dantos, es decir, ahí hay un ecosistema bellísimo. Los turistas de la pesca deportiva llegan: los pescadores costarricenses cruzan el río San Juan para irse a tomar una cerveza del otro lado de la frontera. Esa dinámica de turismo, de conservación, es la que debe de prevalecer en un desarrollo de ambas fronteras”.
