EscucharMarta Esquivel, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), dijo que, en caso de que el proyecto de ley para la jubilación anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sea resellado, presentarán un proyecto de ley para liquidar el fondo de pensiones del Poder Judicial.
“Sólo para la tranquilidad de los funcionarios judiciales: poder pasar el fondo de pensiones al IVM (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social) les puede implicar a cada uno de los funcionarios judiciales, que han estado sosteniendo pensiones de lujo y pensiones de privilegio, aproximadamente un 10% mensual de ahorro en su salario”, dijo Esquivel este miércoles, durante la conferencia semanal del Gobierno.
Este martes, el gobierno de Chaves vetó el proyecto de ley para la jubilación anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En el documento, de 319 páginas, Chaves asegura que veta la iniciativa legal por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad; además, adjunta dos estudios actuariales sobre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Director del OIJ: “Es más politiquería”
Randall Zúñiga, director del OIJ, dijo que la amenaza de Esquivel “es más politiquería que otra cosa”, y explicó que al fondo de pensiones del Poder Judicial ya había sufrido ajustes en el 2018, en el monto y edad de la pensión, lpara tratar de cerrar el déficit actuarial.
“Ya eso se hizo en su momento y habría que ver la constitucionalidad”, dijo el jerarca. “En realidad, yo no le veo mucha probabilidad de que eso sea posible. Es más: lo veo más político el tinte, porque lo que siempre se busca es generar algún tipo de enemigo imaginario que en este caso van a ser las pensiones del OIJ”, agregó.
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Durante la conferencia, Rodrigo Chaves señaló que, ante el colapso del sistema de pensiones, es posible que sean los propios funcionarios del OIJ quienes paguen las pensiones. “El veto fue, ya está ahí, y está más que bien justificado”, defendió.
Cuestiona financiamiento
El jerarca dijo que la Ley que pasaron los diputados no específica cómo será financiada. “No dice que se van a aumentar las contribuciones del patrono o los funcionarios, no dice que los funcionarios que no cargan pistolas van a trabajar más años para pagarle a los que salen (se jubilan) antes; no dice, y Dios guarda lo dijera, que los recursos saldrán del Presupuesto General de la República”, justificó.
Chaves no perdió la oportunidad para atacar nuevamente al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, de quien dijo no entendía de números. “Para ser administrador hay que tener una buena contabilidad. Usted (Arias), de números, no entiende de la misa ni la media, pero se hace dar como un gran estadista, cuando es un estafista”, añadió.
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El argumento para vetar este proyecto es un análisis detallado de la propuesta y se determinó que la norma tiene supuestos graves vicios de constitucionalidad, que transgreden principios fundamentales del ordenamiento jurídico costarricense.
Entre las razones están una supuesta violación al principio de igualdad ante la ley, que se lesionan los principios de razonabilidad técnica e interdicción de la arbitrariedad y una presunta violación al principio de sostenibilidad financiera.
El veto puntualizó que la iniciativa legal no delimita de forma precisa el universo de beneficiarios de la jubilación anticipada, al incluir “genéricamente” a quienes portan armas en el OIJ.
“Esto permite una interpretación extensiva que podría abarcar a una mayoría de funcionarios judiciales. Esta falta de claridad implica un riesgo de expansión del gasto provisional mucho mayor al estimado, con efectos difíciles de proyectar”, indica el documento.
