La Sala Constitucional ordenó eliminar las normas de ejecución presupuestaria que pretenden congelar ¢30.000 millones al Poder Judicial en el Presupuesto Nacional 2027, tal como se tramitó en la Asamblea Legislativa.
Adicionalmente, determinó que los recortes aprobados en la partida de fondos postergados del Fondo Estatal de la Educación Superior (FEES), que financia la operación de las universidades públicas, son también inconstitucionales.
Así lo anunció la oficina de prensa del alto tribunal, en resolución difundida este viernes, a las 4:15 p. m.
La Sala Constitucional determinó la existencia de vicios sustanciales de procedimiento legislativo en la tramitación del expediente 25.754, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027, al resolver dos consultas de constitucionalidad, una presentada por la Corte Suprema de Justicia y otra firmada por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA).
Temprano, este viernes, la presidenta de la República, Laura Fernández, se comprometió a respetar la resolución que tomara la Sala Constitucional respecto a los dos aspectos cuestionados.
Las normas de ejecución impuestas al Poder Judicial
La gestión presentada por la Corte cuestionó las cuatro normas de ejecución presupuestaria que le exigían cumplir una serie de requisitos para acceder a partidas presupuestarias por ¢29.843 millones y la utilización de 2.463 plazas.
La condición impuesta por el gobierno de Laura Fernández para acceder a esos recursos es que el Poder Judicial presente una serie de estudios técnicos, certificaciones y aprobación de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
En su resolución 45630-2026, la Sala Constitucional determinó que la incorporación y tramitación de las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 del Presupuesto Nacional 2027 omitieron los procedimientos establecidos en los artículos 167 y 177 de la Constitución Política.
Es decir, se incumplió el procedimiento de consulta a la Corte Suprema de Justicia, cuando una norma legal pueden afectar la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Los magistrados también consideran que se utilizó el procedimiento especial de aprobación de la Ley de Presupuesto, con plazos fatales en el Congreso, para introducir normas atípicas cuyo contenido corresponde a la legislación ordinaria.
“Se deberá proceder a eliminar las normas 9, 10, 11 y 12 contenidas en el artículo 7 del proyecto, cuya introducción se declara inconstitucional, bajo el entendido de que, en virtud de los artículos 178 de la Constitución, 146 inciso 7 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de no hacerse se tendrán por excluidas esas normas objeto de esta consulta”, señaló el tribunal constitucional.
Para votar esta resolución de forma unánime, la Sala Constitucional estuvo conformada los todos sus propiterios: Fernando Castillo (presidente), Fernando Cruz, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro e Ingrid Hess, quien fungió como instructora.
Cruz y Salazar consignaron una nota aparte, mientras que Castillo, Salazar y Rueda dieron razones particulares.
Elimina recortes a universidades públicas
En el caso de los recortes presupuestarios al FEES, en el capítulo de fondos postergados, incluidos por los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en el Presupuesto Nacional 2027, la Sala Constitucional determinó también un vicio de procedimiento, que contraviene el artículo 85 de la Carta Magna.

Se trata de la moción de fondo 16, aprobada en la Comisión de Hacendarios, para eliminar la partida de ¢8.048 millones de los fondos postergados del FEES, que venían de deudas del gobierno con las universidades por reducciones acordadas entre los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia de covid-19.
Los magistrados les dieron la razón a los diputados del FA y PLN que presentaron la consulta contra la modificación, en el sentido de que el PPSO no podía modificar ese monto sin que existiera un diferendo entre el gobierno y los recortes, tal como lo establece la Constitución en el numeral 85.
Exactamente hace un año, el 20 de noviembre de 2025, la Comisión de Enlace entre los rectores de las universidades estatales y los ministros del gobierno de Rodrigo Chaves, firmaron un documento donde pactaron que el Poder Ejecutivo devolvería a las universidades ¢64.385.026.000 de fondos postergados que se redujeron del FEES.
El acuerdo era devolver el primer tracto en el Presupuesto 2026, y el segundo, en 2027. El PPSO primero eliminó, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, los ¢8.048 millones correspondientes al próximo año y, en el Segundo Presupuesto Extraordinario de este año, días atrás, eliminó la partida correspondiente a este 2026.
Sin embargo, la Sala Constitucional ordenó eliminar las modificación introducida con la moción 16 y enfatizó que, de no hacerse, se tendrá por excluida de la Ley de Presupuesto Nacional 2027.
En este caso, la decisión fue también unánime. “El magistrado Salazar Alvarado consigna razones adicionales, al estimar que la Sala también debió haber analizado el vicio de procedimiento consistente en la falta de consulta obligatoria a las universidades, por la modificación presupuestaria sufrida, de conformidad con el artículo 88, de la Constitución Política”, explicó el tribunal en su comunicado.
Con la misma integración titular, en este caso la magistrada instructora de la consulta fue Anamari Garro.