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El proyecto de ley para eliminar la colegiatura obligatoria, propuesto por la diputada Marta Esquivel, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), requerirá 38 votos para su aprobación en la Asamblea Legislativa, luego de que la Corte Plena concluyó que la iniciativa incide en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
La Corte acogió la mañana de este lunes un informe presentado por la magistrada Julia Varela, que concluyó que el expediente 25.747 tiene incidencia en el Poder Judicial. Los integrantes de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar.
La conclusión de la Corte se sustenta en que la reforma tendría efectos concretos sobre la administración de los recursos humanos judiciales y obligaría a modificar procedimientos, controles, sistemas y responsabilidades institucionales.
El proyecto establece como regla general la voluntariedad de la incorporación a los colegios profesionales y contempla excepciones para determinadas actividades relacionadas con profesiones como derecho, medicina e ingenierías. Además, establece una excepción para quienes ejercen como funcionarios públicos, bajo el argumento de que la potestad disciplinaria corresponde al patrono.
La iniciativa también plantea la creación de un Registro Nacional de Profesionales adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Revisión de puestos y requisitos
Uno de los principales efectos señalados por Varela en su informe es la necesidad de revisar los manuales descriptivos de puestos y los perfiles de las clases profesionales.
Actualmente, numerosos puestos del Poder Judicial tienen como requisito la colegiatura activa. Si la reforma entra en vigor, la institución tendría que determinar, puesto por puesto, cuáles pueden mantener ese requisito y cuáles tendrían que eliminarlo, de acuerdo con las nuevas reglas establecidas por la ley.
La revisión abarcaría puestos de profesionales en derecho, informática, psicología, trabajo social, contaduría, medicina y otras áreas administrativas.
Ese cambio también modificaría los requisitos de ingreso al servicio judicial. Según explicó Varela, cuando la colegiatura deje de ser obligatoria para una determinada profesión, el Poder Judicial no podría mantenerla como condición de ingreso.
Eso obligaría a modificar criterios de selección y nombramiento, así como los procesos relacionados con los expedientes de personal y los concursos para ocupar plazas.
El Poder Judicial tendría que crear nuevos controles
Otro de los puntos señalados por el informe técnico es que la colegiatura actualmente funciona, en determinados ámbitos, como una fuente externa para verificar la habilitación profesional y conocer situaciones como suspensiones o inhabilitaciones.
Con el nuevo esquema, el Poder Judicial tendría que establecer mecanismos propios para comprobar los títulos, la habilitación y otras condiciones profesionales de quienes aspiren a ocupar puestos en la institución.
Varela explicó que esos controles podrían requerir verificaciones ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) u otras fuentes pertinentes, además de procedimientos internos automatizados o manuales.
El cambio también trasladaría al Poder Judicial una mayor responsabilidad en materia disciplinaria para los funcionarios que ya no estén obligados a pertenecer a un colegio profesional.
Según la magistrada, la institución dejaría de contar necesariamente con información paralela proveniente de los colegios, como sus registros disciplinarios, tribunales de honor, códigos de ética o alertas sobre suspensiones e inhabilitaciones.
El informe advierte que la sola posesión de un título universitario no necesariamente permite comprobar la actualización técnica permanente o el cumplimiento de estándares éticos. Por ello, la institución tendría que desarrollar mecanismos alternativos para evitar el nombramiento o la permanencia de personas cuya idoneidad profesional haya sido cuestionada.
Cambios en sistemas y mayor carga de trabajo
La entrada en vigor de la reforma también obligaría a modificar plataformas tecnológicas utilizadas por el Poder Judicial para la administración de recursos humanos.
Entre ellas se encuentran el Sistema de Gestión del Poder Judicial y los módulos de reclutamiento y selección. Estos tendrían que adaptarse a los nuevos requisitos y a la información que estaría disponible mediante el Registro Nacional de Profesionales que propone el proyecto.
Todo este proceso implicaría una carga adicional para la Dirección de Gestión Humana.
De acuerdo con el informe técnico presentado por Varela, la institución tendría que realizar revisiones de perfiles, modificar manuales, elaborar nuevos dictámenes técnicos, obtener las aprobaciones correspondientes, adecuar sistemas, capacitar al personal y establecer controles adicionales.
También habría que revisar salarios
El informe identifica, además, posibles efectos sobre componentes salariales vinculados a la condición profesional.
Entre ellos, menciona la prohibición, la dedicación exclusiva y la carrera profesional, cuyos requisitos y condiciones podrían verse afectados si desaparece la colegiatura obligatoria para determinados puestos.
Por esa razón, señaló la necesidad de realizar una revisión jurídica y administrativa específica para determinar cómo incidiría el cambio en esos componentes y cómo evitar inconsistencias en futuros reclamos.
