
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció este martes la designación de la diputada electa por Cartago, Yara Jiménez Fallas, como su candidata para ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.° de mayo.
Con una fracción de 31 legisladores, la elección de Jiménez sería virtualmente segura.
Jiménez, de 52 años, es abogada y notaria, madre de tres hijos y con 25 años de casada. Su carrera reciente se vincula estrechamente a la administración de Rodrigo Chaves, donde se ha desempeñado como Secretaria del Consejo de Gobierno desde el 8 de mayo de 2022.
Oriunda de San Rafael Arriba de Desamparados, Jiménez nació el 14 de noviembre de 1973, precisa una reciente biografía de ella en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como parte de la divulgación de perfiles de candidatos a puestos de elección de la pasada elección.
En el ámbito académico, cuenta con una Maestría en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica y una especialidad en Derecho Constitucional cursada en la Universidad de Pisa, Italia.
Su ingreso al sector público se remonta a 1995, cuando inició labores como asistente en la Asesoría Jurídica del Banco Central de Costa Rica, puesto para el cual fue requerida, según sus antecedentes, por su dominio del idioma inglés.
Posteriormente, se trasladó al Ministerio de Hacienda, donde laboró durante nueve años en la Dirección General de Aduanas.
Allí formó parte del equipo encargado de la transición de procesos físicos a digitales en el Sistema Aduanero Nacional. También fungió como abogada en la Tesorería Nacional y colaboró directamente con el despacho ministerial de Hacienda.
Durante el actual gobierno, Jiménez asumió funciones estratégicas dentro de la Casa Presidencial.
Además de Secretaria del Consejo de Gobierno —encargada de la gestión legal, logística y de actas de las sesiones—, fungió como jefa de la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas.
A nivel internacional, actuó como delegada oficial de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), específicamente en el grupo de trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización, supervisando el cumplimiento de las recomendaciones post adhesión del país a dicho organismo.
Comparecencias legislativas
El paso de Jiménez por el Ejecutivo no ha estado exento de escrutinio político.
El pasado 26 de enero, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Su convocatoria respondió a menciones sobre su figura en audiencias relacionadas con el intento del gobierno de ceder el proyecto vial Barranca-Limonal a la empresa mexicana Tradeco.
Previamente, en julio de 2025, Jiménez fue interpelada por el proceso de nombramiento de la Junta Directiva temporal del Banco Nacional (BN), tras la destitución del pleno de directivos anteriores.
Ante consultas del diputado José Francisco Nicolás, la funcionaria explicó que la selección de los directivos interinos no se realizó mediante concurso público debido a la urgencia y temporalidad de los cargos, aunque afirmó que se basaron en un registro de elegibles preexistente.
“Yo tengo un registro de elegibles desde el 2021. Para elegir estos miembros en particular, no, pero sí la base de datos viene de concursos públicos”, declaró en dicha audiencia, asegurando que su equipo revisó los atestados de los nombrados mientras se gestionaba el concurso para los puestos permanentes.
Posteriormente, en octubre del año pasado, la Sala Constitucional ordenó restituir en sus cargos a cuatro de los miembros de la Junta Directiva de BN que el Gobierno había destituido en mayo de ese año como parte de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.
Así lo determinó la Sala Constitucional al resolver un recurso de amparo en una votación de cinco votos a favor y dos en contra.
