Escuchar
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó de forma total el proyecto de ley 24.353, que buscaba descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional. Se hubieran beneficiado 30.000 personas.
Según el veto, la decisión responde a razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad. La iniciativa fue impulsada por el diputado frenteamplista Jonathan Acuña.
El proyecto había recibido segundo debate por parte de los diputados el pasado 14 de abril, con los votos negativos de siete diputados: seis de la fracción de gobierno y uno del independiente afín al chavismo, Gilbert Jiménez.
La propuesta buscaba actualizar las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268, correspondientes al RTR del Magisterio Nacional, las cuales permanecen congeladas desde 2018 tras la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El texto señalaba que, aun cuando no existan aumentos salariales por costo de vida, las pensiones iguales o menores a ¢2 millones deberán revalorizarse automáticamente dos veces al año, con base en la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de que el IPC registre valores negativos, las pensiones no se reducirán.
Además, cuando no se apliquen las medidas extraordinarias previstas en la ley, las pensiones continuarán revalorizándose conforme a las reglas ordinarias ya establecidas.
A inicios de abril, la Defensoría de los Habitantes había celebrado que se descongelaran dichas pensiones. Según la institución, esta población acumula cinco años sin recibir aumentos por costo de vida, lo que ha provocado una pérdida sostenida de su poder adquisitivo.
¿Qué argumenta el veto?
El Poder Ejecutivo justificó el veto total señalando que la ley crea un gasto público automático, permanente y recurrente sin indicar fuente de financiamiento ni ajustes presupuestarios para mantener el equilibrio fiscal.
Según el veto, esto incrementa la rigidez del Presupuesto Nacional, debilita la disciplina fiscal y es incompatible con los principios constitucionales de equilibrio y sostenibilidad.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa desnaturaliza el régimen de medidas extraordinarias de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas —pensado para contener el gasto en escenarios fiscales restrictivos.
Según el Ejecutivo, se introduce un trato diferenciado (umbral de ¢2 millones) sin motivación técnica suficiente, y convierte al IPC en un disparador automático de gasto.
Por estas razones, considera la ley inconveniente y no oportuna para el interés público.
El veto deberá ser analizado por la Asamblea Legislativa para avalarlo o resellar la iniciativa. Sin embargo, el actual Congreso ya no sesionará, por lo que la decisión quedará en manos de la próxima Asamblea, donde habrá mayoría oficialista, un escenario que hace casi imposible que el veto sea resellado.
