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La Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad que cuestiona las actuales reglas de financiamiento para partidos políticos en Costa Rica. La gestión la presentó Massimo Esquivel Tessoni, excandidato a diputado por el tercer lugar del Partido Integración Nacional (PIN) en San José.
El proceso, bajo el expediente 25-039019-0007-CO, impugna los artículos del 91 al 96 del Código Electoral, así como el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). También, señala regulaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por considerar que crean barreras discriminatorias para el acceso equitativo a recursos en campañas.
Estos son los artículos que determinan el costo individual del voto, según la cantidad de sufragios obtenidos por cada partido, así como la clasificación de gastos justificables y el uso de reservas para organización y capacitación de las agrupaciones políticas.
Este financiamiento público funciona bajo un esquema de reembolso, ya que el Estado reconoce los gastos de campaña, una vez concluidas las elecciones, únicamente a los partidos que superen el umbral del 4% de votos válidamente emitidos o logren elegir al menos un diputado.
Esquivel argumenta que las normas omiten mecanismos efectivos para garantizar la equidad electoral en cuanto a financiamiento, lo cual opera como barrera desproporcionada que excluye a partidos emergentes.
La demanda refiere que, por ejemplo, las instituciones financieras rechazan de forma sistemática los bonos de deuda política como garantía autónoma para créditos electorales. El accionante indica que los bancos exigen colaterales reales adicionales, lo cual deja fuera a partidos sin patrimonio histórico.
“Esta práctica genera un círculo vicioso: sin financiamiento, no hay campaña viable; sin campaña, no hay votos suficientes; sin votos, no hay deuda política materializada”, dice el documento presentado a la Sala.
Según el accionante, la práctica fuerza a vender bonos con descuentos de hasta un 60% o a recurrir a donaciones no transparentes.
Esquivel mencionó que la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó en cinco ocasiones romper la dependencia de recursos privados y bancaria en el financiamiento de campañas en el país.
La OEA apuntó, tras la reciente campaña de febrero, que el país mantiene desafíos históricos relacionados con la inequidad del sistema de financiamiento vigente y que esta realidad, sumada a la dependencia del dinero privado, incrementa la vulnerabilidad del proceso electoral.
Esa organización también advirtió sobre la posible infiltración del crimen organizado, incluidos recursos vinculados al narcotráfico, en el financiamiento político-electoral de Costa Rica.
La acción de inconstitucionalidad sostiene que estas normas distorsionan el pluralismo político. El recurrente argumenta que el país es omiso en establecer condiciones que equiparen las condiciones de todos los partidos en contienda.
El demandante solicita que se anulen las normas impugnadas y se ordene al TSE y a la Sugef establecer mecanismos alineados con estándares internacionales.
La Sala confirió una audiencia por 15 días a la Procuraduría General de la República y al presidente de la Asamblea Legislativa, el TSE y la Sugef.
La resolución aclara que la interposición de esta acción no suspende la vigencia general de las leyes cuestionadas. Sin embargo, los jueces determinaron que no se podrá dictar una resolución final en procesos donde se discuta la aplicación de estas normas hasta que la Sala Constitucional emita su fallo
¿Cómo se financian los partidos políticos?
El sistema de financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica es mixto, ya que combina recursos públicos y privados. Por un lado, el Estado destina una parte del presupuesto nacional para cubrir los gastos de las agrupaciones.
Por otro, los partidos pueden recibir aportes privados —como donaciones o créditos— dentro de los límites y controles que impone la normativa electoral.
Para las elecciones del 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fijó en ¢39.292 millones el monto total de la contribución estatal que se repartirá entre las agrupaciones participantes.
Para la campaña electoral del 2026, toda la deuda política se reparta entre cinco partidos: Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
En octubre pasado, el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos del TSE, Ronald Chacón, señaló que el sistema de financiamiento electoral tiene debilidades.
“Porque en el momento en que los partidos políticos más están ocupando el dinero, para alquilar locales, contratar signos externos, pagar publicidad en medios o en Internet, que es un gasto realmente cuantioso, no tienen financiamiento público, excepto la posibilidad de optar por el financiamiento anticipado”, agregó.
Sin embargo, el financiamiento anticipado también es difícil de acceder, pues los partidos políticos deben presentar una garantía líquida por el equivalente al monto que soliciten. Para el TSE, es un préstamo.
¿Qué dice el TSE sobre la acción?
El TSE mantiene una posición crítica frente al actual modelo de financiamiento, al cual califica de deficitario e inequitativo.
“Hay muchas de las cuestiones que el Tribunal ha sistemáticamente señalado, por ejemplo, que Costa Rica es deficitario como país de un sistema de financiamiento (electoral)”, explicó a La Nación Andrei Cambronero, vocero de la institución.
Cambronero explicó que el país carece de un sistema de financiamiento indirecto robusto, y recordó propuestas previas para que el Estado gestione pauta en medios de comunicación, pero que no han sido aprobadas por los diputados.
Por ejemplo, el vocero dijo que el TSE ha sistemáticamente calificado los certificados de cesión, conocidos como bonos, como “mecanismos perversos” de financiamiento electoral.
Cambronero indicó que la OEA lo ha reiterado. Explicó que esos instrumentos sujetan el acceso a recursos a las encuestas de intención de voto, lo que beneficia únicamente a los partidos en mejores posiciones. Según el funcionario, los bancos operan bajo criterios de riesgo financiero y no de equidad, lo que genera una desigualdad estructural que el TSE ha intentado corregir mediante diversos proyectos de ley.
“El tribunal ya ha señalado pues esa inequidad que tiene el sistema ya como un todo”, dijo el vocero.
Cambronero confirmó que el TSE aún no emite un criterio oficial. Los magistrados encargaron ese documento a Juan Luis Rivera Sánchez, Coordinador del Cuerpo de Letrados del TSE
