Cristian Brenes, Antonio Alfaro, Amado Hidalgo. 15 septiembre
Rafael Vargas y Eduardo Li (primeros de izquierda a derecha), durante el Mundial de Brasil 2014, al que viajaron como Secretario y Presidente de la Fedefútbol.
Rafael Vargas y Eduardo Li (primeros de izquierda a derecha), durante el Mundial de Brasil 2014, al que viajaron como Secretario y Presidente de la Fedefútbol.

Quizás Eduardo Li contaba los días: “73” marcaba este martes la cuenta regresiva, cada vez más cerca de dejar atrás la setencia de dos años de libertad vigilida, por los delitos cometidos en el fútbol, cuando un anuncio interrumpió los tiempos de tema casi superado: el MInisterio Público de Costa Rica lo acusa, junto a Rafael Vargas, quien fuera su Secretario en la Fedefútbol, de administración fraudulenta por $172.000.

Aunque el expresidente de la Federación ya había sido sentenciado en Estados Unidos (precisamente hace dos años, en noviembre del 2018), la justicia costarricense pone de nuevo en el estrado sus actuaciones como jerarca del balompié costarricense.

La acusación corresponde a lo expuesto por La Nación en junio del 2018, la supuesta compra en el 2013 de 8.000 balones y 5.000 uniformes nunca vistos en la Fedefútbol. La firma del entonces secretario aparecía en la orden de compra; asimismo, junto a la de Eduardo Li, en documentos publicados por este diario que autorizaban las transferencias bancarias desde cuentas de la federación por el supuesto pago de los implementos.

Orden para transferir $92.000 de la Fedefútbol a la empresa Forward por la compra de 8.000 balones y 5.000 uniformes que nadie vio
Orden para transferir $92.000 de la Fedefútbol a la empresa Forward por la compra de 8.000 balones y 5.000 uniformes que nadie vio
Orden para transferir dinero de la Fedefútbol a la empresa Forward por la compra de balones y uniformes que nadie vio llegar a la Federación
Orden para transferir dinero de la Fedefútbol a la empresa Forward por la compra de balones y uniformes que nadie vio llegar a la Federación

Cuatro meses después, una investigación de la Sección de Delitos Económicos y Fraudes, a cuyo informe tuvo acceso este medio, corroboró que los implementos deportivos nunca ingresaron al país y que, en cambio, sí hubo transferencias de dinero por la supuesta compra.

El propio Li había admitido ante la justicia norteamericana haberse apropiado, mediante facturas falsas, de dineros correspondientes al Mundial Infantil Femenino, realizado en Costa Rica en el 2014. Aquel torneo, organizado con dineros de FIFA y del Estado, estuvo rodeado de nebulosas, anomalías y deficientes controles, no solo en lo actuado por Li, sino en torno a la contratación y pago de proveedores, según denunció en su momento La Nación.

Las irregularidades quedaron documentadas en una auditoría encargada por FIFA, de la empresa Ernst & Young, pero sobre cualquier otro hallazgo ajeno al exjerarca no se conoce denuncia alguna o siquiera investigaciones abiertas a nivel del Comité de Ética.

Denuncia de Fedefútbol. En Costa Rica, la causa judicial tiene su origen el 21 de octubre del 2016, cuando Rodolfo Villalobos, actual jerarca de la Fedefútbol, presentó la denuncia casi año y medio después de la detención de Eduardo Li, en Suiza.

Para entonces, Rafael Vargas había sido suspendido del cargo en el Comité Ejecutivo por tiempo indefinido, sin una explicación pública detallada. En diciembre de ese año dejaría definitivamente el puesto, sin sanción mediante, sino más bien con la posibilidad de seguir vinculado al fútbol federado, lo que le permite ocupar actualmente la presidencia del fútbol sala.

La salida se concretó con un finiquito, incluyendo el pago de sus derechos por parte de la Federación y la constancia de que no se le encontró “absolutamente ningún hecho irregular”, según ventiló Vargas este martes mediante un comunicado de prensa.

Horas antes, la propia Fedefútbol había revelado dei igual forma haber recibido el anuncio oficial del Ministerio Público “sobre la formulación de la acusación y solicitud de apertura a juicio contra los exfederativos Eduardo Li Sánchez y Rafael Vargas Brenes por el presunto delito de administración fraudulenta”.

La Federación anunció además la decisión de participar en el proceso como afectada directa, “querellante y actor civil”, por un perjuicio inicial que el Ministerio Público determinó en $172.000

Se trata de hechos ya juzgados en Estados Unidos, según el abogado de Eduardo Li, por los cuales su representado ya fue juzgado y la Fedefútbol resarcida con $1.100.000 hace más de un año.

“Deberían de informar a la fiscalía que ya recibieron una suma millonaria, cosa que no han realizado”, expresa Róger Guevara.

Rafael Vargas, en tanto, ofreció su versión mediante el comunicado de prensa en el que se dice enfocado en su actual labor como alcalde de Goicoechea, resalta que lo juzgado fue en el ámbito privado y no en el desempeño de la función pública y manifiesta su confianza en los Tribunales de Justicia. “Donde se probará que no cometí ningna falta”, concluyó, para advertir que no daría más declaraciones por respeto al proceso.

Diferencia en montos. Si bien Eduardo Li reconoció haberse apropiado de $90.000 con facturas falsas y el monto justificado con los balones y los uniformes asciende a $172.000 hay fuertes indicios de que se trata de los mismos hechos.

Una investigación de La Nación logró establecer coincidencias entre los destinos de las transferencias autorizadas por Vargas y Li y y una empresa en Panamá relacionada por la fiscalía de Estados Unidos con el FifaGate y el pago de sobornos.

La cuenta y la sociedad a la que se transfirió el dinero eran usadas por gente allegada a Jeffry Webb, entonces presidente de Concacaf, para que éste recibiera pagos de comisiones, entre ellas las de Traffic, la empresa comercializadora de los derechos de televisión para la Concacaf y varios países de la zona, entre ellos Costa Rica.

Con facturas de la empresa Forward Sports International Management Inc. y utilizando cuentas de la Fedefútbol en Bancrédito, Eduardo Li y Rafael Vargas Brenes autorizaron transferir $80.000 (el 29 de agosto) y $92.000 (el 12 de septiembre del 2013). Curiosamente la orden de compra que motivó los pagos tiene fecha del 23 de septiembre, muchos días después de que ya se habían realizado las transferencias por medio de Bancrédito.

El monto que Li admitió haberse apropiado coincide con el de una de las transferencias, pero nunca ha revelado públicamente si se trata del mismo hecho.