EscucharLa Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) instó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a no interferir en los procesos a cargo del Poder Judicial y respetar la separación de poderes. La organización reaccionó a raíz de las declaraciones del mandatario sobre el Caso Barrenador, relacionado con supuestos sobreprecios en contratos adjudicados por la CCSS a cooperativas para la administración de 138 Ebáis.
Chaves atacó a la Fiscalía General y mencionó públicamente el nombre y apellidos del juez encargado de analizar la solicitud de medidas cautelares contra Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como tres directivos, tres exdirectivos y la gerenta general interina.
La Federación, que agrupa a jueces de 18 países de Latinoamérica, aseveró que los señalamientos de Chaves constituyen una presión indebida sobre quienes ejercen funciones jurisdiccionales, lo cual afecta el adecuado funcionamiento del sistema judicial.
“Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando una injerencia indebida, sea del sector que fuere, en procura de obtener una determinada resolución judicial, pues ello implica una intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional”, afirma el pronunciamiento.
El miércoles 24 de setiembre, durante una conferencia de prensa en Presidencia, el mandatario mencionó el nombre del juez a cargo de evaluar eventuales medidas cautelares contra los ocho sospechosos del Caso Barrenador y dijo que confiaba en que fallara a favor de la presidenta de la CCSS,
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La federación, cuya sede se ubica en Buenos Aires, Argentina, subrayó que la injerencia de otros poderes del Estado en asuntos judiciales vulnera el principio de independencia judicial, un pilar fundamental en cualquier democracia.
Citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la FLAM también recordó que los Estados deben garantizar que los jueces puedan realizar su labor sin enfrentar intimidaciones o amenazas, preservando así su independencia.
Por otra parte, la organización exhortó a Chaves y a todas las autoridades del Poder Ejecutivo de Costa Rica a respetar la autonomía del Poder Judicial y abstenerse de realizar actos o emitir declaraciones que puedan interpretarse como una interferencia en los procesos judiciales en curso.
“Esta Federación exhorta a las autoridades del Poder Ejecutivo de Costa Rica a cumplir con los principios enunciados, respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios.
“El respeto de ellos no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno”, afirma.
Asimismo, el comunicado destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que la independencia judicial debe ser protegida tanto a nivel institucional como individual, para evitar que los jueces sufran presiones externas en el ejercicio de sus funciones.
“Los otros poderes del Estado y en general todas las autoridades, instituciones, los organismos nacionales o internacionales; así como los diferentes grupos y organizaciones económicas, políticas y sociales deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura”, indica el documento.
