Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2027, por ¢12,4 billones, en medio de críticas del Bloque Democrático por los recortes hechos a las universidades públicas y los fondos congelados al Poder Judicial.
La aprobación se dio apenas en el tercer día de discusiones, con poquísimas intervenciones de parte del partido de gobierno, cuyos miembros apenas hicieron cuatro intervenciones, aunque el jefe oficialista, Nogui Acosta, dijo el martes que sí defenderían el presupuesto y refutarían todas las acusaciones de la oposición.
Los puntarenenses Ariel Mora y Royner Mora principalmente refutaron señalamientos de la liberacionista Norjelens Lobo, relacionadas con la construcción de la morgue judicial para la Región Brunca, mientras que Kattia Calvo atacó a Claudia Dobles, y las críticas opositoras sobre los recortes a las universidades.
Por eso el “debate” se dio, en realidad, en una sola vía, sin mayores respuestas de los legisladores oficialistas, quienes no defendieron el planteamiento presupuestario del gobierno de Laura Fernández; ni siquiera utilizaron la palabra para hacer la explicación del dictamen de la mayoría de la Comisión de Hacendarios, firmado por seis oficialistas.
La estrategia del oficialismo fue la de usar casi nada la palabra, con el objetivo de agotar los tiempos que tenían a disposición los diputados de la oposición, y aprobar lo más rápido posible el expediente legislativo que contiene el plan de gastos 2027.
Ya desde el lunes, con la dirección de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, se extendió la discusión en el plenario todo lo posible, es decir, hasta las 9 p. m. y lo mismo sucedió el martes, cuando la discusión se prolongó hasta poco 20 minutos antes de las 9 p. m., para agotar los minutos que la oposición tenía disponibles.
La Constitución Política establece que, a partir del primer día hábil de noviembre, el primer lugar de la agenda del plenario estará ocupado por el proyecto de ley del presupuesto nacional para el año siguiente, y fija como plazo para su aprobación el 27 de noviembre, en primer debate, y el 29, para el segundo.
Recortes a universidades, congelamiento en la Corte
Los votos que permitieron la aprobación en primer debate del plan de gastos para 2027 fueron solo los del 31 PPSO, mientras que los 23 opositores presentes votaron en contra de la propuesta gubernamental, porque consideran que contiene varias inconstitucionalidades.
Tal como salió de la Comisión de Hacendarios, el Presupuesto Nacional 2027 tiene varias modificaciones, principalmente un recorte de ¢8.048 millones en la partida de fondos postergados que obligatoriamente deben entregársele a las universidades públicas, así como la redistribución por ¢250.000 millones en diversos programas sociales.
Durante la discusión, diputaciones como Diana Murillo, del PLN, denunció lo que considera un desmantelamiento programado de la educación pública del país.
“Nos venden la idea de la disciplina fiscal, sin alma, cruel, pero los recortes tienen rostro humano, no son solo números en un papel”, dijo la verdiblanca en el plenario.
El Presupuesto Nacional 2027 contempla un incremento de fondos para seis ministerios, entre ellos el de la Presidencia y el de Hacienda; los dos los dirige el expresidente Rodrigo Chaves.
Esos aumentos se mantuvieron en la Comisión de Hacendarios y fueron aprobados en el plenario por el PPSO, pese a las críticas de la oposición por el golpe que el gobierno le asista al presupuesto del Poder Judicial.
Aparte de Presidencia y Hacienda, también se previeron aumentos en los ministerios de Salud (Minsa), Obras Públicas y Transportes (MOPT), Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
El resto de las instituciones incluidas en el Presupuesto Nacional 2027 afrontan una disminución, entre ellos el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa, así como los ministerios de Educación Pública (MEP), Seguridad Pública (MSP) y Justicia; mientras tanto, Comercio Exterior, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) mantienen igual sus presupuestos.
Al Poder Judicial se le están restringiendo ¢40.000 millones millones, en una de las movidas más polémicas del plan de gastos, pues se trata de una reducción directa de ¢10.500 millones y el congelamiento de otros ¢29.844 millones, condicionados a que ese poder cumpla una serie de requisitos, sujetos a verificación de la Contraloría General de la República y de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público.
Ese congelamiento se aplica a través de cuatro normas de ejecución presupuestaria, que le exigen una serie de informes a la Corte antes de permitirle usar varias partidas y poder utilizar una serie de plazas, cuyo congelamiento pone en riesgo no solo a la judicatura, sino también a la investigación penal que realizan el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Según Nogui Acosta, el jefe oficialista, las asignaciones para el Poder Judicial se incrementaron en ¢60.000 millones entre 2022 y 2026, con lo que buscó rechazar los ataques opositores, y culpó a la Corte Plena por el reparto que hace hacia los diferentes programas.
“Ese panfleto dejen de usarlo, usen datos y no vengan a decir cosas que no existen. El Presupuesto se recorta, efectivamente, porque hay una caída en la recaudación. Este gobierno es responsable y entiende que no se puede repartir lo que no se tiene”, justificó Acosta.
Uno de los que más cuestionó este golpe al Poder Judicial fue el jefe del Frente Amplio (FA), José María Villalta, quien enfatizó que se ataca los recursos de la institucionalidad encargada de perseguir a la criminalidad organizada.
Para el frenteamplista, las normas tienen la intención de sabotearlo y debilitarlo, y constituyen un golpe directo a la división de poderes y la independencia judicial.
Las cuatro normas fueron puestas a análisis de la Sala Constitucional a través de una consulta presentada por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Últimos intentos de revertir recortes
Antes de que iniciara la discusión formal por el fondo este lunes y martes, los diputados de la oposición intentaron que se abriera el plenario a comisión general para realizar cambios y, principalmente, revertir los recortes, principalmente el aprobado a las universidades públicas por ¢8.048 millones de los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2020 y 2021.
Aunque los diputados chavistas tenían los votos para rechazar cualquier moción de fondo en ese sentido y aprobar las que ellos quisieran, gracias a su mayoría absoluta, se negaron a abrir el plenario.