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Las encuestas electorales son un instrumento de análisis que ayuda a “leer” las intenciones de voto y los temas que más le preocupan a la ciudadanía cuando se enfrenta a un proceso de elección de sus gobernantes. Los comicios de este 2026 no son la excepción, y hay nueve firmas encuestadoras inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Sin embargo, cada publicación de resultados tiene un costo detrás, que implica el pago a encuestadores, supervisores, analistas e investigadores, así como el uso de programas informáticos de muestreo y análisis, y los servicios de Internet y electricidad. Estos costos son financiados de diferentes formas.
¿Cuánto cuesta una encuesta electoral?
El costo de un estudio de este tipo es variable, porque depende de muchos factores, explicó Ronald Alfaro, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y coordinador de su encuesta electoral.
Dentro de los factores que Alfaro explicó se encuentran:
- El método con el que se confeccionan.
- La longitud del cuestionario: será más cara cuanto más se dure, en promedio, en responder.
- La cantidad de personas encuestadas.
- La cantidad de personal que trabaje entrevistando, procesando datos y analizándolos.
- La forma de realizarla: las presenciales son más caras que las telefónicas porque implican más tiempo, más viáticos y gastos de transporte.
- La cantidad de variables que se analizan.
Una entrevista presencial a unas 1.500 personas, precisó el investigador, puede fácilmente superar los $40.000 (unos ¢20 millones).
Sin embargo, cuando se trata de encuestas de entidades públicas, los costos pueden parecer mayores a los que realmente son. José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), enfatizó en que una encuesta puede tasarse entre unos ¢15 y ¢17 millones. En la ecuación se incluyen aspectos como los salarios que ya de por sí reciben los investigadores del estudio (independientemente de si hay encuesta electoral u otros estudios en curso), las horas asistente de los estudiantes y los insumos que normalmente tienen durante todo el año.
¿Quién paga por cada encuesta?
En la información disponible en el sitio web del TSE, solo cuatro encuestadoras han registrado las siguientes fuentes de financiamiento:
OPOL Consultores: Esta encuestadora afirma que hace las encuestas con recursos propios de su firma asociada Opinión Política C y C S. R. L., como mecanismo de promoción de la empresa.
Idespo, de la UNA: Los fondos provienen del programa de investigación Umbral Político del Idespo-UNA, que tiene como uno de los ejes de trabajo medir el comportamiento político de la sociedad.
CIEP, de la UCR: Fondos del presupuesto del CIEP. Los recursos provienen de los recursos asignados a la UCR.
Demoscopia: El estudio reportado hasta el momento fue financiado 100% por Demoscopia mediante la recuperación de la inversión por la venta del informe a empresas, partidos políticos, organizaciones sociales y personas físicas.
El Tribunal Supremo de Elecciones exige a las encuestadoras inscribirse y presentar la ficha técnica de la encuesta en las 48 horas posteriores a su conclusión. Esta ficha incluye información sobre su financiamiento.
“Es claro que muchos de estos estudios tienen un componente de patrocinador relativo a quién impulsa el estudio. De ahí que, con base en el espíritu de la regulación, que es de transparencia y rigor técnico, la ciudadanía debe tener la oportunidad de saber quién impulsa un estudio de este tipo y quién financia los costos”, señaló Gerardo Abarca Guzmán, director del Registro Electoral del TSE.
Abarca indicó que, hasta el momento, todas las encuestadoras que han realizado estudios, han presentado en tiempo, forma y fondo estos requerimientos. Las que no aparecen hasta el momento es porque no han finalizado sus encuestas.
El TSE exige la fuente de financiamiento, no la cantidad de dinero que se invirtió o cobró en el estudio.
Nueve encuestadoras están inscritas para el proceso de las elecciones del 2026, pero no todas han realizado estudios en estos meses:
- Opinión y Política C y C (OPOL Consultores)
- Borge VGBF Grupo Consultor S. A.
- Idespo
- CIEP
- CID Gallup
- Investigaciones Psicosociales S. A.
- Universidad Latina
- Demoscopia
- CX Global Solutions Sociedad de Responsabilidad Limitada
“(La exigencia) se sostiene sobre la necesidad de brindar rigurosidad técnica a este tipo de estudios, entendiéndolos como un mecanismo fuerte de cara a que los electores tengan insumos previos a la toma de decisión que les permitan participar del proceso electoral con la mayor cantidad de datos posible”, agregó Gerardo Abarca.
Esta ficha técnica también debe especificar, entre otros aspectos, el investigador responsable de la encuesta, la cobertura geográfica que abarca, si se trató de un sondeo o de una encuesta probabilística, el modo de recolección de los datos, el marco muestral, el método de selección de la muestra y la tasa de rechazo (o de no respuesta).
Esta información debe entregarse al TSE, independientemente de si sus datos se publicarán o difundirán de manera masiva.
“Históricamente, los datos que se reflejan a partir de la realización de este tipo de estudios pueden de alguna manera incidir directamente en la toma de decisiones. Hay necesidad de garantizar, en buena medida, que lo que se hace constituye un estudio basado en rigor técnico”, recalcó Abarca.
