Escuchar
Un giro de última hora en la Asamblea Legislativa de Costa Rica frenó el proyecto de ley que pretendía trasladar a las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el aporte obligatorio que los patronos realizan al Banco Popular, equivalente al 0,25% del costo total de las planillas.
En un lapso de 24 horas, la mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Sociales cambió de posición sobre la iniciativa. El expediente había sido aprobado el martes con el respaldo de cuatro legisladores; sin embargo, tres de ellos revirtieron su voto este miércoles: la oficialista Ada Acuña y las diputadas Kattia Rivera y Rosaura Méndez, ambas del Partido Liberación Nacional (PLN).
El cambio de postura se produjo por una moción presentada por Rivera para someter nuevamente el proyecto a votación, lo que finalmente provocó que la propuesta quedara rechazada con cinco votos en contra.
Solo la liberacionista Andrea Álvarez mantuvo su respaldo a la iniciativa, a la que también se sumó el diputado independiente Leslye Bojorges, quien no estuvo presente el día antes.
Proponente alega presiones
Alejandro Pacheco, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lamentó “que un grupo de diputados encabezado por Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional, presenten una revisión y se traigan abajo el proyecto para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, las pensiones de los adultos mayores”.
Consultado si veía razonable un cambio de criterio tan drástico en tan poco tiempo, Pacheco apuntó a una posible presión externa sobre los legisladores. “Probablemente empresas hicieron lobby (cabildeo), llamaron a doña Kattia Rivera para que ella presentara esa moción y revocar el proyecto”.
Ante la repregunta de si consideraba que esas presiones provenían del Banco Popular, el socialcristiano respondió que “totalmente”, al señalar que personeros o funcionarios de la entidad habrían contactado a la diputada para promover la revisión del expediente.
El Banco Popular dijo a La Nación que rechazaba “respetuosamente” cualquier insinuación sobre eventuales gestiones de presión hacia diputadas o diputados. “La Administración mantiene una posición clara y firme, desde su marco de gobernanza y buen gobierno corporativo, de no intervenir en decisiones de carácter político ni en los procesos deliberativos propios de la Asamblea Legislativa”, agregó.
La entidad financiera dijo que se limita “a atender consultas formales que puedan realizar las instancias legislativas, aportando información y criterios técnicos cuando así se solicita, con transparencia, responsabilidad institucional y respeto al debate democrático”.
Rivera también descartó que hayan existido acercamientos específicos del Popular para influir en su decisión y normalizó cualquier conversación con la entidad financiera, así como otros actores externos, por los temas que analiza el Congreso.
“Es algo para mí normal, en el hecho de que con la Asamblea de Trabajadores del banco nosotros hemos, constantemente, hacemos revisión de temas, para mí eso no es tanto el riesgo (...)”, externó.
Ante la repregunta de si recibió alguna llamada el día de ayer, posterior a la votación, de algún representante del Banco Popular, reiteró que no, pero que para ella es “constante”. “Estamos viendo temas del ROP, yo no recibo una llamada en función específica de lo que está sucediendo con este proyecto, es más, para mí es un tema de fondo y así lo expliqué”, argumentó.
La Nación también solicitó una posición de las diputadas Ada Acuña y Rosaura Méndez, pero no se obtuvo respuesta, por medio de sus encargados de prensa.
Rivera justifica moción
Sobre las razones que la motivaron a dar marcha atrás, Rivera dio la siguiente explicación: “El día de ayer vimos muchos proyectos que estaban ya con carácter de vencimiento, o sea, no hubo discusión, estaban atrasados y se habían presentado tiempo atrás. Revisando posterior a la comisión, me di cuenta de que este había pasado, y sí yo tenía mis dudas respecto al riesgo al que se someten los fondos del Banco Popular”.
Aseguró haber presentado la revisión para explicar su punto de vista, pero que con la conformación del cuórum de este miércoles el resultado fue el cambio en la decisión sobre el futuro de la iniciativa.
Actualmente, los patronos pagan al Banco Popular un 0,5% sobre el monto de la planilla. De este aporte, un 0,25% se queda en la entidad financiera y el otro 0,25% se redirige a las cuentas del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) luego de 18 meses.
El proyecto 24.727 pretendía que el primer 0,25% pasara al IVM al momento de su recaudación.
Esta no es la primera propuesta con este fin que no logra avanzar en la corriente legislativa. El expediente presentado por Pacheco es idéntica a la que propusieron los exdiputados socialcristianos Pedro Muñoz Fonseca y María Inés Solís Quirós, en el periodo 2018-2022.
Si bien la iniciativa logró un dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, fue archivada en setiembre del 2023, al vencerse el plazo de cuatro años de vida que tiene todo proyecto legislativo.
La idea original se fundamenta en una recomendación de la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la Sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la CCSS del año 2017.
La presidenta electa, Laura Fernández, también promovió trasladar el mismo porcentaje del 0,25% a la CCSS, pero con el objetivo de financiar más pensiones del Régimen No Contributivo (RNC). Así consta en la página número 58 del plan de gobierno presentado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
