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La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) sostuvo que el pago retroactivo de la anualidad del año 2020 a los funcionarios se encuentra apegado a la ley.
Este martes, La Nación publicó que el Consejo Universitario (CU) de la UCR aprobó distribuir ¢7.873 millones entre sus trabajadores, para reconocer un pago retroactivo, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) advirtió al rector, Carlos Araya Leandro, de que el desembolso es contrario a la ley.
La UCR argumenta que la anualidad que decidió pagar corresponde a la del 2020, que debía pagar en enero de ese año. Es decir, anterior a una ley promulgada en la pandemia, la 9908, para congelar las anualidades del 2021 y el 2022.
“No se trata de anualidades de los periodos 2020-2021 y 2021-2022, dispuestas en la Ley N.° 9908, aprobada en octubre de 2020″, dice el comunicado.
En el acuerdo del Consejo Universitario, se aceptó girar los recursos “para la atención de compromisos salariales originados por el no pago de anualidades en el 2020, el cual se reconocerá retroactivamente también para los años 2021 y 2022″.
La rectoría insistió en que la UCR no realizó pagos contrarios a lo dispuesto por la Ley 9908.
“El pago efectuado responde a derechos laborales generados antes de la entrada en vigencia de las restricciones establecidas en esta legislación”, agregan.
La UCR señaló que el resto de las universidades públicas sí pagó la anualidad correspondiente al 2020, de acuerdo con lo establecido en sus convenciones colectivas o normativas internas vigentes en ese momento.
UCR: Nota de la CGR no tiene peso
La UCR aduce que una nota remitida por la CGR a la Universidad Nacional (UNA) no tiene peso sobre la decisión adoptada por la UCR, “ya que se trata de una respuesta emitida en atención a una consulta específica planteada por esa institución (UNA)”.
Se refiere a que, 20 días antes del acuerdo adoptado por la UCR, la Contraloría le recordó al rector de esa casa de enseñanza que la ley sobre el congelamiento de anualidades no había sido modificada, tras una consulta de la UNA.
Así se consignó en el oficio N.° 21839 (DFOE-CAP-2066) que Humberto Perera Fonseca, jefe del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Capacidades de la CGR, remitió a Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, con copia a Araya Leandro y al resto de rectores de las universidades públicas, así como al Consejo Nacional de Rectores (Conare).
UCR: No se improbó ninguna partida
La UCR añadió que no se le improbó ninguna partida presupuestaria relacionadas al pago de anualidades.
“Las anualidades correspondientes a los periodos 2020-2021, 2021-2022 y posteriores se reconocerán conforme a lo establecido por la legislación vigente, y no bajo las condiciones previamente contempladas en la Convención Colectiva de Trabajo”, señalaron.
La UCR subrayó su compromiso con el cumplimiento estricto del marco legal vigente y con la correcta administración de los recursos públicos.
