Los recortes por ¢16.096 millones aplicados por diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) a las universidades públicas para los presupuestos 2026 y 2027 fueron realizados de la mano del Ministerio de Hacienda, según lo confirmó el jefe oficialista, Nogui Acosta.
Con la aprobación de las mociones para rebajar las partidas multimillonarias, los diputados de gobierno, en estrecha coordinación con el ministro Rodrigo Chaves, tiran por el suelo el compromiso firmado por cuatro ministros de Chaves, tres de los cuales aún siguen en sus cargos.
Esos dos machetazos rebajaron cada uno por ¢8.048 millones, que corresponden a los primeros dos tractos del pago de los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de los años 2020 y 2021, financiamiento constitucional que fue rebajado por mutuo acuerdo entre el Gobierno y las universidades en el contexto de la pandemia del covid-19.
El Acuerdo de la Comisión de Enlace sobre los fondos posterrgados para el Financiamiento de la Educación Estatal Superior Universitaria (FEES) 2026, documento de nueve páginas, firmado el 20 de noviembre de 2025, detalla los compromisos del gobierno de Rodrigo Chaves y sus respectivos ministros en presupuestar y trasladar esos recursos, a partir del ejercicio económico 2026, a las universidades, con el compromiso de las universidades de articular iniciativas que contribuyan con el desarrollo del país en temas estratégicos.
“Como resultado del del trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública y el Conare (Consejo Nacional de Rectores), se ha determinado la conveniencia de establecer en un instrumento específico sobre el monto total, el cronograma y el mecanismo de giro en tractos de los fondos FEES postergados, a fin de dotar de certeza jurídica y financiera a las univesidades públicas”, dice el documento pactado por los ministros y los rectores.
El acuerdo también detalla que el monto total de los recursos corresponde a ¢35.000 millones del año 2020 y ¢27.590 millones del año 2021, para gastos de capital de las universidades, de conformidad con una cuantificación hecha en conjunto entre el Conare y Hacienda.
En cuanto a la Universidad Técnica Nacional (UTN), no le correspondían recursos para 2020, pero sí ¢1.794 millones para 2021. En total, las tres cifras suman ¢64.385 millones, que el Poder Ejecutivo de Chaves aceptó pagar en ocho tractos, de ¢8.048 millones cada uno, entre 2026 y 2033.
“El gobierno de la República, por medio del Ministerio de Hacienda, se obliga a presupuestar los fondos FEES postergados en ocho tractos, uno por año, por partes iguales a las universidades, con excepción de la UTN, que se le presupuestará en cuatro tractos (...) La coletilla presupuestaria debe incluir el destino de gasto de capital y el monto por univesidad”, dice el pacto firmado por los ministros y recortes.
Pese a esa obligación autoimpuesta y expresada en el acuerdo, el gobierno de Laura Fernández, que se ha presentado con la continuidad de la administración Chaves Robles, usó su brazo político en el Congreso, para borrar con el codo lo que firmaron con su mano cuatro ministros.
La validez de las firmas de los ministros
Los cuatro ministros que firmaron el acuerdo fueron José Leonardo Sánchez Hernández, del Ministerio de Educación Pública (MEP); Rudolf Lücke Bolaños, de Hacienda; Paula Bogantes Zamora, de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), y Marlon Navarro Álvarez, de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
De esos cuatro funcionarios, el único que ya no es un jerarca ministerial es Lücke, cuyo cargo ahora ocupa precisamente el expresidente Rodrigo Chaves, mientras que él está nombrado por el actual gobierno como miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Sánchez sigue en el gabinete, lo mismo que Bogantes, ambos como ministros de las mismas carteras que representaban cuando pusieron su firma en el documento, mientras que Marlon Navarro sigue en el Mideplán, en función de viceministro.
A pesar de que el acuerdo está firmado en tres copias, en un documento ribeteado con las figuras que lo aceptaron y pactaron, el jefe del PPSO y presidente de la Comisión de Hacendarios, Nogui Acosta, ahora alega que se debe definir cuáles eran los alcances de ese acuerdo.
“Yo no puedo hacer una valoración, me parece que es un tema importante, definir cuáles eran los alcances de ese acuerdo. El Presupuesto puede ser modificado de acuerdo con los intereses, tanto del Ejecutivo como de los diputados”, respondió Acosta a La Nación.
Cuestionado porque el acuerdo queda en nada, después de la aprobación de las mociones, Acosta adujo que las priodiades van cambiando y se refirió al acuerdo firmado apenas hace un año como un documento que se acordó con otras realidades económicas y políticas.
“¿Esas firmas no valen nada, entonces?“, le preguntó este medio, y Acosta respondió: ”No sé, es una decisión que yo creo que tiene su momento".
Dicotomía colegios vs. universidades
Tal como el gobierno envió el proyecto de ley 25.803, Segundo Presupuesto Extraordinario 2026, venían presupuestados los ¢8.048 millones como el primer tracto de los fondos FEES postergados, a través de una transferencia de capital del MEP.
De hecho, en la página 795 del proyecto de ley 25.803 se describe como una transferencia derivada del compromiso firmado por el gobierno con las universidades, en noviembre de 2025.
Mientras tanto, en la página 741, se hace una rebaja de la partida de gastos de transportes del MEP, por ¢733 millones, más ¢1.714 millones de la partida de transferencias corrientes a juntas de educación y administrativas para subsidio de pasajes de transporte de estudiantes y ¢5.600 milllones de las transferencias a juntas de educación y administrativas para comedores estudiantiles.
La moción aprobada por el PPSO para este 2026, elimina esa rebaja en las partidas para transporte y comedores de este año y, a la vez, elimina la transferencia a las universidades, que cumplía con el acuerdo.
Se le cuestionó a Nogui Acosta por qué se genera ese pleito entre financiamiento de escuelas y colegios frente a universidades, pese a que esas partidas para comedores y transporte ya posiblemente no se podrían utilizar.
“Uno tiene que ponerse a pensar dónde son más rentables esos recursos, si en la educación de niños y jóvenes o en las universidades, que no necesariamente se transfierente en grupos más vulnerables”, adujo.
También arguyó que el gobierno tuvo que tomar dineros de esas partidas para cumplir a las universidades, pero insistió en que el PPSO no está de acuerdo con la redistribución que hizo Hacienda.
