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Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron este jueves una moción para convocar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, a una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
La propuesta pretendía que Aguirre explicara a los legisladores las “implicaciones, efectos y riesgos” que tendría el recorte planteado al presupuesto del Poder Judicial para 2027 sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública y el programa de atención de víctimas y testigos.
La discusión ocurre luego de que el gobierno presentó el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 según el cual el Poder Judicial afrontaría una reducción de ¢10.000 millones, además de restricciones propuestas para ejecutar cerca de ¢30.000 millones adicionales.
La moción fue rechazada con cinco votos en contra y cuatro a favor.
Votaron en contra los oficialistas Daniel Siézar Cárdenas, Fernando Obaldía Álvarez, Gonzalo Ramírez Zamora, Kattia Calvo Cruz y Nogui Acosta Jaén.
A favor se pronunciaron Abril Gordienko López, de la Unidad Social Cristiana; Eder Hernández Ulloa y Marco Badilla Chavarría, de Liberación Nacional; y Sigrid Segura Artavia, del Frente Amplio.
La iniciativa fue presentada por Hernández y otros legisladores, quienes defendieron la necesidad de escuchar al presidente de la Corte ante los efectos que podría tener la reducción de recursos sobre las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos.
“Acá el tema es que nosotros no somos selectivos. Aquí hay un tema integral de seguridad que debemos atender”, manifestó Hernández durante la discusión.
El diputado también argumentó que la comisión ha convocado anteriormente a otros jerarcas para rendir cuentas y sostuvo que recibir a Aguirre forma parte de la labor de control político de los legisladores.
Poder Judicial afronta recortes y partidas congeladas
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 contempla ¢10.000 millones en recortes al Poder Judicial, además de cerca de ¢30.000 millones en partidas cuya ejecución quedaría sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos.
Durante la presentación del presupuesto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó que para utilizar esos recursos el Poder Judicial tendría que cumplir condiciones como la presentación de informes relacionados con el fideicomiso para infraestructura y con los pagos a magistrados por labores gerenciales.
En total, el Poder Judicial afrontaría en 2027 alrededor de ¢40.000 millones entre recortes y partidas condicionadas, según la propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo.
Diputada advierte sobre atención de víctimas
Sigrid Segura solicitó aprobar la comparecencia y puso énfasis en las posibles consecuencias que las restricciones presupuestarias tendrían sobre el programa de atención y protección de víctimas y testigos.
“Ese programa es usado y aprovechado por muchas mujeres para ejercer sus derechos y para que las protejan cuando son víctimas de violencia”, afirmó.
Segura incluso planteó que si los diputados no querían convocar a Aguirre, podrían recibir a quienes considera responsables de los ajustes presupuestarios.
“Podríamos entonces traer al señor ministro de Hacienda (Rodrigo Chaves) o a la señora presidenta de la República (Laura Fernández)”, manifestó.
Finalmente, la mayoría oficialista rechazó la moción.
