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La exdiputada oficialista y presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Paola Nájera, fue indagada esta mañana en la causa penal sobre la presunta estructura de financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Ante una consulta de este medio sobre si la diligencia estaba relacionada con presuntos delitos electorales, el Ministerio Público indicó que a Nájera se le tomó declaración indagatoria. Esta es la segunda ocasión en que la exdiputada es indagada.
Gerardo Chaves, abogado defensor de Nájera, explicó que, al ya no ser ella diputada, no requiere un fuero especial y el caso pasa a la vía ordinaria. Por esa razón, la Fiscalía General decidió que el proceso fuera asumido por la Fiscalía de Probidad.
Chaves indicó que fueron informados verbalmente de esta decisión este martes, cuando estaba prevista la indagatoria de Nájera. Añadió que para no retrasar el proceso, se pusieron a disposición de la Fiscalía de Probidad para que establezca una nueva fecha para la indagatoria.
Chaves aseguró que Nájera recibió con sorpresa su vinculación con el caso y sostuvo que ella no tuvo participación en decisiones económicas de la agrupación política ni formó parte del comando de campaña.
“Ella considera que no tuvo, desde el inicio, dentro de la agrupación política del partido, injerencia directamente en decisiones de índole económico. Nunca fue parte de ningún equipo de estas circunstancias”, afirmó el abogado.
Según Chaves, Nájera inicialmente fue militante del partido y posteriormente ocupó durante aproximadamente dos meses la secretaría general. Agregó que sus funciones estuvieron relacionadas principalmente con comunicación y organización, y no con decisiones económicas.
El Ministerio Público atribuye que el PPSD captó recursos y cubrió gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que habrían operado al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes, tal como lo reveló La Nación en marzo de 2022.
En la acusación original, presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, a finales de junio de 2025, también figuran el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y el diputado de Pueblo Soberano Stephan Brunner Neibig, quienes aún tienen inmunidad, uno como parte del gabinete de Laura Fernández y el otro como congresista de la República.
Otros imputados perdieron su inmunidad
Con la pérdida de la inmunidad de varios de los imputados, la Fiscalía comenzó a recibir sus declaraciones indagatorias. Para el 3 de setiembre, el Ministerio Público había confirmado que ya habían comparecido los exdiputados del PPSD Waldo Agüero Sanabria, Luz Mary Alpízar Loaiza y Paola Nájera.
Además, quedaba pendiente la indagatoria de la exdiputada Pilar Cisneros, quien se apersonó en setiembre a la Fiscalía. Según explicó el fiscal general Carlo Díaz, Cisneros solicitó posponer su declaración debido a problemas de salud por los que debía someterse a una intervención quirúrgica y guardar un periodo de recuperación de unos 30 días.
Díaz añadió que Cisneros y su abogado, José Francisco Madrigal, también señalaron la complejidad y extensión del expediente. Según el fiscal, la causa consta de unos 5.000 folios, a los que se suman cerca de 12.000 folios del informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), además de una cantidad considerable de evidencia digital.
En esa ocasión, Cisneros únicamente suministró sus datos personales y estableció los medios para recibir notificaciones sobre cualquier avance de la investigación penal. Su declaración indagatoria quedó pendiente para una fecha posterior.
La exdiputada había sido notificada un día antes, mientras atendía a los medios de comunicación en una conferencia de prensa improvisada en las afueras de Casa Presidencial, en Zapote. Hasta ese lugar llegó un funcionario judicial para entregarle la citación.
Supuestas estructuras paralelas
Según la Fiscalía, la campaña de Chaves y el PPSD se habría beneficiado de dos estructuras paralelas. Una operó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y otra mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021. Ella es hija del exdiputado Waldo Agüero, quien figura como imputado en esta causa.
En criterio del Ministerio Público, ambas vías de financiamiento “operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”.
