EscucharNogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó que no continuará con la compra de una póliza, por ¢248 millones anuales, con la cual pretendía proteger al presidente Rodrigo Chaves y demás jerarcas del Gabinete en caso de incurrir en eventuales actos de negligencia.
El miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió a Acosta sobre la ilegalidad de destinar fondos públicos para contratar dicha póliza con el Instituto Nacional de Seguros (INS).
En respuesta, Acosta aseguró que el Ministerio de Hacienda es respetuoso de los criterios emitidos tanto por las direcciones técnicas internas como por los entes externos.
Aunque considera que la Contraloría no lleva la razón, confirmó acatará su disposición para evitar una disputa.
“Hasta ahora esta póliza no se ha comprado, por lo cual no tiene ningún sentido seguir con el proceso. Valga mencionar que ya existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que establece esta misma disposición, por lo que entendería que el tema se discutiría en el entono de este proyecto”, comentó a La Nación.
Además, indicó que el ministerio no adjudicó ningún monto por el concepto del seguro durante el 2025, puesto que los recursos asignados en el 2024 se liquidan hasta el cierre de cada año.
Póliza ‘carece de base legal y contraviene principios fundamentales de la gestión pública’
A solicitud del ministro, la Contraloría emitió el oficio DFOE-CAP-0885, en el que respondió una consulta planteada el 12 de marzo sobre la viabilidad jurídica de utilizar fondos públicos para contratar la póliza.
El 13 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) había señalado que correspondía a la Contraloría definir cuáles pólizas pueden ser cubiertas con recursos estatales.
Acosta ha defendido esta licitación junto a Stehan Brunner, primer vicepresidente de la República, en medio de una polémica que lleva varios meses bajo el ojo público.
Con la protección, financiada con fondos públicos, los jerarcas podrían cubrir los pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas e incluso proteger su reputación con asesorías de relaciones públicas.
Además, habrían cubierto las sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.
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La CGR afirmó que la compra “carece de base legal y contraviene principios fundamentales de la gestión pública”, pues es contraria al interés público de atender las necesidades de dicho sector y no los particulares, de forma que es contraria al derecho constitucional.
El Gobierno había sustentado la propuesta en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que permite al Estado contratar directamente al INS todos los seguros que, de manera discrecional, estime como necesarios para la satisfacción de sus necesidades.
Sobre esto, el ente contralor argumentó que, para concretar la compra de un seguro, no basta con que sea emitido por el INS, sino que es necesario sea un gasto legítimo que el Estado puede asumir de acuerdo con la normativa aplicable.
Asimismo, aclaró que solo la Hacienda Pública puede beneficiarse de una prestación a partir de un seguro contratado por el Estado, pues está sujeta a los procedimientos y controles establecidos en el marco constitucional y legal.
