La Sala Constitucional ordenó este lunes frenar la votación en segundo debate del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2027.
La medida fue ordenada por Fernando Cruz, en calidad de presidente interino, a raíz de una solicitud de medida cautelar urgentísima presentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, este mismo lunes.
A pesar de esa orden, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, dio inicio a la discusión y los diputados del Bloque Democrático pidieron la palabra para señalar que la notificación había llegado desde las 4:28 p. m.
No obstante, ella ignoró toda advertencia y siguió adelante, incluso diciendo que si nadie hablaría por el fondo, entonces daría por discutido el proyecto y lo sometería a votación.
Cuestionada por el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, dijo a las 4:48 p. m. que no había recibido ninguna notificación oficial en su correo.
Nuevamente, el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, le advirtió que estaba incurriendo en un desacato al ignorar esa orden de la Sala Constitucional y que la fracción liberacionista no sería cómplice de lo que ella estaba haciendo.
Entonces, finalmente anunció que había recibido la notificación en físico, en ese momento, al ser las 4:53 p. m., y la leyó. Posteriormente, decretó un receso para que lo “equipo de asesores” analizara lo ordenado.
“El plenario de la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de dar segundo debate al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026 (...) a fin de no hacer nugatorio el procedimiento que se emita en esta opinión consultiva que ahora se conoce”, señala la notificación de Fernando Cruz.
Yara Jiménez alega que orden solo detiene votación
Más tarde, a las 5:14 p. m., la presidenta legislativa alegó que la orden constitucional solo detiene el trámite de la votación, por lo que resolvió continuar con la discusión de fondo y, si se agota el uso de la palabra, no realizar el acto de la votación.
Dicha resolución fue apelada por los diputados de la oposición; sin embargo, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó la apelación planteada, por 30 votos en contra y 26 a favor.
La notificación emitida por Fernando Cruz, en su calidad de presidente a. i. de la Sala Constitucional, señaló que Patricia Vargas solicitó la emisión de una medida cautelar urgentísima en el trámite del Presupuesto 2027.
El proyecto de ley fue aprobado en su primer debate el pasado jueves, luego de tres días de discusión en sesiones extendidas del plenario.
En su petición, Patricia Vargas señaló que hubo un atraso injustificado en la remisión de la copia certificada del expediente del Presupuesto Ordinario y se podría dar la aprobación en segundo debate este martes, lo que tornaría en nugatorio el efecto de la consulta constitucional presentada por el Poder Judicial contra el Presupuesto Nacional.
“La votación final en segundo debate y la posterior sanción de la ley consolidarían el trámite sin el control previo de constitucionalidad, frustrando la finalidad axiológica de la consulta facultativa formulada por la Corte Suprema de Justicia”, dice la medida acogida por el presidente de la Sala Constitucional.
Uno de los principales reclamos del Poder Judicial es que las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 inciden directamente de manera negativa, directa y gravísima en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, por lo que se debe cumplir la Constitución Política en su artículo 167, donde dice que una norma que afecte así a la Corte, debe aprobarse por 38 votos, que el oficialismo no tiene.
Además, esas normas no se sometieron a consulta de la Corte Plena, tal como establece ese mismo numeral constitucional.
Corte cuestionó normas que condicionan ¢29.843 millones y 2.463 plazas
La Corte Suprema de Justicia presentó una consulta de constitucionalidad desde el 22 de octubre, donde cuestiona las cuatro normas de ejecución en el Presupuesto Nacional que le condicionan el uso de ¢29.843 millones y 2.463 plazas, bajo la condición de que presente una serie de estudios técnicos, certificaciones y aprobación de la Contraloría General de la República y la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Por una parte, la Contraloría no tiene esas atribuciones y pidió que se eliminen por inconstitucionales las dos normas que le imponen competencias impropias, y la Comisión de Gasto Público es un órgano político de investigación sobre el buen o mal uso de los recursos públicos.
De hecho, el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que, para el caso de los proyectos de ley con plazo constitucional o reglamentario, “la consulta constitucional se puede hacer con la anticipación debida a partir del momento en que la comisión encargada de estudiarlo haya aprobado el dictamen o dictámenes correspondientes”.
La Corte determinó que esas normas implicarían la paralización parcial del Poder Judicial a partir del 1.º de enero de 2027 y enfatizó que las normas modifican implícitamente regímenes estatutarios y de empleo público.
El argumento de la Corte es que esas cuatro normas implicarían un sometimiento del Poder Judicial a la mera voluntad de un órgano político de la Asamblea y una paralización significativa de servicios para toda la población usuaria.
Patricia Vargas también advirtió que los impactos de las normas implican la posibilidad de despido de más de 2.400 servidores judiciales, así como menos recursos operativos para el funcionamiento del Poder Judicial, desde el pago de licencias informáticas, los chalecos para los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ, equipamiento, reparaciones y repuestos.
Tres consultas contra el Presupuesto 2027
La normativa establece que, en el caso del Presupuesto Nacional, el plazo para votarlo en la Comisión de Hacendarios, es el 20 de octubre y, por eso, las consultas se presentaron a partir de ese día.
Tanto la consulta de la Corte como una firmada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) fueron presentadas el 22 de octubre y ambas cuestionan las cuatro normas presupuestarias que afectan al Poder Judicial.
Cinco días más tarde, se presentó otra consulta, firmada por diputados del PLN y del FA, donde cuestionan la reducción de ¢8.048 millones a las universidades públicas en el plan de gastos del próximo año.
Pese a que las primeras consultas llegaron el 22 de octubre al tribunal constitucional, dos semanas después, el Directorio legislativo que dirige Yara Jiménez no había entregado la copia certificada del expediente.
El miércoles 4 de noviembre, la Sala Constitucional envió un recordatorio formal al Directorio de que no había cumplido con la entrega de ese documento y fue hasta el jueves 5, el día que se aprobó el proyecto en primer debate, que la presidenta legislativa cumplió con su responsabilidad de entregar la documentación.
Sin embargo, ese atraso de dos semanas fue cuestionado por la presidenta de la Corte Plena, Patricia Vargas.