La presidenta Laura Fernández defendió la aplicación de medidas más estrictas en las prisiones como parte de la lucha contra el crimen organizado y cuestionó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se preocupan por las condiciones de los privados de libertad.
Sus declaraciones se dieron durante una visita oficial a El Salvador, donde recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y se reunió con el mandatario Nayib Bukele.
La jerarca consideró que las organizaciones defensoras de los derechos de los reclusos deberían prestar mayor atención a las víctimas de la delincuencia, especialmente a las madres, viudas, huérfanos y familias afectadas por la violencia.
Fernández afirmó que durante su recorrido por el Cecot observó las condiciones de orden, disciplina y limpieza, así como las audiencias judiciales virtuales, los consultorios médicos y las actividades físicas para los reclusos.
La presidenta también defendió el modelo penitenciario salvadoreño por su enfoque hacia las víctimas de la criminalidad. Según explicó, su visita permitió conocer las medidas que podrían adaptarse a Costa Rica para fortalecer el control de las prisiones.

Fernández busca replicar medidas del modelo salvadoreño
Durante el encuentro con el presidente Nayib Bukele, la mandataria costarricense destacó la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), la nueva infraestructura penitenciaria del país que recibió asistencia técnica de El Salvador.
Fernández aseguró que el objetivo de esta cárcel es impedir que los líderes criminales continúen dirigiendo sus organizaciones desde prisión.
Según la gobernante, en Costa Rica ,algunos privados de libertad mantienen vínculos con bandas delictivas y desde los centros penitenciarios se coordinan asesinatos y operaciones relacionadas con el narcotráfico.
La presidenta sostuvo que el Estado debe recuperar el control de las cárceles para evitar que estos establecimientos funcionen como centros de operaciones criminales.
Asimismo, afirmó que las nuevas políticas penitenciarias no significan abandonar los derechos humanos. Señaló que el Gobierno debe proteger tanto las garantías de los privados de libertad como la seguridad de las familias costarricenses.
“No se trata de renunciar a los derechos humanos que nuestro país históricamente ha defendido y lo seguiremos haciendo. Se trata de proteger también, con una pasión y un compromiso aún mayor, el derecho de las familias honestas a vivir sin miedo, de nuestros niños a crecer en paz y de nuestras comunidades a recuperar sus calles”, indicó.

Bukele advierte sobre obstáculos para combatir la criminalidad
Por su parte, el presidente salvadoreño consideró que Costa Rica todavía está a tiempo de evitar una escalada de violencia como la que enfrentó El Salvador antes de implementar su “estrategia” contra las pandillas.
Bukele señaló que el país presenta niveles de criminalidad inferiores a los que se llegaron a registrar en el territorio salvadoreño. Sin embargo, identificó la oposición a reformas legales y las dificultades de coordinación entre los poderes del Estado como obstáculos para enfrentar a las organizaciones delictivas.
El mandatario defendió la necesidad de perseguir a las estructuras criminales como organizaciones, además de sancionar los delitos cometidos individualmente por sus integrantes.
También hizo hincapié en la importancia de fortalecer la inteligencia policial, los recursos financieros y las operaciones contra el narcotráfico.
Ministros firman acuerdo de seguridad
La visita oficial también incluyó la firma de un acuerdo de cooperación entre Costa Rica y El Salvador para fortalecer el combate al crimen organizado transnacional.
El documento fue suscrito por Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica; Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz; y Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador.
La firma se realizó en presencia de Fernández y Bukele. El convenio pretende reforzar la colaboración entre las autoridades de ambos países frente a las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.
