La Fiscalía General de la República confirmó este jueves por la mañana que abrió una causa por el presunto delito de prevaricato en perjuicio de los deberes de la función pública, contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, en relación con el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2027.
La causa se tramita con el consecutivo penal 26-000115-0033-PE, dentro y, dentro de los trámites ordinarios, se solicitó una copia certificada del proyecto de ley, según consta en una nota con fecha del lunes 16 de noviembre, recibida en el Congreso este miércoles 18.
Consultada por la prensa, en el lobby del plenario legislativo, Jiménez confirmó que ella ya ordenó entregarle a la Fiscalía la copia solicitada del Presupuesto Nacional 2027.
Por tratarse de una investigación relacionada con una diputación, es decir, un miembro de un poder supremo, la investigación la tiene que dirigir personalmente el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.
La jerarca del Congreso aseguró que ella nunca va a hacer algo contrario a la legislación vigente. “Todas y cada una de las resoluciones que he emitido las he hecho basadas en un análisis jurisprudencial, en una relación normativa, de legalidad. Así que, honestamente, creo que eso no va a proceder. Yo voy a poner siempre la cara, firme, ante cualquier cuestionamiento”, agregó Yara Jiménez.
La única resolución de Jiménez de la que se tiene constancia, en relación con la tramitación del Presupuesto Nacional, es la dictada el jueves 5 de noviembre, cuando rechazó que la aprobación de ese expediente requiera 38 votos para su aprobación en segundo debate, como lo consideran los partidos de la oposición y la Corte Suprema de Justicia.
Ese día, apoyada por su fracción, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), la presidenta legislativa emitió una resolución en la que aseguró que nunca hubo ninguna consulta oficial de parte de algún órgano de la Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia como para considerar que esta haya advertido la necesidad de una votación calificada de dos terceras partes del total de miembros del plenario, tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución Política.
Ese numeral establece que cuando los diputados discutan y sometan a votación proyectos de ley que se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, la Asamblea debe consultar obligatoriamente a la Corte y, para apartarse de su criterio, aprobar el proyecto con 38 votos.
La resolución de Yara Jiménez surgió en la recta final de la discusión de fondo en el trámite del primer debate del Presupuesto Nacional 2027, cuando la subjefa del Frente Amplio (FA), María Eugenia Román, le hizo varios cuestionamientos a la presidenta del Congreso.
“Viera que la bola de cristal que yo tengo ahí, en la oficina, muy linda, viera qué bonita, no me ha dicho qué será lo que me están señalando. No podría yo adivinar sobre qué me están achacando ese prevaricato”, alegó Jiménez.
También dijo que no tiene temor de enfrentar lo que le cuestionen. “Todo lo que hago lo hago con total conciencia”, añadió.