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El ministro de Seguridad, Gerald Campos, anunció este miércoles que su institución denunció a dos exjerarcas del gobierno de Rodrigo Chaves porque no habrían dado trámite a un informe de inteligencia que señala a 116 policías por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Se trata del exviceministro de Seguridad, Erick Lacayo, y el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo.
“Hemos revisado todo. No se ordenó ninguna investigación ni se mandó al Ministerio Público”, aseguró el ministro en relación con un documento de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el cual fue enviado el 14 de abril del 2026 a los entonces jerarcas.
El ministro agregó que el informe ahora sí fue remitido al Ministerio Público en dos sentidos. El primero busca que esa institución determine lo correspondiente ante posibles delitos señalados en el documento.
La segunda gestión se dirige contra los anteriores jerarcas que, según Campos, recibieron el informe y no lo tramitaron.
“Hemos denunciado al Ministerio Público, o pasado, este mismo informe en dos vías. Una, para que lo que sea de delito de una vez actúe el Ministerio Público y dos, contra los jerarcas que lo recibieron y no lo tramitaron”, expresó.
Campos afirmó este miércoles 5 de agosto que llamó por teléfono al exviceministro Lacayo la tarde del 4 de agosto para consultarle qué hizo con el documento que recibió el 14 de abril del 2026. Según el ministro, todavía espera una respuesta.
“Tuve una conversación por teléfono en horas de la tarde ayer con el anterior viceministro para ver qué explicaciones me daba y al día de hoy estoy esperando la respuesta. Quedamos que en dos horas me avisaba si lo había tramitado o no, y no se tramitó”, manifestó Campos.
El jerarca dio las declaraciones durante la conferencia de prensa semanal de la Presidencia de la República, en respuesta a una consulta de La Nación sobre si el informe constituía una señal de alerta por la infiltración del crimen organizado en la Policía. Además, se consultó qué acciones tomarían el Gobierno y si los 116 oficiales señalados continuaban en sus puestos.
Según Campos, se determinó que el informe llegó el 14 de abril al entonces viceministro Erick Lacayo y al entonces director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo.
Campos indicó que, tras conocer el documento, el Ministerio de Seguridad ordenó el martes abrir una investigación preliminar. Explicó que el documento constituye un informe de inteligencia y no una investigación, por lo que se requiere recopilar prueba.
“Ayer mismo nosotros ordenamos la investigación porque esto apenas es un informe de inteligencia, no es una investigación. Aquí hay que recabar prueba”, declaró.
Sobre la situación laboral de los funcionarios señalados, Campos indicó que el viceministro de Justicia ya revisa los casos individualmente para determinar en cuáles corresponde una suspensión.
¿Qué dicen los denunciados?
Al ser consultados sobre el tema, tanto Erick Lacayo como Marlon Cubillo, actuales funcionarios del Ministerio de Seguridad, pidieron que se tramitaran las consultas mediante la oficina de prensa.
Marlon Cubillo dijo que no se referiría al tema porque primero necesita conocer de qué se le acusa para poder hablar o dar una posición. Además, señaló que Campos es su superior jerárquico.
“Yo ahorita desconozco de qué me acusó el ministro, que además es jefe superior mío, para poder escalar alguna forma de hablar o darle una posición a ustedes”, afirmó.
La Nación también le preguntó directamente si dio trámite al informe cuando lo recibió. Cubillo no respondió a la consulta.
¿Qué halló el documento de inteligencia?
El documento confidencial analizó los antecedentes de 122 funcionarios destacados en las delegaciones de Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez, así como en la Dirección Regional 10, en Corredores.
El informe MSP-DM-DVURFP-DGFP-DIAC-DOEI-UAI-331-2026 señala a 116 agentes por presunta colaboración con organizaciones dedicadas al narcotráfico, la trata de migrantes y el contrabando de licor.
También, menciona casos relacionados con otros delitos, entre ellos un femicidio, tres violaciones, un caso de violencia doméstica y cinco de favorecimiento real.
El documento señala además que algunos oficiales ofrecían labores de escolta a organizaciones criminales y coordinaban aterrizajes de aeronaves en pistas clandestinas.
