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La presidenta electa, Laura Fernández, precisó cuáles serán las acciones más urgentes en temas de seguridad que promoverá desde la Asamblea Legislativa con los 31 diputados de su partido político.
Con este número de curules, que supera la mitad más uno del total de diputados (29), el oficialismo dispondrá de los votos necesarios para aprobar leyes ordinarias y marcar el ritmo de gran parte de la agenda en la Asamblea.
A partir del ocho de mayo, Fernández aseguró en entrevista con Repretel que llevará adelante una reforma al Código Procesal Penal y el Código Procesal Juvenil. La intención es endurecer las penas de prisión en ambos casos.
Por el momento, la presidenta electa no brindó mayores detalles sobre las variaciones y su plan de gobierno tampoco las detalla.
Fernández explicó durante la entrevista que, adicionalmente, revisará las normas que regulan las ejecuciones condicionales de la pena. Hasta el momento, en el artículo 59 del Código Penal se establece que, al dictar sentencia, un juez tiene la facultad de aplicar la condena de ejecución condicional cuando la pena no exceda de tres años y consista en prisión o extrañamiento.
Además, la presidenta electa se comprometió a impulsar una nueva Ley de Gestión del Sistema Penitenciario Nacional, que afirma, al día de hoy “le da más privilegios a los privados de libertad que a las víctimas y las familias de la víctimas”.
Este reglamento regula, entre otros aspectos, el funcionamiento del sistema penitenciario nacional y la ejecución de las medidas privativas de libertad dictadas por las autoridades jurisdiccionales competentes.
Agregó, que se deben retomar proyectos que obliguen a los privados de libertad a trabajar dentro de los centros penitenciarios y revisar el año carcelario.
Polémicas rodean este último concepto, pues en ocasiones, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, ha mencionado que el año carcelario es de nueve meses en Costa Rica.
No obstante, el Poder Judicial ha aclarado que el año carcelario es de 12 meses, aunque la ley avala reducciones de la pena en algunos escenarios, por ejemplo, a través del artículo 55 del Código Penal, que permite descontar días de una condena a un privado de libertad que lleve a cabo trabajos autorizados por el Instituto Nacional de Criminología dentro del centro penitenciario.
Por el momento, se desconocen los detalles de las variaciones que respaldaría.
Otra acción que convocaría desde la Asamblea es una iniciativa para detener la legitimación de capitales y el lavado de dinero. De esta forma, explicó que cerraría la llave del financiamiento al crimen organizado. Tampoco se conocen, por ahora, los pormenores de esta iniciativa.
