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La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, aseguró este domingo que el precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, trató de disuadirla de renunciar a la agrupación.
La jerarca municipal anunció el pasado 23 de mayo su salida de las tiendas rojiazules y brindó su adhesión al presidente Rodrigo Chaves.
“Incluso intentó comunicarse conmigo recientemente para evitar mi renuncia, a lo que me negué de forma clara y firme. Mi decisión es definitiva y responde a un profundo sentido de responsabilidad y coherencia”, expresó Jiménez en una comunicación enviada a Grupo Extra.
Ante consulta de La Nación, Hidalgo indicó que no se iba a referir a los comentarios de la alcaldesa.
Jiménez emitió la declaración como respuesta a las manifestaciones hechas por Hidalgo a los medios de comunicación, de que la salida de la alcaldesa del PUSC estaría, en parte, motivada por la denuncia que él presentó en enero al Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del PUSC contra la funcionaria y el diputado socialcristiano Leslye Bojorges, por estar ambos involucrados en el Caso Richter.
“Los motivos reales detrás de esa decisión, meramente política, ya han quedado claros: un entendimiento con el Gobierno. Además de eso, la alcaldesa había expresado su molestia y disconformidad con la solicitud que en enero le hice al Tribunal de Ética y Disciplina del Partido de investigar a profundidad y tomar las medidas que correspondieren en el caso en el que ella está involucrada, con el único fin de despejar dudas“, expresó Hidalgo a Noticias Monumental.
La alcaldesa alegó que Hidalgo la visitó en San Ramón y “con lágrimas en los ojos”, le expresó que no deseaba impulsar ninguna denuncia en su contra, “pero que estaba siendo presionado por personas allegadas e incluso financiadores de su campaña”.
“En esa conversación, me aseguró que confiaba plenamente en mi integridad y honestidad, y que no tenía ninguna duda sobre mi actuar. Hoy resulta lamentable y bajo que pretenda tergiversar la verdad para construir un relato político conveniente”, afirmó Jiménez a Extra.
Édgar Garita, presidente del TED, confirmó a La Nación que la denuncia se encontraba en proceso de investigación, al momento en que Jiménez se separó del partido.
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Alcadesa señala falta de congruencia en el PUSC
La jerarca municipal argumentó que su salida del PUSC no obedece a ninguna acción reciente ni es una respuesta impulsiva.
“Si ese hubiera sido el motivo, habría renunciado desde enero, cuando ocurrieron esos hechos. Mi salida es el resultado de un proceso profundo de reflexión y decepción ante la falta de congruencia interna del partido, la pérdida de principios esenciales como la lealtad, el trabajo en equipo, la transparencia y la unidad”, mencionó.
El 21 de enero, la Fiscalía General confirmó que Leslye Bojorges y Jiménez figuran en una investigación, denominada Caso Richter, por el recibimiento de aparentes dádivas de parte de un empresario autobusero, quien fue detenido en el marco del caso judicial conocido como Madre Patria, en julio del 2024.
A Bojorges y Jiménez también se les indaga por supuesto tráfico de influencias.
Por una bolsa de monedas
Jiménez reconoció haber recibido una bolsa con monedas por un monto menor a los ¢100.000. Igualmente, responsabilizó al diputado Bojorges de ponerla en esa situación.
“Leslye me embarcó, pero no tengo nada de qué avergonzarme. Durante la campaña del 2024, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un amigo suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto. Ciertamente, no voy a ocultar que, por la intermediación de Leslye, me dieron una bolsa con monedas con menos de ¢100.000”, declaró la alcaldesa, el pasado mes de enero, en un comunicado.
Según la investigación judicial, Leslye Bojorges le solicitó al autobusero Jonathan Herrera González, detenido por el Caso Madre Patria, un aporte para Jiménez, cuando ella estaba en campaña para alcanzar la alcaldía ramonense.
En el Caso Madre Patria, se investiga a un grupo sospechoso de cometer fraudes para apropiarse de terrenos y de lavar el dinero, producto de la venta de los bienes, comprando vehículos de alta gama, invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
El Caso Richter se derivó de las escuchas telefónicas que las autoridades judiciales ejecutaron en el marco del expediente Madre Patria.
