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La presidenta de la República, Laura Fernández, allanó el camino para imponer una sanción al alcalde de San José, Diego Miranda, tras rechazar una recusación planteada por el jerarca contra 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes que integran el Concejo Municipal.
Diego Miranda Méndez paralizó una investigación disciplinaria en su contra por presuntamente haber usado dos abogados municipales en un caso personal al recusar a esos regidores.
Ante la imposibilidad de hacer cuórum para conocer el caso, Fernández debía conocer la gestión de Miranda.
La norma invocada, el artículo 234.2 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), establece que cuando la recusación afecte a la totalidad de los miembros de un cuerpo colegiado y no existe superior jerárquico, como ocurre en la estructura municipal, la resolución recae en la Presidencia de la República.
La presidenta rechazó la pretensión del jerarca municipal y argumentó que los hechos de la sanción disciplinaria anterior no se relacionan con el proceso actual. Por ello, la resolución determinó que no existe motivo para separar al Concejo, que mantiene su competencia para resolver el caso.
Uno de los argumentos brindados por Miranda es que los regidores habían aprobado una sanción en su contra en otro caso, por lo que cuestionó la imparcialidad.
El papel de Fernández era limitado y casi excepcional. Solo podía determinar si existía o no una causa legal de abstención contra los regidores.
No estaba autorizada a entrar en el fondo del caso ni a pronunciarse sobre la conducta del alcalde, según precisó la Procuraduría General de la República en el dictamen N.° PGR-C-271-2024, del 26 de noviembre del 2024.
La investigación
El proceso contra Miranda se inició a raíz de un informe de la Procuraduría de la Ética Pública, que recomendó investigarlo por un aparente delito de peculado de servicios. En específico, le achacó haber usado dos abogados municipales en una defensa personal. Aunque la Fiscalía pidió desestimar el caso, el asunto sigue en la vía administrativa.
El documento (N.° PEP-INF-25-2024), fechado en noviembre de 2024, quedó sin conocerse en el Concejo Municipal durante 14 meses en el despacho de la presidenta municipal, Mariana Zúñiga Pérez, quien atribuyó el retraso a un “error material”. Adujo que el correo electrónico se le “traspapeló”.
A raíz de esa situación, el Concejo abrió el procedimiento disciplinario hasta el 10 de febrero pasado y nombró un órgano director para instruirlo. Sin embargo, este se paralizó el 18 de marzo, cuando Miranda recusó primero a los cuatro integrantes y luego al pleno del Concejo, el 23 de ese mes.
Se siguió también un procedimiento administrativo contra Zúñiga, pero fue desestimado por una mayoría en el Concejo.
Los choques entre Fernández y Miranda han elevado el tono en las últimas semanas.
El alcalde de San José reclamó a la presidenta por no incluirlo en una estrategia para atender a las personas en condición de calle en la capital, denunció supuestas maniobras del Gobierno contra el Festival de la Luz y, finalmente, ambos intercambiaron señalamientos el pasado 15 de setiembre, durante las celebraciones patrias en el Parque Nacional.
