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La nueva norma del aborto terapéutico fue elaborada, firmada y presentada por Mariela Marín Mena, viceministra de Salud, cuando la ministra Mary Munive Angermüller estaba de vacaciones y Marín fungía como ministra interina.
¿Por qué no lo hizo la ministra Munive? Marín respondió esta pregunta este jueves en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
La viceministra aseguró que la jerarca se encontraba de vacaciones. El diputado José Pablo Sibaja Jiménez, del Partido Nueva República, preguntó cuánto tiempo llevaban trabajando en la norma.
“En algún momento había estado viendo la modificación de este decreto, yo como viceministra. Al quedar como ministra tomo la decisión, con mis potestades, de dictaminar ese posible decreto para derogar la norma anterior y presentar la nueva”, declaró Marín.
Para ello, dijo, se consultó con una mesa técnica de especialistas médicos y jurídicos del Ministerio, así como a un especialista en ginecoobstetricia del Hospital Calderón Guardia. Al Colegio de Médicos no se le consultó; Marín dijo que no era necesario.
Ella indicó que ella misma envió el decreto firmado a Casa Presidencial para la firma del presidente de la República y más adelante especificó: “la norma anterior era discriminatoria contra el no nacido”.
La viceministra confirmó que el año pasado se presentaron 20 solicitudes de aborto terapéutico y se aprobaron 10.
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‘Se han dado abortos ilegales’
Ante una pregunta de Ortega sobre dónde se violentaba al niño, Marín respondió que la norma anterior era “muy abierta”.
“La norma anterior sí desprotegía al niño por nacer en el momento en el que se permiten abortos terapéuticos con conceptos muy abiertos. (...) En esta norma yo quité la parte donde la madre tiene derecho a solicitar la interrupción del embarazo porque cree que está en peligro su vida. ¿Y cómo yo como mujer, sin tener conocimientos en ciencias de la salud, puedo saber si mi vida está en peligro?“, destacó la médica.
“Yo puedo entonces llegar a un hospital y decir que tengo una gripe y que siento que entonces está en peligro mi vida. ¿Realmente puedo yo establecer un diagnóstico? Aquí el único que sabe el estado de una persona es el médico“, agregó.
Para la viceministra, “por medio de esas cosas ‘abiertas’ se han dado abortos ilegales. Por mujeres que simplemente han decidido no cuidarse, quedar embarazadas y abortar a un inocente. Esas cosas son las que decidieron cerrarse con esa norma”.
Varias diputaciones cuestionaron a Marín cuáles abortos ilegales se dieron, pero no respondió directamente y dijo que estaba ahí para representar ahí a la madre y al niño por nacer.
“‘¿Mujeres que por no cuidarse quedaron embarazadas? ¡Eso es un juicio de valor y aquí usted está representando al Ministerio de Salud! Aquí estamos para hablar de lo técnico, no de sus valores. Fue su gobierno el que eliminó las guías sexuales", cuestionó diputada liberacionista Andrea Álvarez Marín.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy Palma, recalcó: “aquí no estamos hablando de abortos voluntarios, estamos hablando de abortos terapéuticos, únicamente en casos extremos en los que es necesario”. Ella calificó a la nueva norma como un “retroceso a los derechos humanos”.
Sibaja, por su parte, congratuló la protección al no nacido, pero aseveró que deja vacíos.
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Pensamiento distinto al de Munive
La posición de la viceministra contradice la interpretación de la ministra Munive, quien en diversas situaciones defendió la norma de 2019.
A inicios de julio, la ministra solicitó a la Sala Constitucional declarar sin lugar una acción de inconstitucionalidad promovida por varios colectivos en contra de la norma técnica.
Posteriormente, el 2 de agosto, después de la Eucaristía para celebrar el día de la Virgen de los Ángeles, se pronunció: “Cómo vamos a propiciar que una madre gestante pueda, desafortunadamente, por alguna complicación médica, fallecer y dejar, quién sabe, a niños desprotegidos. Hay que hacer una adecuada interpretación de las cosas”.
Esto fue cuestionado por Álvarez, quien le preguntó a la viceministra si ella estuvo de acuerdo con el cambio.
“De acuerdo con mis competencias como ministra tomé la decisión”. “Somos dos personas diferentes, trabajamos de una manera diferente”, subrayó Marín.
El diputado Antonio Ortega Gutiérrez, del Frente Amplio, cuestionó si se había aprovechado de que su jefatura no estuviera en el país.
– “Yo no aproveché, con mi criterio técnico y médico porque era necesario. La norma anterior solo hablaba de casos específicos. La norma anterior solo protegía a la madre; esta norma protege también al niño. El no nacido tiene derechos. Tenemos que defender al niño no nacido”, aseveró.
Ortega repreguntó si Munive avalaba ese cambio.
– “No me atrevo a hablar por ella, tendrían que preguntarle”, resumió.
Luego se le cuestionó por qué priorizó específicamente esa decisión y no otras.
– “El ministerio no puede detenerse. Yo tengo que tomar decisiones. (...) Yo le comuniqué lo que iba a hacer, ella me dijo que tomara las decisiones que yo tuviera que tomar y no revocó mi decisión”, destacó la viceministra.
¿Qué dice la nueva norma?
La norma publicada el pasado 16 de octubre sustituye a la emitida en diciembre de 2019. Tiene varios cambios.
El fin de esta norma es darle reglamento al artículo 121 del Código Penal de Costa Rica, promulgado el 15 de noviembre de 1970: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
En los cambios que contempla este código está que solo se considera que la vida de la madre esté en riesgo en lugar de salud y habla de “peligro para la salud”.
Este concepto es definido como la situación patológica adversa que pueda llegar a afectar o comprometer la vida de cualquiera en el binomio madre-hijo(a) de manera actual, real e inminente, durante el transcurso del embarazo, parto o postparto.
Tampoco permite a la mujer solicitar la evaluación de su caso, y es una junta de médicos quien debe comenzar dicha solicitud.
¿Qué sucede si el bebé no tiene posibilidad de vivir fuera del útero?
Si una mujer lleva un embarazo en el que de antemano sabe que el feto no sobreviviría fuera del vientre y esto le causa graves problemas a su salud mental y pone en jaque el funcionamiento de su día a día, ya no podría solicitar una evaluación para un aborto terapéutico.
La nueva norma ya no contempla esta posibilidad que sí estaba en la anterior, como un punto para salvaguardar la vida y la salud de la madre.
“Aquí no estamos permitiendo que ninguna situación psicológica sea un pretexto para que se practique un aborto. Aquí la única razón es que se vea en peligro inminente la salud y la vida de la mujer”, aseguró.
La nueva norma incorpora para estos casos el concepto de diagnóstico catastrófico fetal.
“Se le dará un acompañamiento psicológico a toda la familia gestante: padres, abuelos, hermanos para que ellos puedan sobrellevar esta situación. Si ellas tuvieran problemas de salud mental, también tendrían una atención integral, que tiene un fuerte componente de salud mental. Será priorizada, antes debía esperar”, señaló la viceministra.
Marín señaló que se tuvo un especial cuidado, ya que los casos que fueron llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamados “Ana” y “Aurora”, eran de dos mujeres cuyos bebés murieron horas después de dar a luz y de antemano se sabía que este era su destino. Pensando en ellas se estableció que hubiera un plan nacional de cuidados paliativos perinatales.
La diputada Priscilla Vindas Salazar, del Frente Amplio, definió obligar a continuar un embarazo en estos casos como “una tortura”.
“Aunque haya cuidados paliativos es tortura saber que no va a poder tener a su hijo o hija, aunque lo anhele con todo el corazón. No lo van a llevar a su casa, lo van a llevar al cementerio. Tener a un hijo incompatible con la vida extrauterina puede ser una tortura para muchas mujeres”, destacó.
Nueva convocatoria a Munive
Marín asistió a la Comisión de Derechos Humanos porque Munive se excusó. Los diputados indicaron que convocarán de nuevo a la ministra para que ella se refiera a los cambios en la normativa hechos por la vicejerarca y la opinión que tiene sobre estos.
