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La reunión privada que sostuvo Bernal Aragón, subcontralor que actualmente ejerce las funciones de contralor general, con el ministro Rodrigo Chaves, el pasado viernes 18 de setiembre, marca una diferencia con la práctica que, según la propia Contraloría General de la República (CGR), instauró Marta Acosta durante su gestión al frente de la entidad.
La Contraloría confirmó que Aragón y Chaves se reunieron sin la presencia de otros funcionarios de la institución y que no se levantó un acta o minuta del encuentro. La cita fue solicitada por el ministro de la Presidencia y de Hacienda mediante una nota.
Acosta se encuentra actualmente incapacitada, por lo que Aragón ejerce las funciones de contralor general.
Consultada sobre las reuniones de la jerarquía de la CGR con ministros y otros jerarcas del Poder Ejecutivo, la institución explicó que durante la gestión de Acosta dejó de ser una práctica que la cabeza de la Contraloría sostuviera reuniones privadas con ministros.
“En el pasado existió esa práctica, previo a la contralora Acosta. Ya no”, respondió la CGR ante consultas de La Nación.
La institución señaló que Acosta acostumbraba hacerse acompañar por funcionarios del nivel gerencial y personal técnico relacionado con el asunto que se tratara en cada audiencia.
Solicitud de Chaves no detalló temas de la reunión
Según la explicación oficial, las reuniones solicitadas por jerarcas de la Administración deben incluir previamente el tema que será abordado y las personas que participarán. La Contraloría determina, a partir de esos datos, cuáles funcionarios técnicos deben acompañar a su jerarca.
“Se solicita por escrito (correo u oficio) los temas a tratar y las personas que asistirán”, señaló la institución como práctica habitual.
Consultada sobre si la Contraloría recibió previamente una agenda, orden del día o algún documento con los temas que serían abordados, la institución respondió que “sí, el subcontralor recibió una nota del ministro Chaves y contestó acordando la fecha de la reunión ocurrida (viernes 18 de setiembre)”.
No obstante, en la nota remitida a este medio por el propio órgano fiscalizador, como sustento de esa afirmación, Rodrigo Chaves únicamente indicó que el encuentro respondería al “alto propósito de deliberar acerca de los asuntos de interés común” y que se realizaría en “aras de favorecer el debido ejercicio de la función pública y el bienestar superior de la nación”.
Originalmente, la fecha planteada por Chaves para la cita era el jueves 10 de setiembre, pero en su carta aceptando la invitación, en la que Aragón no pidió ampliar o precisar los temas, el subcontralor indicó que ya tenía un compromiso programado para ese día, por lo que propuso que el espacio se realizara posterior al 17.
Aragón además indicó que como “única salvedad”, solicitaba que la reunión no se agendara “en día miércoles”. Ese día es el que destina la Casa Presidencial para su conferencia de prensa semanal, previo al Consejo de Gobierno.
Solo Aragón y Chaves saben de lo conversado
La CGR sostiene que esas audiencias tienen como finalidad que los funcionarios del gobierno expongan situaciones relacionadas con las competencias de fiscalización de la institución y que no tienen capacidad resolutiva.
En el caso de la reunión del 18 de setiembre entre Aragón y Chaves, la Contraloría confirmó que no se levantó un acta ni una minuta.
La institución explicó que esa no es una práctica usual en las reuniones con ministros y otros jerarcas del Poder Ejecutivo. Según indicó, los participantes pueden tomar sus propias notas y cualquier documentación entregada durante el encuentro, cuando está relacionada con un proceso institucional, ingresa por el registro ordinario de correspondencia.
Los encuentros de Chaves con Acosta tenían otra dinámica
La propia Contraloría detalló que durante la administración de Rodrigo Chaves hubo varias reuniones entre el entonces presidente y Marta Acosta, pero sostuvo que estas no fueron encuentros privados.
Entre ellas mencionó una visita de cortesía solicitada por Chaves, el 18 de mayo de 2022, a la que Acosta acudió acompañada por la asesora jurídica de su despacho, Jeanine Herrera, y la jefa de prensa, Mariela Azofeifa.
También citó una reunión con el gabinete del entonces presidente, realizada el 15 de junio de 2022 en Casa Presidencial, para presentar al nivel gerencial de la CGR y al subcontralor y exponer el estado de las finanzas públicas al inicio de la administración.
La CGR también mencionó una reunión del 16 de agosto de 2022, solicitada por el entonces ministro de Transportes, Luis Amador, para abordar asuntos presupuestarios. En ese encuentro participó Chaves, además de personal gerencial de la Contraloría y la jefa de prensa.
Además, la Contraloría registró reuniones sobre proyectos de interés del Gobierno, como Ruta 32, el 13 de junio de 2022, y Ciudad Gobierno, el 26 de marzo de 2023. En ambos casos, Acosta estuvo acompañada por personal del nivel gerencial.
Reunión pública expuso choque de Chaves con la Contraloría
El 1.° de febrero de 2024 hubo otra reunión solicitada por Chaves en la Contraloría, en la que Marta Acosta le remarcó al entonces presidente de la República que “la aplicación de la ley no es una opción”, sino una obligación.
Ese encuentro se realizó en el piso 13 del edificio de la Contraloría, en Sabana sur, y fue transmitido por YouTube. Para esa sesión Acosta requirió al mandatario indicar los proyectos específicos sobre los que deseaba conversar, el oficio de respuesta de Chaves se limitó a mencionar los escáneres de Radiográfica Costarricense (Racsa) para detectar drogas en contenedores, y la construcción de Ciudad Gobierno.
Chaves calificó de “interpretaciones cuestionables” las resoluciones de la Contraloría que detuvieron esos dos proyectos por ilegalidades en los procesos de contratación.
Justamente, las decisiones técnicas de la Contraloría sobre estos dos proyectos motivaron una serie de ataques por parte del presidente Chaves, del resto del Poder Ejecutivo y del oficialismo, contra el accionar de la institución y la misma Acosta.
Esto llevó al planteamiento del proyecto de ley jaguar −y sus posteriores versiones más disminuidas−, que no avanzó porque la Sala Constitucional detectó vicios de constitucionalidad, al determinar que la propuesta le restaba a la Contraloría “herramientas importantes para ejercer sus funciones constitucionales”.
La Contraloría también cuestionó el proyecto al considerar que abría la puerta para contratar obras públicas a dedo, sin acatar los controles legales y constitucionales vigentes.
Las reuniones son oficiales, pero no necesariamente públicas
La institución enfatizó que Acosta no realizaba visitas de carácter social a funcionarios del gobierno y que las audiencias que concedía estaban vinculadas con asuntos institucionales y competencias de fiscalización.
En cuanto a la publicidad de este tipo de encuentros, la Contraloría señaló que no existe una obligación de comunicar públicamente de oficio todas las reuniones que sostienen sus autoridades. La institución, sin embargo, aseguró que brinda información sobre esas audiencias cuando alguna persona interesada consulta por ellas.
“Las reuniones que sostienen las autoridades de la institución son oficiales todas de modo que si alguien consulta por dichas audiencias, se informa de forma diligente y transparente ante consulta de cualquier parte interesada. No necesariamente debe ser informada públicamente”, indicó la CGR.
