Después de que el proyecto de ley de armonización eléctrica fue archivado en el plenario de la Asamblea Legislativa por la falta de los 38 votos necesarios para su aprobación en segundo debate, días atrás, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) habría recibido una directriz en relación con todas las propuestas de las cuatro fracciones legislativas del bloque democrático.
La orden que les giraron a los 31 integrantes de la bancada del gobierno fue la de votar todas las propuestas firmadas por los opositores en contra, desde las mociones de orden y de fondo más inocuas hasta los proyectos de ley que se tramitan en el plenario.
La primera pregunta que surgió fue la de quién giró esa instrucción, en represalia por la decisión del Partido Liberación Nacional (PLN) de no apoyar la propuesta de armonización eléctrica, en sintonía con otros dos partidos de la oposición, el FA y el CAC.
Pero conforme pasaron los días, diputaciones como Nogui Acosta, Juan Manuel Quesada, Stephan Brunner y Gonzalo Ramírez les fueron comunicando a sus contrapartes del bloque democrático que habían recibido dicha instrucción desde Zapote y que no hay señales de que fuera a cambiar.
Así terminó el periodo de tres meses de sesiones ordinarias, este jueves 29 de octubre: con una negativa a avalar nada que esté firmado por los integrantes de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Bajo el mismo tratamiento está la Unidad Social Cristiana (PUSC), aunque su representante, Abril Gordienko, sí dio el voto a favor de la armonización eléctrica, junto con los oficialistas.
“No estamos de acuerdo con esos proyectos (de la oposición). Hemos discutido dos después de eso (del archivo de armonización). No significa que no vayamos a votar los proyectos que son buenos”, respondió Nogui Acosta, vocero del PPSO, a La Nación, cuestionado sobre las votaciones en contra de las propuestas de la oposición.
Acosta alegó que la diferencia entre proyectos de la oposición y el oficialsimo “tiene que ver un poco con las circunstancias políticas”, pero evitó responder si era básicamente una diferencia de firmas.
Al igual que varios diputados del gobierno se lo han comunicado a los opositores, también varios de las asesorías del PPSO han tenido que explicar a sus contrapartes que hay una instrucción de la que no pueden salirse.
Así lo confirmaron a La Nación múltiples fuentes en off, consultadas durante esta semana, en la que el peso de esa negativa se ha hecho cada vez más evidente en todos los órganos parlamentarios.
El caso de Ángela Aguilar
De igual forma, los hechos acontecidos el lunes y martes de esta semana, denunciados por Álvaro Ramírez y Salvador Padilla, del PLN, confirmaron la estrategia oficialista para no dar sus votos afirmativos para propuestas opositoras y apoyarla solo si es firmada por alguna diputación del PPSO. Esto aunque sea un calco de la propuesta opositora antes rechazada.
Se trata del expediente 25.332, impulsado por la herediana Ángela Aguilar, del PLN, para segregar y donar diez lotes de la ciudadela IMAS en Varablanca de Heredia a diez familias, con el objetivo de asegurarles acceso a los servicios públicos.
El proyecto lo trabajó Aguilar como alcaldesa con la exdiputada Kattia Rivera, en diciembre del año pasado. Ya había sido aprobado en primer debate en setiembre, fue retrotraído para hacerle arreglos, y estaba listo para votarse de nuevo en primer debate, con amplio apoyo por tener un objetivo loable.
Sin embargo, el PPSO avisó el lunes a Aguilar que votarían en su contra, por la instrucción girada por el Ministerio de la Presidencia.
Ese mismo día, el subjefe oficialista, Juan Manuel Quesada, y Marta Esquivel, presentaron un expediente con el mismo texto que el proyecto de Aguilar y el martes presentaron una moción de dispensa de trámites.
Denuncia de Claudia Dobles
El mismo día que el PLN denunció el supuesto plagio de ese proyecto de Ángela Aguilar y las presuntas demandas para que retirara el suyo, la diputada Claudia Dobles, de la CAC, denunció en el plenario una amenaza similar relacionada con un proyecto urgente del exdiputado liberacionista Rodrigo Arias para enmendar errores en la Ley de régimen sancionador de personas servidoras e integrantes de listas de suplentes, elegibles y meritorias del Poder Judicial.
Se trata de una reforma para hacer correcciones a referencias numéricas en la ley vigente, que se había aprobado en primer debate el 27 de agosto, con apoyo del PPSO. Luego fue retrotraída para hacerle arreglos y, finalmente, este martes 27 de octubre, fue votado en contra por Pueblo Soberano.
Dobles denunció que se le habían exigido que retirara ese proyecto de la agenda porque, de no hacerlo, se lo votarían en contra.
¿Hasta cuándo seguirá el conflicto?
Por ahora, no está claro cuánto podría durar el conflicto o “berrinche”, como lo califica la oposición, pero es claro que no será pronto. Además, el inicio del segundo periodo de tres meses de sesiones extraordinarias (de noviembre a enero) permitirá al Gobierno congelar absolutamente las propuestas opositoras.
De hecho, ya en la primera lista de proyectos convocados, solo priorizó sus proyectos, con 102 del oficialismo y 14 de excongresistas de oposición, pero del periodo pasado.
La diputada Diana Murillo, del PLN, enfatizó que la orden directa desde Casa Presidencial bloquea toda iniciativa de la oposición, sin analizar, sin evaluar si es una propuesta buena. “No lo digo yo, es algo que se ve y se aprecia, pero es una sitación complicada, cuando deberían estar construyendo puentes”, dijo.
Murillo señaló que, aunque el oficialismo crea que no necesita a la oposición, eso es falso, porque hay herramientas del Reglamento legislativo que les permiten a los diputados presentar mociones “que podrían entorpecer un proyecto”, así como la posibilidad de hacer consultas de constitucionalidad cuando se requiera.
José María Villalta, del FA, calificó la actitud como inmadura, poco seria y dijo que al final termina perjudicando al pueblo, que es el que necesita las reformas legales.
“Es una sacada de clavo, aunque lo normal es que en un parlamento democrático es aprobar unas cosas y otras no, pero cuando uno no sabe negociar, es probable que te rechacen los proyectos. Es muy lamentable, y en mi vida parlamentaria no había visto un berrinche de tal magnitud, pero el que pierde es el pueblo. Vamos a ver cuánto tiempo les dura el berrinche”, declaró Villalta.