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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atraviesa una paradoja: mientras sus investigaciones contra estructuras del crimen organizado han permitido concretar los golpes más relevantes de los últimos años, la institución enfrenta recortes, bloqueos presupuestarios y restricciones para ampliar su capacidad operativa.
La situación ocurre, además, en momentos en los cuales el crimen organizado “muestra su faceta más dura”, afirmó Michael Soto, director interino del OIJ, el pasado 16 de setiembre ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
La más reciente afectación presupuestaria surge de varias normas incluidas por el gobierno de Laura Fernández en el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, que condicionan el uso de recursos y la ocupación de plazas vacantes del Poder Judicial a una serie de trámites, estudios y aprobaciones.
El mecanismo podría prolongar durante meses la disponibilidad efectiva de esos recursos y deja la decisión final en manos de los diputados, sin establecer un plazo definido para resolver ni convertir los criterios técnicos en decisiones vinculantes.
De esta forma, aunque las partidas estén contempladas y autorizadas dentro del plan de gastos, su utilización quedaría sujeta a una decisión política de la Asamblea Legislativa sobre si permite o no su giro.
Golpe al OIJ en su año más exitoso
Para Soto, el panorama es “preocupante” y supone una contradicción con las prioridades de seguridad nacional del país, considerando que, a su criterio, este ha sido “el año más exitoso” del OIJ.
“Todos los cabecillas del crimen organizado de este país están detenidos por el Organismo de Investigación Judicial y por la coordinación con el Ministerio Público”, destacó.
El funcionario mencionó los casos Traición (Luis Manuel Picado y Jordie Picado, alias Shock y Noni), Riverside (Edwin López, alias Pecho de Rata) y Némesis (Alejandro Arias, alias Diablo), como los que han “marcado la historia criminal del país”.
Tanto el gobierno de Laura Fernández como el oficialismo han acusado al Poder Judicial de ser poco efectivos con los recursos asignados. No obstante, desde el 2022 se ha mantenido un crecimiento sostenido de las personas privadas de libertad y una reducción en los niveles de medidas alternativas y comunitarias, según confirmó el mismo ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.
Aguilar indicó el pasado 16 de setiembre que la población privada de libertad pasó de 13.525 personas en 2022 a 18.363 en junio de 2026, un crecimiento del 35,8%.
Para demostrar el trabajo que realiza el Poder Judicial, Soto destacó que esos datos son producto de la orden de un juez, la investigación de un policía y la acusación de un fiscal.
Posibles afectaciones identificadas por el OIJ
El impacto de las disposiciones presupuestarias también puede verse en necesidades concretas del OIJ.
La institución cuenta con 810 plazas vacantes que no podría utilizar hasta completar un trámite que delega la decisión final en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, un órgano político de la Asamblea Legislativa.
A esto se suma que el plan de gastos para 2027 no dejaría al OIJ con contenido suficiente para la adquisición y sustitución de chalecos, armas y munición. La Policía Judicial cuantifica el golpe en ¢402,2 millones.
Otra de las preocupaciones corresponde a las pericias de ciencias forenses y medicina legal. El OIJ advierte sobre el riesgo de afectación o suspensión de determinados servicios si no existe cobertura suficiente de personal.
“Muchos de nuestros médicos forenses están interinos, tenemos una escasez de médicos; aunque tenemos plazas vacantes, no tenemos médicos para nombrarlos por lo mismo que está ocurriendo en la Caja Costarricense de Seguro Social”, explicó Soto. Añadió que esa situación generaría problemas con autopsias y valoraciones relacionadas con casos de violación.
“Si nos quitan esas plazas y cuando logramos graduar algún médico, no tenemos ni dónde nombrarlo, imagínense ustedes qué grave sería”, advirtió.
Las restricciones también alcanzan otros gastos operativos. Entre ellos está el riesgo de impago de los alquileres de los complejos Torrelex y Torres, donde laboran más de 500 funcionarios.
En alimentación para personas detenidas en las celdas judiciales, el OIJ oficial identifica ¢159,6 millones con riesgo de incumplimiento contractual si no existe cobertura presupuestaria suficiente.
La institución también contabiliza posibles afectaciones transversales en tecnología, equipos, sistemas especializados, telecomunicaciones y seguridad de la información.
Una brecha frente a organizaciones cada vez más sofisticadas
Para Karen Jiménez, directora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el problema trasciende la capacidad del OIJ para atender casos individuales y alcanza directamente la seguridad nacional.
Las organizaciones criminales, explicó, cuentan con una capacidad económica, operativa y logística cada vez mayor, además de estructuras que trascienden las fronteras. Frente a ellas, la investigación requiere mucho más que responder a un homicidio o decomisar droga: implica determinar quién dirige las organizaciones, cómo se financian, cómo operan y cuáles son sus conexiones.
Eso demanda investigadores especializados, tecnología, inteligencia y recursos suficientes para sostener investigaciones prolongadas. El problema, señaló Jiménez, aparece cuando esas capacidades institucionales no crecen al mismo ritmo que las organizaciones criminales.
Las estructuras pueden modificar rápidamente sus rutas, mecanismos de comunicación y formas de financiamiento, además de diversificar sus actividades delictivas. Jiménez advierte incluso sobre un aumento en la capacidad armamentística y tecnológica de estas organizaciones.
En ese escenario, identifica como vulnerabilidades para el OIJ la disponibilidad de investigadores especializados, el acceso a tecnología actualizada y los recursos operativos necesarios para desarrollar investigaciones prolongadas y mantener presencia en los territorios donde operan las organizaciones.
La consecuencia, según la especialista, sería que el Estado termine respondiendo principalmente de manera reactiva: investigando los homicidios después de que ocurren, en lugar de identificar y desarticular oportunamente las estructuras que los generan.
A esa situación se suma, según Jiménez, la falta de una estrategia integral de prevención de la criminalidad y la violencia, lo que deja sobre las instituciones policiales una parte cada vez mayor de la respuesta frente al fenómeno.
El efecto sobre la disuasión y la impunidad
La criminóloga Tania Molina plantea otra consecuencia: las restricciones a la capacidad operativa no solo pueden afectar la cantidad o velocidad de las investigaciones, sino también la percepción que las organizaciones criminales tienen sobre las posibilidades de ser detectadas y sancionadas.
“Lo que se va a erosionar no es solamente la eficacia del sistema de justicia, se va a erosionar la disuasión también”, afirmó.
Molina explicó que las organizaciones criminales evalúan permanentemente el nivel de control existente en los territorios donde operan. Observan cuánto tarda una investigación en producir resultados, cuántos de sus integrantes son procesados y cuáles son las zonas, rutas y actividades económicas donde encuentran menor presencia estatal.
Por eso, una institución con plazas vacantes, restricciones para disponer de sus recursos y capacidades que no crecen al ritmo de la amenaza puede convertirse, según la criminóloga, en una fuente de información que las propias organizaciones criminales aprovechan.
Una de las consecuencias sería la acumulación de lo que Molina denomina “impunidad operativa”: casos que no pueden investigarse a tiempo o con la profundidad necesaria por falta de capacidad institucional.
Si una estructura logra mantenerse durante años en un territorio sin enfrentar operativos o detenciones, explicó, puede aprovechar esos espacios para expandirse, diversificar sus actividades y consolidar su presencia. Cuanto más avanza ese proceso, más difícil resulta revertirlo.
La afectación también podría alcanzar la relación entre las comunidades y el sistema de justicia. Molina advierte que, si los ciudadanos perciben que denunciar no produce resultados, que los casos no se resuelven y que los responsables continúan operando, puede disminuir su disposición a colaborar con las autoridades.
Sin testigos dispuestos a declarar y comunidades dispuestas a reportar actividades criminales, agregó, la investigación se vuelve estructuralmente más difícil.
