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La presidenta Laura Fernández convocó el martes un proyecto de ley que permitiría a las instituciones públicas comprar pólizas que financien la eventual defensa legal de sus funcionarios, cuando sean denunciados por actos realizados en el ejercicio de su cargo.
El expediente 23.958 fue presentado por el entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado, en setiembre de 2023.
Alvarado suspendió su militancia en el PUSC, por tiempo indeterminado, a finales del marzo, luego que se le abriera un proceso en el Tribunal de Ética de la agrupación, por votar en contra de quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, en dos ocasiones.
Si bien la propuesta obtuvo un dictamen afirmativo en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, su avance se estancó tras el escándalo por las intenciones del gobierno de Rodrigo Chaves de contratar, con fondos públicos, una póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS) para proteger al presidente y sus ministros de eventuales responsabilidades penales.
Esa propuesta del Poder Ejecutivo fue calificada como ilegal por la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda, debido a la inexistencia en el ordenamiento jurídico nacional, de una norma que habilite la suscripción de un seguro como el pretendido o que una contratación de este tipo se pueda financiar con recursos del presupuesto nacional.
Señalamientos del proyecto
No obstante, el proyecto de Alvarado también fue señalado por la Contraloría debido a sus falencias. El entre fiscalizador advirtió que la propuesta contiene un “importante grado de ambigüedad e indeterminación clara para su aplicación“.
Señaló que la iniciativa no detalla el objeto específico de las pólizas, la cobertura, ni los riesgos asegurados, exclusiones y demás elementos esenciales para garantizar la correcta comprensión y aplicación de la nueva ley, en caso de ser aprobada.
Originalmente, el texto pretendía autorizar a la Administración Pública para que recurriera a abogados institucionales o contrataciones externas para la defensa legal de funcionarios que sean denunciados penalmente por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
No obstante, a instancias de la entonces ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández, actual presidenta de la República, se incluyó en el texto un artículo que ordena a la administración pública contar con pólizas colectivas que permitan asumir la eventual defensa legal, cuando se cumplan las condiciones establecidas para que dicha asistencia jurídica opere.
Criterios para activar la defensa con fondos públicos
El texto habilita a las instituciones públicas a recurrir a los abogados institucionales o contrataciones externas, para habilitar en la vía penal, la defensa legal de las personas funcionarias, cuando se cumplan al menos cuatro requisitos.
Uno de los requerimientos es que se valore que el funcionario actuó en el marco de sus funciones y que la institución no haya presentado la denuncia en su contra o exista un conflicto de interés.
Otro de los criterios es que exista una justificación de que asumir la defensa podría evitar perjuicios económicos o un mayor daño institucional, así como verificar que cuenta con viabilidad técnica y financiera para hacerlo.
El texto también establece que la institución debe garantizar el resarcimiento de los gastos cuando el funcionario defendido penalmente, con fondos públicos, resulte con una condena en firme o que se acoja a una medida alterna en cualquiera de las instancias judiciales.
“Estos mecanismos podrán incluir garantías, pagos fraccionados, caución o cualquier otro instrumento legal que asegure el cumplimiento de esta obligación”, señala el proyecto de ley.
Finalmente, fija como requisitos la existencia de viabilidad técnica y financiera, para poder asumir la defensa, aunque el texto deja en libertad a la Administración de fijar cualquier otro criterio que estime conveniente.
