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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) volvió a señalar a Costa Rica por sus debilidades en la regulación del lobby (cabildeo) y el acceso a la información pública, rezagos que debilitan la capacidad del país para prevenir y combatir la corrupción.
Así lo indica el informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, que evalúa los sistemas de integridad de 37 países miembros y 25 socios, y que concluye que, pese a avances recientes, la aplicación de las medidas sigue siendo desigual.
En el caso del cabildeo, Costa Rica apenas cumple el 20% de los criterios normativos y un 0% de los criterios prácticos, muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza el 43% y el 38%, respectivamente.
El país no cuenta con una ley específica que regule el lobby. Aunque existen disposiciones aisladas —como los periodos de enfriamiento establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Administración Pública—, el organismo advierte que el marco actual es insuficiente y carece de herramientas clave para garantizar la transparencia.
Entre las principales debilidades, la OCDE reiteró la ausencia de definiciones legales sobre qué constituye cabildeo y quiénes son cabilderos, la falta de sanciones por incumplimiento, la inexistencia de una autoridad que supervise estas prácticas y la carencia de un registro público que permita transparentar las actividades de influencia sobre la toma de decisiones.
Asimismo, Costa Rica tampoco exige la divulgación de información que permita identificar a los beneficiarios finales de las sociedades ni cuenta con mecanismos que faciliten el acceso público a estos datos.
Asamblea archivó propuesta
En marzo de 2024, la OCDE hizo el mismo llamado de atención a Costa Rica, sin que la Asamblea Legislativa haya tomado cartas en el asunto. Al contrario, en agosto de 2025, con el voto de dos diputados de gobierno y una del Partido Liberación Nacional (PLN), la Comisión de Gobierno y Administración archivó un proyecto de ley que pretendía regular el lobby político y las puertas giratorias.
La iniciativa 24.111, presentada por el Frente Amplio (FA), se rechazó luego de que la votación quedara empatada dos veces: votaron a favor la diputada independiente Johana Obando, el frenteamplista Antonio Ortega y la socialcristiana Melina Ajoy. Por su parte, se opusieron al proyecto Paola Nájera y Waldo Agüero, de la fracción de gobierno, y Carolina Delgado, del PLN.
El proyecto del Frente Amplio proponía regular el lobby mediante la creación de un Registro Público de Lobistas, que incluyera el nombre de los cabilderos, la empresas que representan y si ejercieron cargos de elección popular.
El texto planteaba que el presidente, vicepresidentes, ministros, jefes de despacho, diputados, alcaldes, regidores y otros funcionarios llevaran una agenda pública en la que se anotaran todas las reuniones en las que se realizaron gestiones de cabildeo, incluyendo el lugar, la fecha, el tema tratado y el nombre de las personas que asistieron.
Transparencia con brechas persistentes
En materia de acceso a la información pública, el país mostró un mejor desempeño, pero aún se mantiene por debajo de los estándares del organismo. Costa Rica cumplió el 56% de los criterios normativos y el 46% de los prácticos, frente a promedios de 72% y 62%, respectivamente.
Si bien la aprobación en 2024 de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública amplió el derecho de acceso a la información a todas las personas, la OCDE advirtió que persisten debilidades en su implementación.
Entre ellas, volvió a señalar la ausencia de un órgano independiente que supervise el cumplimiento de este derecho, la falta de sanciones ante incumplimientos y la inexistencia de estadísticas sobre solicitudes de información.
Además, aunque parte de la información pública se divulga en línea —como proyectos de ley o declaraciones patrimoniales de altos funcionarios—, aún no se publican datos clave para fortalecer la transparencia, como las agendas de las sesiones del Gobierno, las de los ministros y los datos agregados sobre cabildeo en la toma de decisiones públicas.
Impacto en la lucha anticorrupción
El informe subrayó que fortalecer estas áreas es clave para proteger la toma de decisiones públicas y los recursos del Estado frente a riesgos de corrupción, especialmente en ámbitos como la contratación pública, el fraude y el crimen organizado.
A nivel general, la OCDE indicó que en sus países miembros persiste una brecha entre la solidez de las normas y su aplicación efectiva. En promedio, esta diferencia es de 19 puntos porcentuales.
Reducir esa brecha, señaló el organismo, permitiría reforzar los sistemas de integridad y mejorar la capacidad de los Estados para enfrentar riesgos cada vez más complejos.
Asimismo, recomendó adoptar enfoques basados en riesgo, ampliar el uso de herramientas digitales y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
