EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) objetó el proyecto de ley de la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que eliminaría la colegiatura obligatoria para ejercer la mayoría de las profesiones.
El Tribunal concluyó que la propuesta podría vulnerar la seguridad jurídica y el orden público, pilares que, según señaló, respaldan la prestación de servicios esenciales de interés nacional.
El criterio consta en el acta de la sesión del 29 de setiembre, en respuesta a una consulta de la Asamblea Legislativa sobre el expediente 25747, denominado Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura, el cual ingresó a la corriente legislativa el 27 de agosto.
La iniciativa pretende eliminar la obligación de incorporarse a un colegio profesional como requisito para ejercer actividades profesionales. El texto contempla excepciones para determinadas profesiones relacionadas con la vida, la salud, la seguridad pública o la fe pública.
TSE advierte de riesgos para servicios públicos
El TSE aclaró que el proyecto no regula materia electoral ni modifica sus competencias constitucionales relacionadas con los procesos electorales. Pese a ello, los magistrados razonaron que una desregulación amplia de la colegiatura profesional puede afectar la seguridad jurídica y el orden público que respaldan servicios esenciales del Estado.
Para el TSE, los colegios profesionales cumplen una función que supera la representación de los intereses de sus agremiados. Según el criterio institucional, estas entidades también permiten fiscalizar la idoneidad y la conducta ética de quienes ejercen determinadas profesiones.
El Tribunal advirtió de que debilitar esos controles puede trasladar a los ciudadanos los riesgos derivados de malas prácticas profesionales y provocar un incremento de los litigios.
La institución relacionó estas preocupaciones con sus propias funciones. Explicó que la organización de elecciones, el Registro Civil y otros servicios requieren profesionales en ingeniería, tecnología, administración, estadística y otras disciplinas.
El TSE consideró insuficiente que la fiscalización quede vinculada únicamente a un registro digital de profesionales sin un mecanismo preventivo.
Tribunal cuestiona cambios en honorarios
Otro punto cuestionado por el TSE es la eliminación generalizada de tarifas de referencia u honorarios mínimos, así como de aportes destinados a las organizaciones profesionales.
Según el criterio aprobado por los magistrados, las modificaciones pueden precarizar el ejercicio profesional y desincentivar la especialización técnica que requieren las instituciones públicas.
El Tribunal también objetó que la propuesta exceptúe de la desregulación solo a determinadas profesiones. A su juicio, el Estado depende de múltiples áreas especializadas y su fiscalización no debería reducirse con base en criterios fragmentados.
Proyecto enfrenta otras objeciones
Entre las entidades que manifestaron reparos desde agosto figuran diversos gremios como el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), además de representantes del sector médico.
Las preocupaciones planteadas se relacionan principalmente con la fiscalización de los profesionales, la ética y la protección de los usuarios que contratan sus servicios.
En setiembre, la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también cuestionó la propuesta en una entrevista con La Nación. La legisladora manifestó preocupación por las potestades que asumiría el Estado para controlar a profesionales.
Gordienko puso especial atención en los artículos que plantean la creación de un Registro Nacional de Profesionales adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y las disposiciones relacionadas con potestades disciplinarias sobre funcionarios públicos.
La diputada mencionó como referencia lo ocurrido en Nicaragua con abogados opositores inhabilitados, al advertir sobre los riesgos que, a su criterio, podría implicar concentrar determinadas potestades de control profesional en el Gobierno.
Proyecto requerirá 38 votos
La iniciativa también recibió un criterio de Corte Plena, que determinó que el expediente afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Los magistrados acogieron un informe de la magistrada Julia Varela que llegó a esa conclusión. Debido a esa incidencia, el proyecto necesitará 38 votos en la Asamblea Legislativa para ser aprobado.
