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La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que no recibirá en audiencia al alcalde de San José, Diego Miranda, porque debe decidir en un proceso sancionatorio contra el jerarca capitalino.
Así lo explicó la mandataria, en momentos en que el jerarca municipal reclama por no ser tomado en cuenta en la estrategia para atender el problema de los habitantes de calle.
“Yo creo que hay alguna presión que podría ser hasta inapropiada de este señor alcalde (Miranda), porque en este momento en mi despacho hay una revisión de un tema donde hay un conflicto de competencias, donde yo debo resolver si el Concejo Municipal puede aplicarle o no una sanción”, dijo Fernández en una entrevista en el programa Por Tres Razones de radio Columbia.
Diego Miranda Méndez paralizó una investigación disciplinaria en su contra, por presuntamente haber usado dos abogados municipales en un caso personal, al recusar a 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes que integran el Concejo Municipal.
Ahora, ante la imposibilidad de hacer cuórum para conocer el caso, quien ejerza la Presidencia de la República deberá intervenir.
Ante la estrategia empleada por Miranda, la cúpula capitalina se vio en la obligación de invocar un artículo de muy poco uso: el 234.2 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP).
Esa norma establece que, cuando la recusación afecte a la totalidad de los miembros de un cuerpo colegiado y no existe superior jerárquico, como ocurre en la estructura municipal, la resolución recae en el presidente de la República.
Eso sí, el papel que jugará Fernández es limitado y es casi excepcional. A diferencia de lo dicho por Fernández, ella no puede decidir si el Concejo puede sancionarlo o no. Solo podrá determinar si existe o no una causal legal de abstención contra los regidores.
No puede entrar al fondo del caso ni pronunciarse sobre la conducta del alcalde, según precisó la Procuraduría General de la República en el dictamen N.° PGR-C-271-2024, del 26 de noviembre del 2024.
Si acoge la recusación presentada por Miranda, deberá designar un órgano aparte que sustituya temporalmente al Concejo, el cual quedará habilitado solo para resolver ese asunto y no podrá extender su mandato a otras materias municipales.
Si la rechaza, el Concejo retoma el procedimiento disciplinario hasta su resolución final. La mandataria no tiene un plazo máximo para pronunciarse al respecto.
Fernández explicó que Miranda sí ha sido recibido por el gobierno, pero el encargado de atenderlo ha sido el vicepresidente primero Francisco Gamboa, para coordinar temas municipales.
14 meses de retraso
El proceso contra Miranda se inició a raíz de un informe de la Procuraduría de la Ética Pública, que recomendó investigarlo por un aparente delito de peculado de servicios. En específico, le achacó haber usado dos abogados municipales en una defensa personal. Aunque la Fiscalía pidió desestimar el caso, el asunto sigue en la vía administrativa.
El documento (N.° PEP-INF-25-2024), fechado en noviembre del 2024, quedó sin conocerse en el Concejo Municipal durante 14 meses en el despacho de la presidenta municipal, Mariana Zúñiga Pérez, quien atribuyó el retraso a un “error material”. Adujo que el correo electrónico se le “traspapeló”.
A raíz de esa situación, el Concejo abrió el procedimiento disciplinario hasta el 10 de febrero pasado y nombró un órgano director para instruirlo. Sin embargo, este se paralizó el 18 de marzo, cuando Miranda recusó primero a los cuatro integrantes y, luego, al pleno de Concejo, el 23 de ese mes.
Se siguió un procedimiento administrativo contra Zúñiga, pero fue desestimado por una mayoría en el Concejo.
Festival de la Luz
Las palabras de Fernández surgen luego de que Miranda denunciara, este viernes, que supuestamente seis instituciones públicas retiraron su participación del Festival de la Luz, pese a haberla confirmado anteriormente.
Miranda arguye motivos políticos por sus discrepancias con el gobierno: “Como dice la rana René: ‘No tengo pruebas, pero tampoco dudas’ de que las decisiones de esas instituciones tengan más que ver con razones políticas que con razones técnicas”.
El alcalde agregó: “He tenido conversaciones con altas autoridades del gobierno de que efectivamente la decisión se da por razones políticas y no técnicas, sobre todo por discrepancias que yo públicamente he presentado al Gobierno Central y este las ha visto de mala forma”.
